Por qué la escuela debe ser un agente más activo en la inclusión de personas con discapacidad

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008, consagra el acceso efectivo al derecho a la educación, a través de la inclusión. En este sentido, los Estados que tomaron parte deben asegurar un sistema de educación al que puedan acceder todas las personas con discapacidad, en los diferentes niveles de enseñanza a lo largo de la vida.

Este sistema educativo deberá tener como objetivo el desarrollo pleno del potencial humano y el sentido de la dignidad de las personas con discapacidad, así como el refuerzo del respeto por los Derechos Humanos, las libertades fundamentales y la diversidad. No solo eso, también deberá incentivar el desarrollo de su personalidad, la creatividad, los talentos y las aptitudes que les permitan participar de manera efectiva en sociedad. La convención determina que las personas con discapacidad no pueden quedar excluidas del sistema general de educación, ni de la enseñanza primaria y secundaria gratuita y obligatoria por motivos de su discapacidad.

Sin embargo, la realidad es otra. Lamentablemente hay un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes con discapacidad que no asisten a la escuela, y aún para quienes sin van, las tasas de deserción son considerablemente altas.

Según Unicef, en 2017 se estimaba que había en el país aproximadamente 570.000 menores con discapacidad, de los cuales alrededor de 120.000 cursaban estudios de educación especial y el 60% de ellos lo hacía en escuelas comunes. Varias organizaciones de Derechos Humanos sostienen que las escuelas no cumplen la resolución 311/2016 del Consejo Federal de Educación, en la que se ordena a las instituciones educativas a inscribir a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad sin ningún tipo de restricción.

La cifra de personas del colectivo que accede a la educación es alta y positiva a nivel regional, pero sigue sin ser un número realmente satisfactorio. A este respecto, la personalización de la educación a través de la creación y puesta en marcha de políticas públicas por parte del Estado, facilita la efectiva formación de estudiantes en el país. Las disposiciones tendientes a responder a las necesidades particulares de las personas con discapacidad en una sociedad que discapacita deberán estar abocadas a la creación de medidas de apoyo para fomentar el desarrollo académico y social del colectivo.

El camino apenas está siendo arado y los instrumentos legales sembrados para la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad. Se trata de un proceso muy lento, del cual la educación es el aspecto central, en el entendido de que es uno de los vehículos para la consecución de derechos. A todo esto, lo más importante es comprender la discapacidad desde su perspectiva social y de derechos, modificando la mirada que tenemos hacia el otro y comprendiendo que las barreras que impiden el pleno ejercicio de derechos están en la sociedad y no en las personas.

En este sentido, es importante destacar la necesidad de la instrumentalización, territorialización y cumplimiento de leyes como la 27.043, que contempla el abordaje integral de personas que presentan trastornos del espectro autista (TEA). Esta ley prevé entre otros derechos, la puesta en marcha de las medidas necesarias para la inclusión de las personas que presentan TEA en los diferentes niveles educativos, laborales y sociales, conforme a lo establecido en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por otro lado, se encuentra la Ley 22.431, en la cuál se contempla el cupo laboral para las personas con discapacidad, correspondiente al 4% del personal estatal. Para el correcto y efectivo acceso al derecho al trabajo de las personas del colectivo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ejecuta un programa de formación educativa técnica y jornadas de adaptación, además de contar con un registro de los perfiles de los aspirantes, para que puedan acceder a los empleos de planta, por contrato o servicios tercerizados.

Más allá del entramado legal y jurisprudencial en materia de discapacidad en el país, la realidad es que en la actualidad se llevan a cabo acciones por la inclusión plena y efectiva del colectivo en las diferentes jurisdicciones. Lo anterior, a través de la creación e implementación de programas que promuevan la participación de las personas con discapacidad en los diversos ámbitos de la vida, como la educación, el deporte, la recreación, el trabajo y el desarrollo social entre otros.

El abordaje social de la discapacidad entonces, implica una participación activa del Estado, los líderes políticos, el accionar de las diferentes jurisdicciones y la sociedad en general para, en primer lugar reconocer las necesidades particulares del colectivo y trabajar por la consecución de sus derechos y en segundo lugar llevar a cabo acciones, desde la cotidianidad hasta la implementación y puesta en marcha de medidas que busquen la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad como sujetos de derecho en la sociedad.

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