Bariloche: denunció al ex suegro por abusar de sus hijas y ahora lucha para que no las obliguen a estar cerca de él

El 4 de junio del año pasado, en horas de la madrugada y en medio de una escena casi de desesperación, Verónica Aldazabal despertó a sus hijas de 11 y 7 años. Apenas les armó una mochila, las subió en una camioneta que le habían prestado y huyó de la ciudad de Bariloche con destino a la provincia de de Buenos Aires. Ni siquiera tuvo tiempo de apagar las luces de la casa en la que vivían.

El motivo: después de denunciar a Mario Campi, el abuelo paterno de sus hijas, por abusar sexualmente de ellas, la Justicia de Río Negro decidió sobreseer al acusado tras un proceso judicial plagado de irregularidades y temía que las menores fueran obligadas a ser revinculadas con el presunto abusador. De hecho, apenas salió la resolución, el padre de las niñas consiguió la orden de una jueza prohibiéndole la salida de Bariloche. “Hice lo que hubiese hecho cualquier mamá”, dijo Verónica en diálogo con Infobae.

Pero el escape de la ciudad rionegrina fue apenas uno de los capítulos de una saga dramática que tanto la madre como las hijas han tenido que sufrir en los últimos años y que hoy se mantiene, a la espera de una resolución judicial. La mujer aseguró que durante años no encontró respuestas en la Justicia de Río Negro y que decidió trasladarse con las niñas a la provincia de Buenos Aires para protegerlas y conseguir que fueran escuchadas. Ahora, todo está en manos de la Suprema Corte Bonaerense.

El proceso irregular y la Cámara Gesell fallida

La historia se inició cuando la menor de las niñas, que entonces tenía 4 años, le contó a su madre que su abuelo le hacía “cosas malas”. Aldazabal, casi de inmediato, presentó una denuncia penal en Bariloche, pero la investigación fue archivada casi en tiempo récord, según comenta la mujer.

Un año después, en 2025, la niña volvió a pedir ayuda. Esta vez recurrió a su maestra de música del Colegio Piaget y le pidió que hablara con su madre para que ella “parara eso”. A partir de la intervención de la institución educativa, la investigación fue reabierta. “La nena habla con la directora del colegio y con la maestra de música y le pide que paren eso. Ahí el colegio hace una denuncia de oficio, pues tiene la obligación, cuando un niño denuncia, de denunciar”, dijo la madre.

Fue entonces que la Justicia ordenó reabrir la causa y que se hiciera una Cámara Gesell. Lo que vino después estremece. Según contó Verónica, ocurrió algo que se considera una irregularidad grave: cuando la menor estaba dispuesta a someterse al procedimiento, le informaron que detrás del vidrio se encontraba su abuelo, precisamente la persona a la que señalaba como su presunto abusador. Según cuenta Verónica, la pequeña entró en crisis. Dijo que “no se acordaba de nada”. El resultado: Campi fue sobreseído por la Fiscalía N° 4 de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

“La nena entra en pánico, empieza a llorar y dice que no se acuerda de nada, que se quiere ir de ahí. La Cámara Gesell es algo que no se puede repetir. ¿Cómo terminó? El tipo sobreseído. Como termina sobreseído, sabía que las iban a revincular en dos minutos con el abuelo de vuelta", contó la mujer.

Un informe presentado a la Justicia por la abogada de la madre, en base a una especialista en Psicología Forense, señaló “graves irregularidades en la evaluación psicológica” hecha en Bariloche. El documento alerta sobre fallas metodológicas graves en la recolección del testimonio infantil, denuncia el riesgo de revictimización y exige la inmediata protección de la menor frente a la figura del presunto agresor.

Denuncia en la provincia de Buenos Aires

Tras escapar con sus hijas, Verónica radicó la denuncia por abuso sexual agravado en la Justicia de la localidad de San Isidro, con la esperanza de que esta vez sus hijas sí fueran escuchadas.

En territorio bonaerense, por primera vez, las niñas comenzaron a hablar. La mayor, que nunca había dicho nada mientras vivían en Bariloche, comenzó a contar su calvario. De hecho -relata Verónica- cuando su hermana relataba los abusos, ella se tapaba los oídos. “Algo la bloqueaba, algo la silenciaba”, dijo.

La situación cambió durante el tratamiento psicológico iniciado en Buenos Aires.

De acuerdo con el informe incorporado a la denuncia, la niña habría relatado episodios de exhibicionismo, filmaciones durante el baño y juegos de contenido sexual. También habría señalado que su abuelo les enseñaba determinados bailes y que en algunas situaciones ella habría sido sujetada mientras estaba desnuda.

Además, la denuncia agrega que en algunos de esos episodios la abuela paterna -la ex intendenta de la localidad de Dina Huapi, Mónica Balseiro- también participaba, de las grabaciones. También sostiene que tanto el abuelo como el padre de las niñas les pedían a las menores, sistemáticamente, que no contaran nada.

“La abuela está en investigación porque la nena contó que también participaba de las filmaciones, pero es algo que se investiga”, aclaró la madre, quien sospecha firmemente que la influencia política de la familia de su ex influyó en la decisión de la Justicia rionegrina.

En ese sentido, denuncia que recibe mensajes intmidatorios y amenazantes para que desista de su lucha judicial y hacer que las nenas vuelvan a Bariloche.

