¿Cómo se ubica cada provincia en el ranking de atractivo de energías renovables? Según el índice IPAR, desarrollado por Económicas de la UBA en colaboración con la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Nación, Buenos Aires, San Juan, Córdoba, Chubut y Catamarca cuentan con una mejor situación para atraer inversiones en materia de generación eléctrica a base de fuentes renovables de energía.
La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en colaboración con la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética (SSERyEE) de la Secretaría de Gobierno de Energía, Ministerio de Hacienda de la Nación, elaboró un índice para evaluar, en las distintas regiones del país, el potencial para atraer inversiones en el área de energías renovables.
Según los resultados del informe, las provincias de Buenos Aires, San Juan, Córdoba, Chubut y Catamarca se posicionan en los primeros puestos del ranking para atraer nuevos proyectos y sus capitales asociados. Del lado opuesto, se ubican Formosa, La Pampa, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires y Santiago del Estero, como las jurisdicciones en las cuales aún restan cosas por hacer en la materia.
Según Marcelo Corti, director ejecutivo del programa de colaboración académica que alcanzaron Económicas de la UBA y la SSERyEE para llevar a cabo el trabajo, que también contó con el aporte del Círculo de Políticas Ambientales (CPA): "El Índice Provincial de Atractivo Renovable (IPAR) tiene el objetivo de proveer información relevante para el sector y convertirse en una referencia para la toma de decisiones de los ámbitos público y privado".
Juan Prioletta, director de Estudios Económicos y Regulatorios de la SSERyEE, agregó que "el proyecto surgió de la necesidad de sistematizar diferencias observables entre las provincias, no sólo en aspectos normativos sino también en la cantidad de proyectos presentados y adjudicados. La incógnita principal, habida cuenta de que estos proyectos requieren estabilidad y previsibilidad a largo plazo, radicaba en analizar el grado de sintonía de la regulación provincial con la nacional y la existencia de incentivos adicionales, así como el nivel de recurso energético renovable presente en cada jurisdicción. Al mismo tiempo se buscó entender si existían barreras o limitaciones para que se instalaran proyectos".
"Al avanzar en el trabajo conjunto con Económicas, el equipo fue verificando el potencial de este índice como una herramienta adicional para que cualquier actor, interesado en invertir o en desarrollar políticas públicas, pudiera tener una referencia sobre dónde empezar a mirar", indicó, y aseguró que hoy la Argentina es uno de los grandes mercados de energías renovables del mundo: "Gracias a los avances alcanzados en los últimos años, el país logró posicionarse en el top ten de los más atractivos para inversiones en esta materia".
El índice IPAR, que contará con una periodicidad semestral, integra 27 variables que comprenden aspectos regulatorios, fiscales e institucionales a partir de la normativa vigente (leyes Nº 27.191 y 27.424), así como cuestiones tecnológicas, de aprovechamiento de los recursos energéticos y el desarrollo de infraestructura en cada jurisdicción.
"En esta primera edición del IPAR, el desafío más grande fue entender la instancia regulatoria, fiscal e institucional. Es decir, qué había hecho cada provincia en pos de implementar proyectos de energía renovable en su jurisdicción", explicó Corti, quien además es director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable Geo, de Económicas de la UBA. "La idea final consistió en combinar este eje de análisis con los aspectos más prácticos y de campo, como ser infraestructura, tecnología y recurso energético renovable, para determinar el atractivo de cada provincia de cara a los potenciales inversores", añadió.
AVANCES HECHOS Y POR HACER
Para realizar el IPAR, se combinaron dos subíndices que posicionaron a las provincias con relación a la Ley Nº 27.191, de Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, y la Ley Nº 27.424, que establece el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública.
La Ley Nº 27.191, que impone la meta de alcanzar un 20% del consumo de energía eléctrica nacional a base de fuentes renovables para el año 2025, se encuentra focalizada en los proyectos de generación de alta potencia, generalmente alejados de los centros de consumo, que producen energía para inyectar al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El índice elaborado por Económicas para este segmento lo lideran Buenos Aires, Chubut, San Juan, Salta y Río Negro.
Estos proyectos consisten principalmente en grandes superficies de paneles solares o conjuntos de aerogeneradores, así como proyectos de generación a base de recursos biomásicos y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, realizados en el marco de las rondas del Programa RenovAr y el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), que a la fecha registran inversiones en curso por más de USD 6.800 millones, distribuidas en 126 proyectos por un total de casi 4,6 gigavatios (GW).
Por otra parte, la Ley Nº 27.424, de Generación Distribuida abarca al 99% de los usuarios eléctricos del país que no forman parte del Mercado Eléctrico Mayorista (unos 16 millones de usuarios de tipo comercial, industrial y residencial), a quienes habilita para generar su propia energía de fuente renovable para autoconsumo, remunerando los eventuales excedentes que se inyecten a la red. Un dato que llama la atención en este segmento del indicador son las provincias que aún no adhirieron a la Ley nacional. Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Formosa, La Pampa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santiago del Estero se ubican entre los puestos 18 y 24, con cero puntos, sin haber registrado avances en este sentido.
Corti señaló: "En cierto modo es lógico que la Ciudad de Buenos Aires ocupe el anteúltimo puesto en términos de energía renovable de alta potencia porque no cuenta con los mismos recursos energéticos renovables que las provincias de San Juan, Jujuy, Buenos Aires o Salta, por ejemplo. Pero como contrapartida CABA sí cuenta con un gran potencial para desarrollar inversiones en el área de generación distribuida, aunque también tiene cero puntos en este subíndice, en mayor medida por la falta de institucionalización de sus políticas".
Prioletta explicó que el sector de alta potencia posee una trayectoria extendida, marcada por el programa de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables RenovAr, que está en marcha desde hace tres años y tiene cuatro rondas en su haber, una de ellas en curso. La Ley de Generación Distribuida, en cambio, sólo tiene un año de vida y requiere mayor involucramiento por parte de las autoridades regulatorias provinciales para su implementación.
"Dada su reciente reglamentación, esta Ley todavía no cuenta con un track-record de instalaciones. Sin embargo seis provincias ya se encuentran adheridas y en fase de implementación. Esta situación determinó que este subíndice, al menos en esta primera edición, no incluyera los aspectos relacionados con tecnologías, recursos e infraestructura de la Ley de Generación Distribuida", apuntó.
En relación al índice global IPAR (que integra los dos indicadores parciales anteriores), Corti advirtió que algunas provincias cuentan con recursos energéticos significativos como para avanzar en el desarrollo de energías renovables, pero aún no lo han hecho, como Formosa, La Pampa, Entre Ríos y Santiago del Estero.
"La Argentina tiene un gran potencial para crecer en materia de energías renovables. Si bien en los últimos años se registraron significativos e históricos avances, hay provincias que todavía deben asumir el desafío que nos propone esta nueva configuración energética, dado que resume el equilibrio entre desarrollo económico y cuidado ambiental", dijo.
"Existe un conjunto de provincias en el cual está todo por hacerse y pueden ser consideradas terreno virgen para comenzar a transitar el camino hacia una matriz de generación más flexible y amigable con el ambiente. No obstante el índice se centra en mostrar en qué lugares hay más trabajo realizado al día de hoy para recibir inversiones, teniendo en cuenta las metas impuestas por la normativa vigente y la conveniencia, tanto ambiental como económica, del desarrollo de estos proyectos para el sistema en su conjunto", concluyó Prioletta.
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