(Adrián Escandar)
(Adrián Escandar)

"Es el último recurso de un causa que viene muy complicada para el país". Así, coloquial y lacónico, una fuente muy cercana al juicio que se cursa en EEUU por la expropiación de YPF durante el kirchnerismo definió la última medida judicial que los abogados del Estado argentino y de la petrolera presentaron ante la Corte Suprema de EEUU.

La medida es una respuesta a Noel Francisco, el solicitor general de Donald Trump –una suerte de procurador– quien, muy en contra de lo que suponían las autoridades locales, le recomendó al máximo tribunal de ese país hace 15 días que el caso tendría que seguir instruyéndose allí. La defensa local pedía lo contrario: traer la causa a estrados argentinos.

El Solicitor General de EEUU, Noel Francisco (Reuters)
El Solicitor General de EEUU, Noel Francisco (Reuters)

Este mes la Corte decidirá finalmente si hace lugar al pedido del Estado y la empresa y toma el caso, o si no lo toma y confirma la jurisdicción. Si se decide por la última opción, el juicio comenzaría formalmente en el tribunal de primera instancia del Distrito Sur de Manhattan a cargo de Loretta Preska, la jueza que reemplazó al fallecido Thomas Griesa, el magistrado de la causa de los holdouts.

Preska y una cámara de apelaciones ya fallaron en contra de Argentina. La jueza decidió esperar la decisión de la Corte para seguir o no con el juicio.

"La corte seguramente va a considerar el caso el día 20 de este mes y va a emitir una resolución el 21 o el 24", asegura otra fuente. Si bien no era vinculante, la opinión contraria de EEUU en el certiorari presentado por el país parece adelantar una medida desfavorable para los intereses locales. En esta a causa, de perderse le podría costar al Estado local unos USD 3.000 millones.

El documento presentado en EEUU

"La opinión de los Estados Unidos de que el certiorari debería ser negado descansa en una premisa errónea de que cualquier presunto incumplimiento de una obligación comercial por un Estado soberano extranjero puede ser objeto de una demanda en Estados Unidos".

Así comienza el brief presentado hoy como respuesta a la negativa del Departamento de Estado de Trump. Ese es el eje de la causa en esta instancia: si bien la Procuración del Tesoro de Cambiemos, a cargo de Bernardo Saravia Frías, critica duramente el accionar del kirchnerismo, en EEUU alega cuestiones de soberanía sobre la decisión de expropiación, aprobada por el Congreso. Los demandantes, en tanto, argumentan que la acción de la empresa cotiza en Wall Street y que por eso la cuestión debe resolverse allá.

En el documento se enumeran una serie de argumentos técnicos y 16 casos de jurisprudencias de ese país. El reclamo se resume en tres puntos: alcances y precedentes sobre inmunidad soberana, argumentos de por qué la cuestión no tiene particularidades que requieran un análisis diferente –como argumentó el solicitor general– y un tercer punto donde la defensa argentina habla de una serie de supuestos conflictos entre fallos.

La jueza Loretta Preska
La jueza Loretta Preska

"Es una formalidad, la última en esta instancia de la Corte. Los argumentos finales antes de que decida", explican las fuentes locales sobre el documento presentado hoy por los abogados del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, los representantes de YPF. El estudio que litiga por el Estado –Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom–, presentó un documento similar, según pudo saber Infobae.

El juicio lo impulsa Burford Capital, un bufete global especializado en comprar juicios que adquirió en España dos demandas de empresas quebradas que fueron accionistas de la petrolera: Petersen Energía y Petersen Energía Inversores, que en ese momento ya no tenían relación con el Grupo Petersen local, según argumenta la empresa.

Burford dice que la Argentina tendría que haber realizado en el momento de la expropiación una oferta pública de adquisición para todos los accionistas de la petrolera en lugar de pactar sólo con el controlante, Repsol.

Otro revés

La semana pasada se supo que el país había perdido otro juicio por la nacionalización de una empresa durante el kirchnerismo. Aerolíneas Argentinas, en este caso. El Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, condenó al país a pagar USD 320 millones en una causa que se presentó hace nueve años. 

"Es increíble, pero en España los empresarios involucrados están presos por estafa; Aircomet quebró, no existe más. Este fallo en contra del Estado es por negligencias que cometieron los funcionarios de la administración anterior", afirmaron voceros oficiales cuando se conoció la noticia.

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