La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la escalada de los conflictos en Bolivia desde comienzos de mayo e instó tanto al Gobierno de Rodrigo Paz como a los manifestantes que exigen su renuncia a “priorizar el diálogo” para el desbloqueo de carreteras y corredores humanitarios.
El organismo advirtió sobre las “serias afectaciones a los derechos humanos y el alto impacto humanitario” derivados de las protestas y los bloqueos de carreteras, y pidió que el Estado y todos los sectores sociales involucrados opten por el diálogo para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización.
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Según la CIDH, las protestas tienen lugar en un contexto de “profunda crisis económica, polarización política y percepciones de debilitamiento de confianza entre sectores indígenas y campesinos y el Gobierno, así como de racismo estructural y sistémico”.
La Paz, El Alto y Oruro figuran entre las ciudades más afectadas por los bloqueos y las protestas encabezadas por sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex mandatario Evo Morales, quienes reclaman la renuncia de Paz
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A su vez, el organismo reconoció que los bloqueos provocaron “graves afectaciones al abastecimiento de combustibles, alimentos, oxígeno medicinal, medicamentos y otros servicios esenciales”, principalmente en La Paz, sede del Ejecutivo y el Legislativo, y en la ciudad vecina de El Alto.
Las consecuencias de los cortes de ruta por parte de los manifestantes continúan en aumento tras más de un mes de protestas: un saldo de siete muertos, pérdidas económicas que superan los USD 1.600 millones y 103 puntos de interrupción vial en siete departamentos del país, según datos oficiales y proyecciones del sector privado.
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La CIDH, citando información de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, informó sobre siete fallecidos en el marco de los disturbios, cifra en la que se destacan cuatro muertes por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, una por disparo de arma de fuego durante un operativo de desbloqueo y otras dos “personas movilizadas”, sin precisar las circunstancias de estos últimos casos.
Durante la jornada se reportó el deceso de una paciente oncológica de 24 años que no pudo ser trasladada desde Oruro a La Paz para recibir radioterapia, así como la muerte de un conductor de transporte pesado que enfermó tras haber permanecido atrapado durante 32 días en un corte de rutas.
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En ese sentido, la comisión señaló que al menos 23 personas resultaron heridas de diversa gravedad durante los conflictos, incluyendo manifestantes, transeúntes y agentes policiales, y documentó al menos 15 agresiones contra periodistas y trabajadores de prensa.
El organismo reiteró que la protesta social constituye “una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación en los asuntos públicos”, aunque admitió que los bloqueos prolongados “pueden generar afectaciones graves al ejercicio de otros derechos”.
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Además, subrayó que tanto el Estado como los manifestantes deben implementar medidas para “evitar riesgos a la vida e integridad de terceros”, como el establecimiento de corredores humanitarios para permitir el paso de ambulancias, personal médico y provisiones esenciales.
Crisis política en La Paz
Los ministros bolivianos de Educación, Beatriz García, y de Defensa, Marcelo Salinas, presentaron este martes su renuncia ante la presión de los movimientos contra el Gobierno que buscan la dimisión de Rodrigo Paz. Según fuentes del diario boliviano El Deber, Ernesto Justiniano, conocido como el zar antidrogas y viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, asumiría en Defensa.
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La oficina de comunicación del Ministerio de Educación confirmó de manera breve la dimisión de García, mientras que una fuente del Ministerio de Defensa informó también a EFE sobre la renuncia de Salinas, sin aportar detalles sobre los motivos en ninguno de los dos casos.
(Con información de EFE)
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