Un total de 152 personas migrantes originarias de México y Centroamérica fueron arrestadas en Florida durante un operativo de tres días coordinado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) junto a autoridades estatales y locales. De acuerdo con información difundida por El Nuevo Herald, en el procedimiento realizado esta semana participaron agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) bajo los convenios 287(g), que permiten a autoridades locales colaborar en tareas migratorias.
La operación, realizada la última semana, resultó en la captura de personas con antecedentes penales. ICE enfatizó que el objetivo principal era la detención de migrantes con historial criminal. Entre los arrestados se encuentran un ciudadano guatemalteco y dos hondureños, cuyas detenciones fueron destacadas por la agencia federal en sus comunicados y publicaciones en redes sociales.
Según el comunicado de ICE, uno de los hondureños detenidos estuvo ocho años en prisión tras ser condenado por un ataque con arma, mientras que el otro enfrenta acusaciones de violencia doméstica. El guatemalteco está señalado por presunta crueldad contra un menor.
ICE también reportó la detención de un ciudadano mexicano acusado de fraude. Las imágenes de estos cuatro individuos fueron difundidas por la agencia como parte de la presentación de resultados del operativo.
La agencia federal indicó que en el segundo día del operativo se concretó la deportación de 23 personas. “152 extranjeros criminales ilegales atrapados en una operación de tres días de ICE en Florida. Deportamos 23 tan solo en el segundo día, trabajando con nuestros socios de los 287(g)”, publicó ICE a través de sus canales oficiales.
El contexto de estas acciones responde a la política migratoria promovida por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ha impulsado la firma obligatoria de acuerdos 287(g) en todo el estado, fortaleciendo la cooperación entre agencias locales y federales.
DeSantis sostiene que Florida lidera las acciones de control migratorio en Estados Unidos y ha promovido, además, propuestas legislativas para restringir el envío de remesas desde el estado, lo que afecta a comunidades migrantes y a familias en países como Guatemala, El Salvador, Honduras y México.
De acuerdo con cifras citadas por El Nuevo Herald, en los últimos nueve meses, las autoridades de Florida han realizado más de 20,000 arrestos de migrantes de distintas nacionalidades. El medio detalló que el gobierno estatal destinó $573 millones, provenientes de un fondo de emergencias, a operaciones de control migratorio en los últimos tres años.
El operativo reciente no especificó en qué ciudades de Florida se efectuaron las detenciones, aunque la colaboración entre ICE, la Patrulla Fronteriza y la FHP se enmarca en una estrategia de vigilancia y control que prioriza a personas con antecedentes penales. La agencia federal reiteró que estos procedimientos buscan “sacar a criminales de los vecindarios”, según declaraciones recogidas por El Nuevo Herald.
En respuesta a las detenciones, el analista migratorio guatemalteco, Fernando Castro Molina, exhortó a los consulados de Guatemala, México, El Salvador y Honduras a verificar el número de connacionales arrestados y a realizar visitas inmediatas a los centros de detención, ante las demoras observadas en el pasado por parte de las autoridades consulares.
El tema de la atención consular ha tomado relevancia tras incidentes previos, como la tardía intervención del consulado guatemalteco ante la detención de migrantes en el centro de detención Alligator Alcatraz. Organizaciones de derechos humanos y representantes migratorios han insistido en la necesidad de garantizar la asistencia legal y humanitaria para los detenidos.
Las recientes acciones de ICE y el endurecimiento de las políticas migratorias en Florida han generado preocupación entre comunidades migrantes y organizaciones civiles. El seguimiento a estos casos se mantiene activo, dado el impacto que las nuevas legislaciones estatales y federales pueden tener en la vida y derechos de quienes residen en el estado sin autorización migratoria.
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