Los episodios habrían comenzado cuando tenía alrededor de 7 años. En una de las sesiones, la niña no sólo lo narró: lo demostró corporalmente y reprodujo con precisión los movimientos que le habían enseñado. La psicóloga incorporó en su informe un diagnóstico formal. El resultado: trastorno de estrés postraumático, abuso sexual infantil sospechado, negligencia y maltrato psicológico.

Obstáculos en San Isidro

El caso presenta actualmente una situación particularmente compleja.

Por un lado, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de San Isidro, a cargo del fiscal Rodrigo Fernando Caro, avanzó con medidas de protección y consideró prioritaria la investigación por presunto abuso sexual.

De hecho, impulsó medidas cautelares para proteger a las chicas y reconoció la causa de abuso como prioritaria. El 14 de julio pasado, requirió formalmente al Juez de Garantías que se fijara fecha para la Cámara Gesell de las niñas, cuyo trámite se realizó el lunes pasado.

Sin embargo, en el fuero de familia, el panorama es diferente. El Juzgado de Familia N° 7 y la Sala III de San Isidro se declaró incompetente para entender en la situación de las niñas, remitiendo el asunto a la Provincia de Río Negro. Desde la familia paterna reclaman que las menores regresen al sur del país.

Esa decisión fue apelada por Aldazabal y pide a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que revoque esa declaración de incompetencia y “mantenga a sus hijas bajo la tutela del fuero bonaerense”. Al menos hasta que sean escuchadas en mejore condiciones.

“La situación es paradójica: en San Isidro, la Fiscalía penal fijó fecha para escuchar a las niñas, mientras el juzgado de Familia dice que no es su problema”, sostuvo la mujer. Verónica -dice- necesita que la Suprema Corte resuelva antes de que alguien use la declaración de incompetencia del fuero de familia para ejecutar un traslado forzoso a Bariloche. “Temo que las suban a un patrullero y se las lleven. Ahí sí nunca van a hablar”, indicó.

De acuerdo con lo que supo Infobae, en la Cámara Gesell que se hizo el lunes por orden del fiscal de San Isidro las nenas ratificaron los abusos a los que fueron sometidas.

Antecedente de la Corte Suprema que refuerza el pedido de Verónica

El 11 de diciembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en un fallo en otro caso prácticamente igual al de las nenas de Bariloche.

Se trató del caso de una madre que se había mudado con su hijo de la provincia de Corrientes a Buenos Aires para escapar de un entorno de violencia, y a quien la Justicia de la Ciudad quería mandar de vuelta al fuero de origen.

El pronunciamiento revierte la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E, que había confirmado la incompetencia del fuero porteño y había remitido el expediente a la justicia de familia de la provincia de Corrientes.

La Corte sostuvo que esa decisión omitió analizar una cuestión fundamental: los antecedentes de violencia denunciados y los testimonios del propio menor, elementos que habrían impulsado el traslado del grupo familiar desde Corrientes.

Por eso, ordenó que el expediente continúe ante el Juzgado Nacional en lo Civil N° 25, restableciendo así la competencia a los jueces de la Capital Federal. ”Resulta indispensable sopesar la sede judicial que estará en mejores condiciones para alcanzar el amparo integral de los derechos fundamentales del niño”, señaló el Máximo Tribunal. Ahora todo está en manos de la Suprema Corte Bonaerense. Para Verónica no hay argumento para que resuelvan en sentido contrario y obliguen a las menores a volver a Bariloche.

“Yo a Bariloche no quiero volver”

La madre contró que las niñas le dijeron a los operadores del Servicio Local de San Isidro que no quieren volver a Bariloche. “Yo ahí no quiero volver”, dijo la menor de las chicas.

La hija mayor también manifestó que durante su tratamiento psicológico que allí se sentía insegura y que en Buenos Aires se siente protegida.

Su madre sostiene que las niñas tienen miedo de volver a encontrarse con su abuelo y temen que pueda ocurrirles algo a ellas o a su madre. La nena dijo que teme que el abuelo “vuelva a hacer lo mismo” con ella y con su hermana.

Por lo pronto, el juez de Garantías Ricardo Costa deberá resolver las cuestiones vinculadas con la competencia y la producción de la Cámara Gesell como prueba, mientras que continúa la disputa en el fuero de Familia por la decisión de remitir el caso a Río Negro.

La pista de Dina Huapi

Uno de los pedidos más delicados de la denuncia tiene que ver con una investigación que ocurre a veinte kilómetros del lugar donde vivía la familia. En marzo de 2025, la Fiscalía de Río Negro realizó allanamientos en Dina Huapi —la misma localidad donde reside la familia paterna— en el marco de la investigación de una presunta red de distribución de material de abuso sexual infantil, detectada a partir de una alerta cursada por autoridades de los Estados Unidos a través del sistema CyberTipLine de la ONG NCMEC.

Si bien la investigación no afirma que Campi esté vinculado a esa red, sí pide, concretamente, que la Fiscalía de San Isidro libre un oficio al Poder Judicial rionegrino en el que solicite el cotejo del material audiovisual incautado con la identidad de las niñas.

El argumento es que Dina Huapi es una localidad de muy escasa población y como en el relato de una las nenas, que dijo haber sido filmada, “la probabilidad de que ese material —si existe— esté entre los archivos secuestrados en los allanamientos no es despreciable”, dijo la mujer.