El Salvador acumula 39 días sin homicidios en los primeros meses de 2026

39 días sin homicidios en los primeros 46 días de 2026 sitúan a El Salvador ante un panorama de seguridad destacado. La Policía Nacional Civil informó que, entre el 1 de enero y el 15 de febrero, solo se registraron siete asesinatos, una cifra considerablemente menor si se compara con años anteriores, cuando los homicidios ocurrían a diario y en ciertos meses superaban los diez casos cada semana.

El detalle de los homicidios por mes y lugar es el siguiente:

Enero (4 homicidios):

• 2 de enero: El Paisnal (San Salvador Norte)
• 4 de enero: Ilopango (San Salvador Este)
• 14 de enero: Apopa (San Salvador Oeste)
• 19 de enero: Santa Ana (departamento de Santa Ana)

2 de enero: El Paisnal (San Salvador Norte)

4 de enero: Ilopango (San Salvador Este)

14 de enero: Apopa (San Salvador Oeste)

19 de enero: Santa Ana (departamento de Santa Ana)

Febrero (3 homicidios):

• 2 de febrero: San Vicente (departamento de San Vicente)
• 6 de febrero: Metapán (departamento de Santa Ana; víctima: elemento de la Fuerza Armada)
• 8 de febrero: Zacatecoluca (departamento de La Paz)

2 de febrero: San Vicente (departamento de San Vicente)

6 de febrero: Metapán (departamento de Santa Ana; víctima: elemento de la Fuerza Armada)

8 de febrero: Zacatecoluca (departamento de La Paz)

Ningún municipio concentra la violencia, lo que sugiere un fenómeno controlado a escala nacional, según el análisis de las autoridades.

El descenso de los homicidios no es un fenómeno aislado. Las autoridades atribuyen esta tendencia a la implementación de estrategias como el Plan Control Territorial y, especialmente, al régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022. Esta figura jurídica, adoptada tras un repunte de violencia vinculado a las pandillas, ha sido prorrogada 47 veces y ha permitido la captura de más de 91.000 personas acusadas de pertenecer a estructuras criminales. El régimen autoriza restricciones a derechos fundamentales y ha ido acompañado de reformas legales que endurecen las condenas por delitos relacionados con el crimen organizado.

El Gobierno ha reiterado que el régimen de excepción se mantendrá “hasta que las condiciones de seguridad puedan considerarse lo suficientemente estables como para que no exista un retroceso”. La última prórroga vence el 1 de marzo, y la postura oficial sostiene que la medida seguirá siendo un pilar de la política de seguridad.

Balance de homicidios 2025

El Gabinete de Seguridad Ampliado respaldó este enfoque al presentar el balance de 2025, que el Ejecutivo calificó como el año más seguro de la historia nacional. El ministro Gustavo Villatoro expuso que la tasa de homicidios fue de 1,3 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas del continente. Además, resaltó que no hubo impunidad en los 82 asesinatos investigados, lo que implica que todos los casos llegaron a una resolución judicial o policial, según los datos oficiales.

En el balance, las autoridades también destacaron que El Salvador acumuló 1.102 días sin muertes violentas desde el inicio de la gestión de Nayib Bukele, de los cuales 988 corresponden al periodo bajo régimen de excepción. Este dato es clave para la narrativa oficial, ya que muestra una continuidad en la reducción de la violencia más allá de coyunturas puntuales.

Además, se reportó una caída del 51,5% en otros delitos de alto impacto respecto al año anterior, consolidando la percepción de una mejora integral en la seguridad pública. Esta disminución en los delitos de alto impacto (como extorsiones, secuestros y asaltos) refuerza el argumento gubernamental sobre la eficacia de las políticas represivas y preventivas puestas en marcha desde 2019.

A pesar de la reducción en los homicidios y otros delitos, la aplicación del régimen de excepción y las recientes reformas legales han despertado cuestionamientos por parte de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Las críticas se centran tanto en el elevado número de detenciones como en las modificaciones al marco legal que, según estos organismos, pueden afectar las garantías fundamentales.

Mientras el Ejecutivo justifica la continuidad de estas medidas como una vía para consolidar los avances en seguridad, la discusión pública en El Salvador sigue girando en torno al equilibrio entre la eficacia en la reducción de la violencia y el respeto a los derechos y procedimientos democráticos. El desarrollo de este debate estará marcado por la evolución de los indicadores de seguridad y las decisiones políticas que definan la vigencia futura del régimen de excepción.