
Cuando se cumplen cuatro semanas de bloqueos en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz posesionó a un nuevo ministro de Defensa: Ernesto Justiniano, quien hasta ayer era viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas.
Nacido en 1969 en Santa Cruz de la Sierra, el nuevo ministro es ingeniero, empresario y político. Se formó en ingeniería electromecánica en la Universidad de Belgrano (Buenos Aires) y cursó una maestría en administración de empresas de la Universidad Privada de Santa Cruz.
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Justiniano no es un novato en política: fue viceministro de Defensa Social en 2002, diputado nacional entre 2006 y 2010 y dos veces candidato a alcalde de Santa Cruz de la Sierra. En la gestión actual fue uno de los estrategas de la captura del presunto narcotraficante Sebastián Marset.
A mediados de mayo, el entonces viceministro Justiniano estuvo en Estados Unidos, donde sostuvo reuniones con la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) que retomará funciones en Bolivia, según anunció entonces a través de un video grabado en la Casa Blanca.
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Como zar antidrogas, Justiniano fue el encargado de gestionar apoyo técnico y logístico de agencias estadounidenses para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado desde el inicio de la gestión de Rodrigo Paz.
Justiniano reemplaza en el cargo a Marcelo Salinas, que desde noviembre de 2025 estaba al frente de una de las carteras estratégicas del Gobierno, de la que dependen las Fuerzas Armadas y otras instancias vinculadas a la seguridad y defensa del Estado.
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Según difundieron los medios bolivianos, la renuncia de Salinas se produjo junto a la de la exministra de Educación, Beatriz García, durante una reunión de gabinete. Las dos dimisiones se suman a la del exministro de Trabajo, Édgar Morales, el 21 de mayo.
Las renuncias de Salinas y García, de las cuales no se han difundido los motivos, se dieron en medio de una ola de conflictos sociales en Bolivia que piden la renuncia del presidente Paz.
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Este miércoles se cumplen cuatro semanas de bloqueos que tienen paralizada gran parte del país. Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) hasta ayer se reportaban cerca de 90 piquetes en siete de nueve departamentos; y aunque en algunos hay demandas específicas, en la mayoría se reclama la renuncia del primer mandatario a menos de siete meses de haber asumido el Gobierno.
Los movilizados cuestionan contradicciones entre las promesas electorales y las primeras políticas de gestión, la gestión de la crisis económica y el abastecimiento de combustible; además de reclamos por la falta de inclusión de organizaciones sociales en la toma de decisiones, entre otras razones.
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Mientras la administración de Paz aboga por una salida pacífica al conflicto a través del diálogo —que hasta ahora ha dado cero resultados—, el parlamento abrogó una ley que ponía límites a la implementación del estado de excepción.
A medida que se agrava el conflicto con la masificación de piquetes y el desabastecimiento de alimentos y productos básicos en algunas ciudades como La Paz y El Alto, se incrementan los pedidos de uso de la fuerza pública para el restablecimiento del orden en el país.
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Para algunos analistas, la renuncia de dos ministros durante una reunión de coordinación entre el presidente y su gabinete sugiere la posibilidad de que en los próximos días se implementen medidas para intervenir los bloqueos. “El tiempo se acaba”, advirtió el presidente Paz hace seis días.
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