El Gobierno modificó el RIGI: las empresas extranjeras podrán competir por el cupo de proveedores locales

El Ejecutivo eliminó el requisito de mayoría de capital argentino para participar en grandes proyectos de inversión. La medida también introduce cambios en los plazos, las estructuras societarias y el ingreso de divisas

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El Gobierno modificó las condiciones para acceder al cupo del 20% de proveedores locales del RIGI
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El Gobierno introdujo cambios en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que permitirán a las empresas de capital extranjero constituidas y domiciliadas en la Argentina competir por el cupo mínimo del 20% de contratación de proveedores locales. La modificación elimina el requisito de participación mayoritaria de accionistas argentinos, por lo que las firmas nacionales deberán disputar esas contrataciones con filiales de multinacionales radicadas en el país.

La medida se formalizó mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que también introdujo ajustes en los plazos de ejecución de las inversiones, las reorganizaciones societarias y las condiciones para computar el ingreso de divisas provenientes del exterior.

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Hasta ahora, para ser consideradas proveedoras locales, las empresas debían estar constituidas y domiciliadas en la Argentina y contar con al menos un 51% de capital o control societario en manos de personas humanas o jurídicas con domicilio fiscal en el país. Con la modificación, ese requisito de participación mayoritaria local quedó eliminado. A partir de ahora, la definición se concentra en la constitución y el domicilio de la empresa, independientemente del origen de sus accionistas.

El cambio amplía el universo de compañías que podrán participar en las contrataciones de los grandes proyectos de inversión, especialmente en sectores como minería, energía e infraestructura, donde existe una importante demanda de bienes, equipos, tecnología y servicios especializados.

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Qué cambia para los proveedores argentinos

La modificación no altera el porcentaje mínimo de contratación local del 20% previsto en el RIGI, sino las condiciones que deben cumplir las empresas para ser consideradas proveedoras locales.

En términos prácticos, una compañía constituida en la Argentina, pero controlada por accionistas extranjeros, podrá competir dentro de ese porcentaje con una firma de capitales nacionales, siempre que cumpla con los demás requisitos establecidos por la normativa.

Para las pequeñas y medianas empresas argentinas, el nuevo esquema implica competir con un conjunto más amplio de proveedores, incluidas las subsidiarias de multinacionales que desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios en el país.

Sin embargo, la reglamentación mantiene una distinción entre el domicilio de la empresa proveedora y el origen de los productos que comercializa.

En el caso de los bienes, continúan vigentes las reglas de origen nacional previstas en el marco del Mercosur. Esto significa que una empresa constituida en la Argentina no convierte automáticamente en nacionales a los productos que importa o distribuye.

Hombre de traje oscuro, camisa blanca y corbata que habla frente a dos micrófonos en un podio sobre un fondo negro
El ministro de Economía, Luis Caputo, durante la primera Ronda de Negocios RIGI realizada semanas atrás en Rosario, Santa Fe

Por lo tanto, una filial de una multinacional podrá ser considerada proveedora local, pero los bienes que suministre deberán cumplir con los requisitos de origen correspondientes para ser computados dentro del compromiso de contratación nacional.

La medida tiene especial relevancia para las cadenas de suministro de los grandes proyectos mineros y energéticos, que requieren equipamiento, componentes, materiales y servicios de distinta complejidad.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo explicó que la modificación busca favorecer la integración de empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro y promover una mayor concurrencia de proveedores, sin establecer diferencias por la composición de su capital.

Cambios en los plazos de inversión

El decreto también introdujo modificaciones en las condiciones que deben cumplir los proyectos para alcanzar los montos mínimos de inversión exigidos por el régimen.

Uno de los cambios corresponde a los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, una categoría que contempla desarrollos de gran magnitud y ejecución en distintas etapas.

La nueva reglamentación sustituyó el inciso i) del artículo 47 y estableció una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión global en activos computables correspondiente al proyecto. De esta manera, la normativa diferencia los compromisos de inversión de cada etapa del cumplimiento del monto mínimo global exigido para el desarrollo en su conjunto.

La modificación no altera los montos mínimos ni las obligaciones de inversión de cada etapa, sino que precisa los plazos para acreditar su cumplimiento.

