
La Corte Suprema de Estados Unidos está a punto de trasladarle a la Casa Blanca una pregunta que no tiene respuesta fácil: pedirá, a través del procurador general, que opine si el máximo tribunal debe revisar el fallo que en marzo favoreció a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF.
Así lo plantea un informe de Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, firma de investigación especializada en deuda soberana latinoamericana, al que accedió este medio. Según el paper, esa recomendación podría convertirse en un factor determinante tanto para el futuro del litigio como para la campaña presidencial argentina de 2027.
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El pedido de opinión al procurador general ocurre en una etapa procesal clave. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York había revocado el 27 de marzo la condena de USD 16.100 millones que la jueza Loretta Preska dictó en 2023 contra el Estado argentino, al entender que había interpretado de manera errónea el derecho local sobre la expropiación de 2012. Los fondos demandantes financiados por Burford Capital agotaron las instancias disponibles en las cortes inferiores y presentaron el 30 de septiembre un recurso de certiorari ante la Corte Suprema para que revise esa decisión.

¿La consulta se hará sí o sí? “Cuando hay un país soberano involucrado, siempre la Corte pide la opinión de la Casa Blanca. Sería extraordinariamente raro que no le pida. Si no ocurre, mejor todavía, pero casi seguro que va a ocurrir”, destacó el especialista ante la consulta de Infobae.
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“Seguimos esperando. Todavía la Corte no define si va a tratar el tema o no. Y lo próximo es el vencimiento del plazo el 2 de diciembre para que Argentina presente su escrito de oposición”, detallaron fuentes oficiales al tanto del caso.
El rol decisivo del procurador general John Sauer
Así, antes de que los nueve jueces del tribunal resuelvan si aceptan el caso, la Corte se prepara para pedirle al procurador general, John Sauer, que exprese la posición del Gobierno de Estados Unidos. Según el informe de Maril, cuando la Corte Suprema solicita esa opinión en esta etapa procesal, sigue la recomendación en aproximadamente el 80% de los casos, de acuerdo con datos de SCOTUSblog. La opinión de Sauer se espera antes de mayo de 2027, y la eventual decisión sobre la revisión del fallo llegaría en el segundo trimestre de ese año, en plena campaña presidencial argentina.
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Sauer enfrenta una disyuntiva con antecedente directo. En 2019, durante la primera presidencia de Donald Trump y con Mauricio Macri al frente de la Argentina, el entonces procurador general, Noel Francisco, respaldó la posición de los demandantes en una etapa previa del litigio. Ese precedente muestra que un Gobierno de Trump priorizó en el pasado la protección de los inversores por sobre la relación bilateral con el Gobierno argentino de turno.

La trayectoria personal de Sauer, dice el informe, agrega otra variable. Fue procurador general de Misuri cuando Eric Schmitt —hoy senador republicano— ejercía como fiscal general de ese estado. Schmitt se pronunció a favor de que la Corte revise el fallo, y la Fiscalía General de Misuri encabezó una presentación conjunta de 15 estados en apoyo del pedido de Petersen y Eton Park. El informe aclara que esos vínculos no permiten anticipar la posición que adoptará Sauer, pero evidencian la complejidad institucional del escenario.
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Qué está en juego para Washington
Maril describe un escenario en el cual el litigio movilizó a sectores de la comunidad jurídica y financiera estadounidense. El pedido de revisión recibió el respaldo de los 15 estados mencionados, además de académicos de escuelas de derecho, profesionales de Wall Street y organizaciones no gubernamentales. El argumento central de ese respaldo sostiene que el fallo del Segundo Circuito plantea interrogantes sobre la protección de los derechos contractuales y podría debilitar las garantías jurídicas que atraen capital hacia los mercados de Estados Unidos.
Esa dimensión convierte la decisión de la Casa Blanca en un dilema con dos caras. Recomendar el rechazo del certiorari consolidaría la victoria argentina y evitaría la reapertura de un riesgo judicial de USD 16.100 millones durante un año electoral en el país. Recomendar la revisión, en cambio, preservaría las garantías jurídicas que ofrece el sistema estadounidense a los inversores que operan bajo su jurisdicción, aunque reabre la incertidumbre para la Argentina.
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La paradoja que identifica el informe
El análisis de Maril plantea que lo que en principio representaría una mala noticia para el país podría transformarse en una oportunidad política para el presidente Javier Milei. Si la Corte concede el certiorari, el eje del debate público podría desplazarse de las obligaciones que hoy enfrenta el Estado argentino hacia las decisiones que originaron el conflicto: la expropiación de YPF dispuesta en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Según el informe, Milei no necesitaría un fallo adverso para beneficiarse de ese escenario: le bastaría con que la controversia volviera a poner bajo escrutinio público la decisión de 2012. Esa lectura adquiere una dimensión adicional por la figura de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y ministro de Economía durante la gestión en que se dispuso la expropiación. Una revisión de la Corte Suprema volvería a someter esa etapa a un examen público que, de acuerdo con el documento, difícilmente se limitaría a sus aspectos estrictamente jurídicos.
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El informe también señala riesgos para esa lectura política. Una reactivación del riesgo financiero podría deteriorar las expectativas de los inversores y complicar la agenda económica del Gobierno. Tampoco existe garantía de que el electorado otorgue más peso a las decisiones de 2012 que a la capacidad de la administración actual para resolver el litigio, y cualquier candidato no peronista podría cuestionar el origen del conflicto sin asumir las consecuencias políticas de una eventual derrota judicial, una exposición que recaería de manera directa sobre el Gobierno en ejercicio.
El contexto geopolítico regional
El informe advierte que la cercanía entre Trump y Milei no permite anticipar qué recomendará la administración estadounidense.
“La relación entre Donald Trump y Milei es innegablemente estrecha. Sin embargo, la reelección de Lula en Brasil, el reciente juicio político a Santiago Peña en Paraguay y el resultado de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos modificaron las condiciones que rodean la estrategia regional de la Casa Blanca. En ese contexto, no puede descartarse que la Argentina pierda parte de la urgencia geopolítica que tuvo para Trump durante 2025 y comienzos de 2026. Eso no implica necesariamente un menor respaldo político a Milei. Sí sugiere que cualquier nueva intervención se evaluará frente a un conjunto más amplio de prioridades. YPF será la primera prueba concreta. Eso no implica necesariamente un menor respaldo político al Gobierno argentino, aclara el documento, pero sí sugiere que cualquier intervención se evaluará dentro de un conjunto más amplio de prioridades regionales, con YPF como primera prueba concreta de ese reacomodamiento”, destacó el informe.
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La Corte Suprema recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones de certiorari por período de sesiones y suele conceder la revisión de alrededor de 80 casos, según había informado la Procuración del Tesoro de la Nación a Infobae tras la presentación del recurso de Burford. No existe un plazo fijado para que el tribunal resuelva sobre este tipo de pedidos, aunque el informe de Latam Advisors estima que la intervención de la Corte, si se produce, no ocurriría antes del segundo trimestre de 2027.
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