
Tras reclamar la celebración del juicio de la Causa 17/25 frente al Tribunal Provincial Popular de Matanzas, la historiadora cubana Alina Bárbara López Hernández fue retenida durante más de cuatro horas y posteriormente liberada. La académica había realizado una protesta para exigir la realización de esa instancia judicial, según informó CiberCuba.
La manifestación concluyó con el regreso de López Hernández a su casa y la conservación del cartel que llevó ante la sede judicial. La acción se desarrolló mientras continúa bajo reclusión domiciliaria y regulación migratoria, al igual que la socióloga Jenny Pantoja Torres, investigada en el mismo proceso.
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La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para López Hernández por los presuntos delitos de atentado, desacato y desobediencia. Para Pantoja Torres, la petición fiscal es de tres años.
La protesta se realizó frente al Tribunal Provincial Popular de Matanzas
López Hernández acudió al tribunal con una pancarta que decía: “Respeten la Ley de Procedimiento Penal. Causa 17/25”. La protesta formó parte de las acciones mensuales que realiza el día 18 de cada mes.
La historiadora había realizado sus reclamos anteriores en el Parque de la Libertad, pero en esta ocasión eligió la sede judicial. El cambio ocurrió después de la sustitución del presidente del Tribunal Provincial de Matanzas.
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De acuerdo con su relato a CiberCuba, una funcionaria judicial se acercó entre 10 y 15 minutos después de que comenzara la protesta y le pidió que se retirara. La empleada calificó la acción como un “levantamiento”.
López Hernández rechazó esa definición. “Le respondí que se llamaba manifestación pacífica y que estaba refrendada como un derecho en la Constitución”, afirmó la académica al medio.
La activista añadió que le llamó la atención el uso de ese término. Según dijo, considera que la expresión no describía el carácter de su protesta.
La retención se extendió durante unas cuatro horas y media
Tras la intervención de la funcionaria judicial, la Policía trasladó a López Hernández a la estación de La Playa. Allí, una instructora de la Seguridad del Estado le comunicó que se elaboraría un acta de advertencia por un presunto incumplimiento de la reclusión domiciliaria.
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La retención duró unas cuatro horas y media. La historiadora afirmó que la agente era la misma que, dos meses antes, le había indicado que el juicio tendría lugar “algún día, en algún momento”.
“Es una lástima que una muchacha joven tenga tan bajos estándares éticos”, dijo López Hernández a CiberCuba al referirse a esa funcionaria.
La instructora también pidió que entregara el cartel utilizado durante la protesta. La académica se negó y sostuvo que tendrían que emplear la fuerza para retirárselo.
Después de al menos dos consultas telefónicas con superiores, la agente desistió de la solicitud. López Hernández salió de la estación con la pancarta.

La historiadora señaló que en esta oportunidad no sufrió maltrato físico. También indicó que algunos de los agentes que participaron en la retención tuvieron gestos que interpretó como amables.
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El juicio previsto para el 30 de enero fue suspendido
La causa se originó en junio de 2024, cuando la Policía interceptó a López Hernández y Pantoja Torres mientras viajaban a La Habana para participar en una protesta.
El juicio había sido programado para el 30 de enero. La jueza Ysenia Rodríguez Vázquez suspendió la audiencia antes de su realización por una “reorganización de la actividad judicial”, sin anunciar una nueva fecha.
La protesta frente al tribunal estuvo dirigida contra la falta de convocatoria de una nueva vista oral. López Hernández cuestionó que continúe vigente su reclusión domiciliaria sin que el proceso haya llegado a juicio.
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“A las puertas del Tribunal Provincial”, ante una funcionaria judicial, fue detenida una ciudadana que pedía que la institución encargada de impartir justicia acatara su propia ley, sostuvo la activista ante el portal.
López Hernández también planteó que el reemplazo en la presidencia del tribunal podría estar relacionado con la demora de la vista oral. Esa afirmación fue presentada por la historiadora como una hipótesis personal.
El Observatorio de Libertad Académica emitió una alerta

El Observatorio de Libertad Académica difundió una alerta tras la retención y responsabilizó al Gobierno cubano por la integridad de López Hernández.
La organización cuestionó la actuación de las instancias judiciales y denunció una “evidente inconsistencia ética y profesional” en el sistema de Justicia cubano.
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Después de recuperar la libertad, la historiadora afirmó que mantendrá sus reclamos. “Seguiremos y persistiremos hasta que la dignidad sea la norma de nuestras vidas”, expresó.
López Hernández agregó que su postura se basa en “las razones y los argumentos”, y no en “la fuerza de las armas”.
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