Ataques digitales presionan al Estado: Panamá destina $26 millones a ciberseguridad

El incremento sostenido de ataques cibernéticos contra instituciones del Estado panameño ha encendido las alertas sobre la capacidad de respuesta y el nivel de inversión pública en ciberseguridad, luego de que en 2026 se confirmaran múltiples incidentes que han afectado desde plataformas digitales hasta cuentas oficiales en redes sociales.

Ante este escenario, surge una pregunta clave: ¿cuánto destina realmente Panamá para proteger su infraestructura digital?. De acuerdo con datos oficiales, el país invierte alrededor de $26 millones en ciberseguridad, de los cuales $6 millones corresponden a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y cerca de $20 millones adicionales se distribuyen en el resto de las entidades del Estado, en medio de una creciente presión por fortalecer sistemas y cerrar vulnerabilidades.

El director de la AIG, Adolfo Fábrega, aseguró que el país mantiene un enfoque activo para cerrar vulnerabilidades y fortalecer la defensa de sus sistemas, al tiempo que destacó que el Estado no ha pagado rescates ante incidentes de ciberseguridad.

“El enfoque es claro: identificar y cerrar vulnerabilidades de forma constante”, explicó Fábrega, al detallar que existe un programa ambicioso de remediación que ya ha permitido ubicar la mayoría de las debilidades en los sistemas gubernamentales.

“Lo que tenemos es que simplemente terminar de cerrarlas”, indicó, al subrayar que este proceso no se detiene y evoluciona diariamente, debido a que las amenazas continúan surgiendo a medida que avanza la digitalización de los servicios públicos.

El funcionario insistió en que la estrategia del Gobierno busca evitar que los ataques se conviertan en incidentes con impacto operativo. “Ataques hay todos los días, pero el punto es cómo se gestionan”, afirmó, al destacar que el país ha reforzado su equipo de respuesta a incidentes (CSIRT), encargado de atender y mitigar eventos de seguridad.

Este equipo cuenta con capacitación especializada y apoyo internacional, lo que permite responder de forma más eficiente ante posibles vulneraciones.

El contexto reciente evidencia la presión que enfrentan las instituciones. En lo que va de 2026, al menos nueve entidades del Estado han sido blanco de ataques, incluyendo casos de ransomware, intrusiones y usurpación de identidad digital.

Entre los episodios más visibles se encuentran afectaciones en la Contraloría General, que sufrió dos incidentes en redes sociales, así como alertas en entidades como la Caja de Seguro Social (CSS) y plataformas digitales vinculadas al sector empresarial.

Fábrega explicó que el incremento de estos ataques no es exclusivo de Panamá, sino que responde a una tendencia global impulsada por la aceleración de la digitalización.

“A mayor digitalización, mayor superficie de ataque y mayor visibilidad para los ciberdelincuentes”, sostuvo, al indicar que el país ha avanzado rápidamente en la implementación de plataformas digitales en los últimos dos años, lo que ha obligado a fortalecer los esquemas de protección.

Uno de los pilares de esta estrategia es la gobernanza en ciberseguridad, orientada a ordenar procesos internos y establecer controles más estrictos. Según el director de la AIG, el objetivo es garantizar que, aunque los ataques continúen, los sistemas estén preparados para resistirlos y minimizar sus efectos.

En este sentido, reiteró que el Estado ha logrado contener los impactos más críticos sin recurrir al pago de rescates, una práctica que suele alimentar el ciclo del crimen digital.

Además de la protección de sistemas, la AIG impulsa proyectos para reforzar la confianza en los servicios digitales del Estado. Entre ellos destaca una plataforma en desarrollo junto al Ministerio de Educación, que permitirá certificar diplomas académicos y facilitar su validación por parte de empleadores, reduciendo el riesgo de fraude documental mediante herramientas tecnológicas.

El desafío, sin embargo, sigue siendo estructural. Panamá enfrenta una combinación de alta exposición digital, creciente dependencia tecnológica y ataques cada vez más sofisticados, lo que obliga a mantener inversiones sostenidas en ciberseguridad.

Aunque el monto actual de $26 millones representa un esfuerzo relevante, el entorno global sugiere que la protección de la infraestructura digital será un componente cada vez más crítico dentro del gasto público y de la estabilidad institucional.