El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha implementado diferentes medidas en los últimos dos años que lo han mantenido con altos niveles de popularidad entre la población, según han consignado en diferentes ocasiones medios como AP News y El País.
El último porcentaje de aprobación del mandatario salvadoreño, según una encuesta de CID Gallup realizada en diciembre de 2025, es del 90%.
Datos internacionales publicados en noviembre de 2025 por World of Statistics lo posicionan con una aprobación del 91%, situándolo como el líder mundial con mayor respaldo ciudadano en ese momento.
Dentro de las últimas políticas impulsadas se encuentran subsidios directos, aumentos salariales, flexibilización de prestaciones laborales y el impulso de programas sociales con alto impacto mediático y fiscal.
En materia económica, el Gobierno anunció en enero de 2025 el pago total de los recibos de agua y electricidad para el 95% de los hogares salvadoreños.
La medida benefició a 1.8 millones de familias, cubriendo montos de hasta $30 en agua potable y $80 en electricidad, con el objetivo de aliviar la presión sobre los ingresos de los sectores más vulnerables.
La decisión recibió amplia cobertura y fue presentada como un alivio económico inmediato ante la inflación y el encarecimiento de servicios básicos.
Por otro lado, el Consejo Nacional del Salario Mínimo aprobó un incremento del 12% en el salario mínimo, efectivo desde junio de 2025. Este ajuste llevó a la industria y los servicios a montos de $365 a $408.80 mensuales.
Representantes sindicales consideraron insuficiente el aumento, aunque la administración defendió la medida como parte de su compromiso con el bienestar social.
El aguinaldo adelantado fue otra prestación modificada por la Asamblea Legislativa a petición del Ejecutivo. En octubre de 2025, se autorizó a las empresas para anticipar el pago entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre, además de eximir de impuestos a los aguinaldos de hasta $1,500.
Pese a la flexibilización, diferentes empresas privadas decidieron mantener el calendario tradicional, aunque el Ministerio de Trabajo desplegó inspectores para supervisar el cumplimiento.
En el sector salud, la aplicación DoctorSV fue lanzada en noviembre del año anterior, como una plataforma de telemedicina gratuita desarrollada en conjunto con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Google.
Según CAF, la app superó las 200,000 descargas en sus primeras semanas y alcanzó un promedio de 10,000 consultas diarias.
El sistema permite consultas médicas virtuales, emisión de recetas electrónicas y acceso a medicamentos y exámenes sin costo, con la meta de modernizar la atención sanitaria y ampliar la cobertura en zonas rurales.
En el campo social y educativo, el Gobierno lanzó el programa Certifícate, una alianza entre la Secretaría de Innovación y la plataforma Platzi. El proyecto, presentado en diciembre pasado, ofrece acceso gratuito a más de 1,600 cursos en línea en tecnología, inglés, diseño y marketing.
Más de 60,000 personas se inscribieron en las primeras 24 horas. En este contexto, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, entregó 300 becas a estudiantes de instituciones públicas para formación tecnológica, como parte de los esfuerzos por democratizar la educación digital.
La continuidad de estas políticas y la introducción de nuevos programas sigue consolidado la imagen de Bukele como un líder que privilegia soluciones rápidas y de alto impacto social, priorizando el gasto público en subsidios, transferencias y servicios digitales.
La última medida, que no incide en las estadísticas de 2025 pero que sin lugar a dudas será considerada para futuras calificaciones, fue anunciada el pasado 13 de enero de 2026 por la noche.
“Hoy presentamos a la Asamblea Legislativa la Ley Quincena 25. Es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente es difícil para muchos hogares”, destacó el mandatario en la red social X.
Con 59 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó esta ley el 14 de enero. Un acto que subraya otra acción de fuerte impacto. La legislación garantiza el pago de un ingreso adicional equivalente al 50% del salario mensual para los trabajadores que ganan hasta S1,500, beneficiando a empleados del sector público y privado.
La ley establece que la aplicación será obligatoria para el sector estatal a partir de este año y voluntaria en el sector privado, con incentivos fiscales, antes de volverse obligatoria en 2027. Dicha prestación está exenta de impuestos y descuentos, lo que la convierte en un ingreso íntegro para los beneficiarios.
Medios internacionales sostienen que todos estos instrumentos han contribuido a fortalecer el poder político del mandatario, a la vez que generan cuestionamientos sobre la sostenibilidad de los mismos y el respeto a los derechos fundamentales.
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