Tribunal panameño concede 12 meses adicionales para ampliar investigación del atentado de Alas Chiricanas

El atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, considerado uno de los actos terroristas más graves ocurridos en Panamá, continuará bajo investigación al menos durante un año más.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial decidió elevar el expediente a la categoría de causa compleja y concedió a la Fiscalía Superior de la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana un plazo adicional de 12 meses para concluir las investigaciones.

La decisión fue adoptada mediante el auto de primera instancia n.º 12-26 del 2 de junio de 2026 y responde a la complejidad del caso, que involucra a tres ciudadanos extranjeros señalados por los delitos de homicidio doloso y contra la seguridad colectiva, en la modalidad de delito contra los medios de transporte y comunicación.

Los hechos investigados se remontan al 19 de julio de 1994, cuando una explosión destruyó en pleno vuelo la aeronave HP-1202 de Alas Chiricanas poco después de despegar desde el aeropuerto France Field, en la provincia de Colón.

La tragedia provocó la muerte de las 21 personas que viajaban a bordo: 18 pasajeros y tres tripulantes. Entre las víctimas se encontraban ciudadanos panameños, estadounidenses y varios comerciantes de origen judío que se trasladaban desde la Zona Libre de Colón hacia la ciudad de Panamá.

La investigación determinó que el explosivo fue introducido en el avión oculto dentro de un radio portátil. El artefacto detonó pocos minutos después del despegue, provocando la desintegración de la aeronave y su caída en una zona selvática de Cerro San Rita.

Durante décadas el caso permaneció sin avances significativos. Sin embargo, en 2017 la Fiscalía Superior de Descarga de Homicidio reabrió las investigaciones tras recibir nueva información suministrada por el Estado de Israel, lo que permitió desarrollar nuevas líneas investigativas y reconstruir parte de los hechos ocurridos hace más de tres décadas.

A partir de esas diligencias, las autoridades panameñas, con apoyo de organismos internacionales y agencias de seguridad extranjeras, identificaron a varios sospechosos que presuntamente habrían participado en la planificación y ejecución del atentado.

Uno de los avances más importantes se produjo este año con la captura y posterior traslado a Panamá de Ali Zaki Hage Jalil, considerado por las autoridades como uno de los principales sospechosos del caso.

Inicialmente Panamá había solicitado a Venezuela la extradición del requerido, quien posee vínculos con ese país. Tras varias gestiones diplomáticas y judiciales, el sospechoso fue finalmente entregado a las autoridades panameñas y actualmente se encuentra en territorio nacional enfrentando el proceso correspondiente.

La llegada de Hage Jalil a Panamá representó uno de los mayores avances de la investigación desde que ocurrió el atentado y abrió una nueva etapa en el expediente judicial.

Las pesquisas desarrolladas por la fiscalía apuntan a una posible relación entre el atentado contra el vuelo 901 y estructuras vinculadas al grupo Hezbollah. La Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos concluyó que esa organización fue responsable del ataque ocurrido en Panamá.

Las investigaciones también han explorado una posible conexión con el atentado perpetrado un día antes contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que dejó 85 fallecidos y cientos de heridos.

Precisamente la dimensión internacional del caso fue uno de los elementos tomados en consideración por el tribunal para autorizar que el expediente continúe bajo la figura de causa compleja, una herramienta contemplada en la Ley 121 de 2013 para investigaciones relacionadas con delincuencia organizada y hechos de alta dificultad probatoria.

Además de conceder el plazo adicional solicitado por el Ministerio Público, el tribunal rechazó una petición de la fiscalía para mantener el sumario bajo reserva.

La resolución señala que esa facultad corresponde directamente al Ministerio Público y puede ser aplicada de forma discrecional por los fiscales cuando lo consideren necesario, sin que requiera una autorización previa del tribunal.

El nuevo plazo de 12 meses permitirá a los investigadores completar diligencias pendientes, analizar documentación obtenida dentro y fuera de Panamá, practicar nuevas pruebas y avanzar en la determinación de responsabilidades de los implicados.

El expediente ha requerido la participación de múltiples instituciones a lo largo de los años, entre ellas el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como organismos internacionales que han colaborado en el intercambio de información.

Incluso recientemente se realizaron inspecciones en Cerro San Rita, lugar donde cayeron los restos de la aeronave, con el propósito de reconstruir aspectos del atentado y ubicar nuevos elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

Para los familiares de las víctimas, agrupados en el Comité Conciencia Viva, los avances registrados durante los últimos meses representan una oportunidad inédita para acercarse a la verdad después de más de 31 años de espera.

Aunque la investigación aún no ha concluido, la decisión del tribunal garantiza que la fiscalía dispondrá de más tiempo para profundizar en uno de los casos criminales más complejos y emblemáticos de la historia reciente de Panamá, un expediente que continúa abierto en la búsqueda de justicia para las 21 personas que perdieron la vida aquella mañana de julio de 1994.