Honduras: ONG instan al Estado adoptar medidas urgentes para frenar violencia contra personas de la diversidad sexual

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en Honduras expresó su profunda preocupación por el incremento de muertes violentas contra mujeres trans en el país, luego de contabilizar nueve asesinatos en lo que va del 2026, situación que calificó como un reflejo de la violencia sistemática y la discriminación estructural que enfrenta la población LGBTIQ+.

A través de un comunicado la titular del organismo, la abogada Blanca S. Izaguirre, condenó los recientes crímenes ocurridos en Juticalpa, Olancho, y Nacaome, Valle, donde fueron asesinadas Marcus Noah y Dayana Pavón, respectivamente.

El ente defensor de derechos humanos urgió al Estado hondureño a adoptar medidas inmediatas de prevención y protección para frenar la violencia motivada por prejuicio y estigma contra las personas de la diversidad sexual.

“El CONADEH manifiesta su profunda preocupación y condena enérgicamente el incremento de muertes violentas contra mujeres trans en Honduras”, señala el documento oficial.

Según el organismo, los asesinatos registrados este año no son hechos aislados, sino parte de un patrón de violencia sistemática que coloca a las personas LGBTIQ+, especialmente a las mujeres trans, en una condición de extrema vulnerabilidad.

El comunicado hace énfasis en que Honduras continúa enfrentando serios problemas de discriminación estructural que limitan el acceso a derechos fundamentales para las personas diversas.

“Existe una negación fáctica de derechos y garantías constitucionales para las personas LGBTIQ+ en Honduras”, advirtió el CONADEH, señalando además que persisten patrones de impunidad que invisibilizan a las víctimas y vulneran su derecho a la identidad y a la justicia.

La institución recordó que el Estado hondureño ya ha sido condenado internacionalmente por violaciones a derechos humanos contra personas transgénero.

En marzo de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia en el caso de Vicky Hernández, mujer trans asesinada durante el contexto de la crisis política de 2009 en Honduras.

Posteriormente, en enero de 2026, también condenó al Estado en el caso de Leonela Zelaya y otra versus Honduras.

Ambas resoluciones establecen la obligación de los Estados de garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal sin discriminación por identidad de género, así como investigar con debida diligencia las violaciones graves a derechos humanos cometidas contra personas LGBTIQ+.

El CONADEH subrayó que las investigaciones relacionadas con este tipo de crímenes deben realizarse con perspectiva de género y evitando cualquier lenguaje discriminatorio o estigmatizante que afecte la dignidad de las víctimas.

“Las autoridades deben abstenerse del uso indiscriminado de lenguaje estigmatizante y cualquier sesgo que desmejore la integralidad de las víctimas a causa de prejuicios sociales y personales”, puntualizó la institución.

Marcus Noah fue asesinada en circunstancias de extrema violencia en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho. Mientras tanto, Dayana Pavón perdió la vida en Nacaome, Valle, en otro hecho violento que ha causado indignación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de diversidad sexual.

Diversas organizaciones sociales han denunciado en reiteradas ocasiones que la mayoría de asesinatos contra personas trans en Honduras quedan en la impunidad, mientras las víctimas son revictimizadas por prejuicios sociales y falta de reconocimiento de su identidad de género.

Ante este panorama, el CONADEH exhortó al Estado hondureño a garantizar el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El organismo defensor concluyó que mientras no existan políticas efectivas de protección, acceso real a la justicia y combate frontal a la discriminación, las personas trans seguirán enfrentando graves riesgos para su vida e integridad en Honduras.

La situación ha generado preocupación entre sectores defensores de derechos humanos, quienes consideran urgente la implementación de acciones concretas para detener la violencia y reducir los niveles de impunidad que históricamente han afectado a la población diversa en el país.