Si bien el Gobierno había celebrado en enero que la corte Suprema de EEUU le pidiera opinión al gobierno de Donald Trump sobre un tema de jurisdicción en el juicio que se instruye en ese país por la expropiación de la YPF durante el kirchnerismo. Ahora una decisión de la corte Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York trajo una mala noticia para el gobierno local.
Ese tribunal emitió una "orden" dejando firme un fallo de primera instancia contra YPF y el Estado argentino. Se trata de un juicio que, llegado el caso, podría costarle al Estado unos USD 3.000 millones.
A partir de este momento, la causa puede continuar en paralelo sin necesidad de que la Corte Suprema de su opinión. Y vuelve todo al tribunal de Loretta Preska, la jueza de primera instancia que reemplazó al fallecido Thomas Griesa.
Según Sebastián Maril, de Fin.Gurú y Research for Traders, Argentina ya presentó un pedido de urgencia a Corte de Apelaciones pidiendo reconsideración de dejar firme sentencia. Además, esta medida abriría las puertas para que Eton –otro accionista minoritario de la petrolera estatal– pueda pedir que su demanda prosiga, según le explicó Maril a Infobae.
"Preska dijo en su momento que Argentina cometió un error al no haber llamado a los accionistas minoritarios de YPF a participar de la expropiación. Los abogados locales le pidieron a la Cámara que dejara en suspenso esa sentencia hasta que la Corte Suprema dictara opinión, y ese 'suspenso" es lo que dejó de correr ahora. Igual son cosas distintas: la Corte habla de jurisdicción y el tribunal de Preska del juicio económico y la causa completa", detalla.
Con la decisión de esta semana, la sentencia inicial queda firme y el juicio sigue. "El país tiene un gran problema, son demandas que van a correr en paralelo. Argentina había ganado tiempo y ahora no tanto. Igual, todavía importa lo que opine la administración Trump: en unos meses la Corte decidirá si toma el caso o no. Si no lo acepta, perdemos tres a cero y no hay forma de revertir el caso, y habrá que ver hacer lo que diga Preska. Si lo toma, habrá que esperar qué decide el máximo tribuna a mediados de 2020", detalla Maril y recuerda que si se pierde el juicio deberá pagar el Estado, como accionista mayoritario, no lo empresa.
"Lo que hace la Cámara es como si mandaran el expediente", agrega una fuente cercana a la causa. "Estaba en suspenso por un pedido del Estado y la empresa y ahora, sorpresivamente, lo mandan y la causa estaría en condiciones de seguir avanzando. Ayer se presentó un escrito ante la Cámara para que expliquen si fue un error o por qué lo mandaron", detalla. Es poco probable un error en este contexto y si el expediente queda en manos de Preska se espera que el Estado conteste la demanda y se prepare para un proceso de discovey (donde las partes entablan su estrategia, entre otras cosas).
Esta semana, los abogados del país pidieron que "no se tomen medidas adicionales" hasta que la Corte falle. Pero lo más probable es que la Cámara de Apelaciones no cambie de opinión. Ahí, Preska tendrá la decisión: puede esperar a la Corte u ordenar que la causa siga. Como sea, la Argentina siempre va a apelar y el tema se va a dilatar. Pero no deja de ser una mala noticia", asegura el especialista.
La causa
La demanda la interpuso hace seis años Burford, una empresa que cotiza en la bolsa de Londres y que se especializa en comprar litigios. En este caso, adquirió de la Justicia española el derecho a litigar de dos empresas quebradas, Petersen Energía y Petersen Inversora, que entonces ya no pertenecían al Grupo Petersen local.
También se quedó con el 70% del juicio de Eton Park, otro accionista minoritario de la petrolera argentina cuando estaba en manos privadas. Desde entonces, Burford estima que obtendrá por el caso YPF unos USD 800 millones y ya vendió parte de los derechos a terceros (menos de 30% de total). En esa operación ganó más de USD 130 millones.
Los abogados locales al frente de este caso son el procurador Bernardo Saravia Frías y Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, director de YPF e histórico referente judicial del macrismo. A nivel local, los abogados externos de la petrolera son los del estudio Romero, Carranza, Rufino & Otero Monsegur, comandados por Marcelo Rufino. Viajaron el mes pasado a Washigton para reunirse con los abogados del Departamente de Estado (y descuentan apoyo ante la Corte) y viajarán a Nueva York la semana que viene para seguir el pedido ante la Cámara de Apelaciones.
En EEUU, en tanto, son varios los estudios del caso: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom; Cravath, Swaine & Moore; y Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que está a cargo del certiorari, o el recurso extraordinario ante la Corte.
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