¿Educación optativa? Los resultados de Bután, el país donde no es obligatorio estudiar

Con menos de 7 de cada 10 adultos alfabetizados, el país asiático es uno de los pocos sin educación obligatoria, tal como propuso recientemente el candidato presidencial Javier Milei. El índice de desarrollo humano ubica a esta nación en la posición 127 a nivel mundial, 80 puestos debajo de Argentina.

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Bután es una excepción a nivel mundial: allí la educación no es obligatoria.
Bután es una excepción a nivel mundial: allí la educación no es obligatoria.

¿Cómo sería un país sin educación obligatoria? Para imaginar semejante escenario, habría que retrotraerse 140 años hasta la Argentina de 1883, previa a la sanción de la Ley 1420, que estableció la educación primaria común, gratuita y obligatoria. Ahora bien: si se complica viajar en el tiempo, otra alternativa es mirar a Bután, un país de alrededor de 800.000 habitantes en la cordillera del Himalaya.

Mientras que los datos del Censo 2022 revelaron que en Argentina el 98% de la población sabe leer y escribir, en Bután solo el 66,5% de los adultos están alfabetizados. “Entre los jóvenes mejora un poco porque la alfabetización está más difundida, pero aun así, muchos niños son enviados a trabajar y no concurren a la escuela”, explica el informe “Educación: aportes al debate sobre obligatoriedad y vouchers”, del Observatorio Hacer Educación (UBA), dirigido por Alberto Barbieri.

El documento ofrece datos que permiten poner en perspectiva la propuesta del candidato presidencial Javier Milei de eliminar la obligatoriedad del sistema educativo. Los autores aclaran que la educación obligatoria es un derecho humano “garantizado por diversos convenios y tratados internacionales, los cuales, desde la reforma de la Constitución de 1994 en Argentina, han adquirido rango constitucional”. Por lo tanto, modificar la obligatoriedad de la educación requeriría modificar la Constitución –en una dirección contraria a los consensos internacionales–.

Al observar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2022 de Naciones Unidas, los resultados de Bután no resultan alentadores. Con un coeficiente de 0,666, la nación asiática se ubica en la posición 127 a nivel mundial, 80 puestos por debajo de Argentina, que ocupa el puesto 47 sobre 191 países. Nuestro país está segundo en la región, superado solo por Chile (puesto 42). En este índice, Bután queda detrás de países como Irak, El Salvador y Nicaragua.

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La brecha de género es otro factor que dificulta pensar en Bután como un modelo para el sistema educativo argentino: la tasa de alfabetización de los varones (75,0%) supera casi en 20 puntos la tasa femenina (57,1%). Estos datos, entre otros, explican por qué Bután se encuentra en el puesto 98 del Índice de Desigualdad de Género de la ONU, mientras que Argentina ocupa el puesto 69.

“Que la educación vuelva a ganar protagonismo en los debates de la agenda pública y que los posibles candidatos a los distintos cargos electivos estén pensando propuestas y posibles políticas de estado es una buena noticia. Sin embargo, creemos que para dar respuesta a los múltiples problemas que atraviesa la educación en nuestro país es necesario pensar y discutir propuestas en función de datos y evidencia científica”, sostienen Patricio Conejero, Brenda Glickman, Aurelia Lupis y Malena Spotti, los autores del informe.

La Ley de Educación Nacional hoy establece la obligatoriedad de la escolaridad desde sala de 4 hasta la finalización de la secundaria. ¿Quién es el sujeto de esa obligatoriedad? En primer lugar, el Estado nacional, que debe “generar las condiciones materiales y simbólicas para que todos los habitantes de la Argentina puedan acceder a un banco en la escuela y logren finalizar sus estudios habiendo concretado los aprendizajes estipulados para cada nivel”, indica el informe.

Desde el punto de vista de las familias, ninguna ley establece castigos por no cumplir la obligatoriedad de la educación. Sin embargo, los autores aclaran que, aunque no hay una ley penal educativa, “sí existe jurisprudencia que establece que dificultar y/o impedir la asistencia de un menor de edad a la escuela implica violar sus derechos”.

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