
En contra de lo que suponían los representantes legales del Estado Argentinos e YPF, el gobierno de Donald Trump le recomendó a la Corte Suprema de EEUU que el juicio por la expropiación de la petrolera de bandera continúe en ese país. La demanda podría superar los USD 3.000 millones.
Desde Cambiemos se descontaba una recomendación favorable del solicitor general de Trump, Noel Francisco –una suerte de procurador que depende del Departamento de Estado–, que había sido consultado por el máximo tribunal estadounidense sobre la jurisdicción de la causa. El juicio, que ya tiene dos fallos negativos en contra del país, regresaría a la primera instancia, a cargo de la jueza Loretta Preska, la misma que reemplazó al fallecido Thomas Griesa en el tribunal de Distrito Sur de Nueva York.
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"Es una mala noticia. Aconsejaron no abrir el recurso y si antes teníamos pocas posibilidades, y ahora tenemos menos", le aseguraron a Infobae fuentes locales cercanas al caso. "Vamos a presentar un escrito contestando los argumentos de solicitor", explicaron. No se trata de una apelación: es sólo una opinión sobre sus dichos.
"No era lo que se esperaba, pero el solicitor usó los mismos argumentos que con los holdouts. Argentina dice que esto fue un acto soberano que no debe ser alcanzado por una corte de EEUU, algo que efectivamente dice una ley de ese país, pero con la excepción que sea una actividad comercial. Y como Argentina vendió acciones de YPF en Wall Street es una actividad comercial y la demanda allí sí aplica", explicó el analista Sebastián Maril, de Fingurú, en Twitter.
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"La preguntas que surgen ahora es si Trump no era amigo de Macri, si no tendría que haber recomendado lo opuesto. Yo creo que puede ser al revés, pero es una especulación mía: en realidad, Trump no se contradice con recomendaciones anteriores y, de paso, muestra todos los líos que dejó el Gobierno anterior", cree Maril.

Se espera que la resolución de la Corte sobre la jurisdicción del caso se resuelva antes del receso de verano allí, antes de julio. Si se desestima el recurso, como se supone que pasará, termina la discusión de jurisdicción y empezará el proceso formal con la contestación de la demanda. A comienzos de este mes, Preska decidió aceptar el stay que habían pedido los abogados argentinos a la espera de la opinión de la Corte Suprema.
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El juicio
Las dos demandas presentadas en el tribunal de Wall Street están impulsadas por Burford Capital, una empresa que cotiza en Londres y a la que muchos definen como un "fondo buitre" por su estrategia de compra juicios.
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Burford asegura que el Estado nacional perjudicó a los inversores minoritarios de YPF cuando le compró, en 2012, el 51% de la empresa a Repsol (que cobró USD 5.000 millones). El demandante argumenta que Argentina tendría que haber organizado una OPA (o oferta pública de adquisición) para equiparar a todos los accionistas.

Burford lleva adelante las demandas de dos de ellos: Petersen Energía y Petersen Energía Inversores (que al momento de la demanda había quebrado y ya no tenían que ver con el Grupo Petersen local) y Eton Park Capital. El Estado local interpuso demandas en España para cuestionar el vínculo entre las empresas y Burford.
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