Otro de los capítulos de la reforma se refiere a los Vehículos de Proyecto Único (VPU), las estructuras empresarias mediante las cuales se ejecutan las inversiones comprendidas en el RIGI.

El decreto estableció nuevas condiciones para los casos en que estas sociedades incorporen accionistas, transfieran participaciones o atraviesen procesos de reorganización societaria.

Una de las disposiciones determina que la adquisición de acciones o cuotas de un VPU por parte de terceros no modifica los derechos que corresponden al proyecto dentro del régimen. Sin embargo, el dinero destinado a comprar esas participaciones no podrá computarse como inversión en activos computables para alcanzar los montos mínimos exigidos.

La nueva reglamentación también introdujo cambios en los plazos de inversión, las reorganizaciones societarias y el ingreso de divisas

REUTERS/Enrique Marcarian (ARGENTINA  - Etiquetas: NEGOCIOS POLÍTICA)
La nueva reglamentación también introdujo cambios en los plazos de inversión, las reorganizaciones societarias y el ingreso de divisas REUTERS/Enrique Marcarian (ARGENTINA - Etiquetas: NEGOCIOS POLÍTICA)

La normativa también regula los procedimientos que deben seguir las uniones transitorias de empresas y otros contratos asociativos que actúen como VPU cuando se produce una cesión de participaciones o el ingreso de nuevos integrantes.

En esos casos, la operación deberá notificarse a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción en el Registro Público. Una vez recibida la comunicación, el organismo contará con 30 días corridos para formular observaciones. Si ese plazo transcurre sin objeciones, la operación se considerará conformada.

Además, los nuevos integrantes deberán cumplir con las condiciones del régimen y asumir los compromisos de inversión y las garantías pendientes.

La reglamentación también contempla la reorganización de Sucursales Dedicadas adheridas al RIGI mediante la transferencia integral de activos, pasivos, derechos y obligaciones hacia una Sociedad Anónima (SA) o una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).

Con autorización previa de la autoridad de aplicación, estas operaciones podrán mantener la fecha original de adhesión y los derechos correspondientes al proyecto, sin que la transferencia implique una nueva incorporación al régimen.

Por otra parte, los VPU no podrán realizar adquisiciones o fusiones que incorporen proyectos distintos del originalmente aprobado, salvo las ampliaciones permitidas. Cuando la operación involucre dos o más proyectos RIGI, será necesaria la aprobación de la autoridad de aplicación.

Qué cambia con el ingreso de dólares

El cuarto eje de la reforma está vinculado con el tratamiento de las divisas provenientes del exterior y las condiciones para computarlas dentro de las operaciones financieras de los proyectos.

La nueva reglamentación amplía las posibilidades de acreditar esos ingresos mediante operaciones realizadas por los accionistas o socios que participan en las inversiones.

En particular, podrán computarse como divisas liquidadas los fondos provenientes de aportes de no residentes o de endeudamientos financieros externos, incluidas las emisiones de valores negociables, que sean ingresados y liquidados por los integrantes del proyecto o determinadas sociedades vinculadas.

La disposición contempla recursos ingresados por accionistas directos o indirectos y por sociedades que participan en las estructuras asociativas utilizadas para ejecutar las inversiones. Sin embargo, para que esos fondos sean reconocidos dentro del régimen, deberán destinarse efectivamente al Proyecto Único y contar con registros contables que permitan verificar su trazabilidad.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) podrá establecer los procedimientos correspondientes para controlar el cumplimiento de estos requisitos y determinar las condiciones de acceso al mercado de cambios.

El decreto también contempla que, mientras se mantenga la obligación general de ingresar y liquidar total o parcialmente los cobros de exportaciones, el BCRA podrá establecer condiciones específicas para determinados VPU que incluyan en sus análisis de factibilidad económica los incentivos cambiarios previstos en el RIGI.

En esos casos, el acceso al mercado de cambios podrá quedar condicionado a que las divisas ingresadas y liquidadas sean iguales o superiores a los montos demandados para el Proyecto Único, con las excepciones previstas para determinados pagos de intereses y dividendos.

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