Una niña desapareció en el sur de Francia y días después fue hallada muerta: el principal sospechoso tenía denuncias previas por abuso infantil

La muerte de una niña de 11 años en Francia expuso fallas profundas en el sistema judicial del país. Lyhanna desapareció el 29 de mayo en la región de Gers, en el suroeste, y días después la policía encontró su cuerpo en un silo de grano abandonado tras una búsqueda que movilizó a fuerzas de seguridad y voluntarios. El caso desató una reacción política y social centrada en la respuesta de la justicia ante denuncias previas sobre el principal sospechoso.

Lyhanna fue vista por última vez cerca de la escuela local. Cámaras de vigilancia registraron que subió al auto de un hombre identificado como Jérome B., de 41 años, padre de una amiga de la víctima, quien aseguró que la dejó cerca de la piscina municipal. La investigación reconstruyó el trayecto y reunió elementos que condujeron al hallazgo del cuerpo de la menor seis días después.

Las autoridades confirmaron la identidad de Lyhanna mediante pruebas de ADN. La autopsia todavía busca determinar la causa exacta de la muerte.

El caso expuso un patrón que las autoridades y dirigentes políticos describieron como grave: Jérome B. había acumulado denuncias por abuso y violación de menores en los últimos años, incluidas acusaciones formales en 2017, 2020 y 2025, además de quejas por conductas inapropiadas que derivaron en su despido de un puesto en una escuela secundaria. Dos de estas causas se cerraron por falta de pruebas y una tercera permaneció estancada por demoras en la investigación.

El expediente más reciente antes de la desaparición de Lyhanna surgió por la denuncia de la madre de otra niña, Rosa, quien sostuvo que su hija fue violada varias veces entre septiembre de 2024 y mayo de 2025. Según el relato, exámenes médicos respaldaron el testimonio de la menor, pero la policía no interrogó a Jérome B. durante nueve meses, periodo en el que el expediente pasó de una jurisdicción a otra sin medidas efectivas para apartarlo del contacto con menores.

Ante esto, el presidente Emmanuel Macron se pronunció sobre el caso, reconoció fallas graves en la respuesta de la justicia y afirmó que no se puede mirar a la familia de la víctima sin admitir que el sistema no funcionó como debía.

“Está claro que hay una disfunción y no podemos ignorar que se han puesto de manifiesto fallos. Ahora hay que aclararlos”, dijo.

A su vez, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, calificó de inaceptable la demora en la reacción judicial y ordenó una investigación interna para establecer por qué no se actuó a tiempo, cómo se gestionaron los expedientes y por qué la información se mantuvo en papel en lugar de digitalizarse, lo que habría facilitado la coordinación entre jurisdicciones.

El alcalde de Fleurance, Grégory Bobbato, expresó su indignación y planteó si las autoridades escuchaban a los niños y actuaban ante señales de peligro. Señaló que la acumulación de denuncias y la falta de respuestas evidenciaban un problema estructural en la forma de investigar y proteger a los menores.

El caso de Lyhanna quedó en el centro del debate político. Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional, sostuvo que la tragedia podría haberse evitado si las alarmas hubieran sido atendidas.

Desde la izquierda, Marine Tondelier cuestionó la incapacidad del sistema para abordar las violencias sexuales y sexistas.

En paralelo, organizaciones como la comisión independiente CIIVISE informaron que casi tres de cada cuatro denuncias por abuso sexual contra menores en Francia se archivan sin llegar a una condena y que solo un porcentaje reducido alcanza una sentencia firme, un dato que reforzó la percepción de impunidad.

A raíz del caso, el gobierno francés convocó a los fiscales y ordenó revisar los procedimientos de investigación, la transmisión de información y la atención a las víctimas. La indignación social creció ante la constatación de que, pese a las denuncias reiteradas, la respuesta institucional resultó insuficiente para proteger a Lyhanna y prevenir su muerte. El primer ministro pidió un informe detallado sobre las fallas detectadas y estableció un plazo de 15 días para su presentación.

(Con información de AP, AFP, BBC y EFE)