Juzgado reabrirá proceso penal contra Enrique Rais y cinco acusados por administración fraudulenta y estafa

Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador ha convocado para el 23 de febrero de 2026 una audiencia especial destinada a la reapertura del expediente penal contra Enrique Rais y otros cinco imputados, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR). El caso, que ha estado marcado por recursos y dilaciones procesales, involucra graves acusaciones de administración fraudulenta y estafa en perjuicio del empresario canadiense Franco Pacetti y de las sociedades Tradesal y Cindesol Inc.

Según las investigaciones de la FGR, consignadas en Diario El Salvador, la acusación se relaciona con la administración de la sociedad Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), constituida por 2,000 acciones. De estas, 1,800 originalmente pertenecían a la sociedad Cintec y luego fueron transferidas a Tradesal Inc. Enrique Rais y Hugo Blanco Rais, uno de los coimputados, son señalados de haber deteriorado las utilidades de MIDES mediante transferencias de fondos a cuentas personales y a empresas, tanto locales como extranjeras, que no guardaban relación alguna con la actividad de MIDES. Se estima que estas operaciones causaron un perjuicio económico directo a los socios canadienses y a las sociedades implicadas.

El proceso penal fue archivado en su momento, luego de que el extinto Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador exonerara definitivamente a Rais y a los demás imputados, entre ellos su esposa, Marie Annette Clairmont de Rais, su hija Michelle Marie Rais de Barake, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, Claudia Marina Albergue Martínez y Demetrio Alexander Palacios. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló el sobreseimiento anterior y ordenó reabrir el expediente, por lo que ahora el caso será revisado de nuevo por un juez interino, según lo indica Diario El Salvador.

Enrique Rais es un empresario salvadoreño-suizo que durante años controló el negocio de los desechos sólidos en El Salvador a través de MIDES, empresa que firmó contratos millonarios con alcaldías y otras instituciones públicas. Su figura ha estado rodeada de controversia por sus conexiones políticas y judiciales, y por su presunta participación en redes de corrupción que involucran a exfuncionarios de alto nivel. Rais fue incluido en 2021 en la “Lista Engel” del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se le señala por “corrupción significativa” y por “socavar procesos democráticos mediante el soborno de funcionarios públicos”.

Rais permanece prófugo de la justicia salvadoreña desde 2017 y reside en Suiza, país que no tiene tratado de extradición con El Salvador. Sobre él pesan órdenes de captura internacionales. Además de este proceso, su nombre aparece en otros casos emblemáticos, como el “Caso Corruptela”, donde la Fiscalía lo acusa de haber manipulado procesos judiciales y de mantener relaciones irregulares con el exfiscal general Luis Martínez, hoy condenado por corrupción. Según investigaciones periodísticas, la influencia de Rais alcanzó a varios fiscales y funcionarios judiciales, algunos de los cuales viajaron en aviones de su propiedad y recibieron favores directos.

El caso actual tiene como eje central la supuesta estafa a Franco Pacetti y las sociedades canadienses, a quienes Rais y sus colaboradores habrían defraudado mediante la administración irregular de MIDES y la apropiación indebida de utilidades empresariales. Según Diario El Salvador, los fondos desviados superan los $25 millones e involucran operaciones internacionales a través de empresas pantalla y paraísos fiscales.

La resolución de este proceso es observada de cerca por sectores empresariales y organizaciones internacionales, ya que se considera un caso de prueba para la independencia judicial en El Salvador y para la lucha contra la impunidad en delitos de corrupción empresarial. La audiencia programada representa una nueva oportunidad para que la justicia salvadoreña determine la responsabilidad de los implicados y, en caso de hallarlos culpables, aplique las sanciones correspondientes conforme a la ley.