Incluso en medio de múltiples causas judiciales en distintos países de América Latina, el rédito empresarial sigue siendo prioridad para Odebrecht, la constructora más grande de Brasil. Hoy se buscó frenar un intento legal de esa empresa para obligar al Gobierno nacional a pagarle indemnización por contratos firmados antes de la explosión del escándalo por sobornos.
A través de la Oficina Anticorrupción (OA), el Ministerio de Energía y la Procuración del Tesoro, el Gobierno llevó adelante una presentación ante la Justicia para frenar los intentos de Odebrecht para cobrar $1.500 millones.
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La medida cautelar, presentada ante el Juzgado Federal Nº 3, considera que los reclamos económicos de la empresa deben ser puestos en pausa mientras continúen las investigaciones sobre la misma. Odebrecht había realizado el reclamo del pago, $450 millones y USD 45 millones, frente al Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
De acuerdo a la empresa, el pago corresponde debido a la firma del contrato para la realización de obras dentro del marco del Plan de Ampliación de Gasoductos entre 200 y 2008. Para el Estado, "configuraría un escándalo jurídico que Odebrecht prosiga un reclamo en un tribunal de arbitraje fundado en un contrato nulo por ilicitud en su causa y objeto".
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Actualmente, en la Argentina hay tres causas en las que se investiga a la constructora por sobornos para obtención de contratos licitados por el Estado. Estas son el Plan de Ampliación de Gasoductos, el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y un contrato con Aguas y Saneamiento Argentinos (AySA).
En la primera, el juez Daniel Rafecas dictó el procesamiento del ex ministro Julio De Vido y algunos de sus subordinados, alegando que habían creado un sistema normativo para favorecer a Odebrecht en la licitación del contrato de ampliación de los gasoductos TGS y TGN.
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Previamente, la empresa, entre otras confesiones, reconoció haber pagado sobornos en Argentina entre 2007 y 2014 por un total de 35 millones de dólares.
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