Panamá imputa a exdirector de Ingresos tras detectar una diferencia patrimonial de $724 mil

El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá, Publio De Gracia Tejada, quedó formalmente imputado por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, dentro de una investigación que busca establecer el origen de más de $724 mil que, según la Fiscalía, no guardan correspondencia con sus ingresos conocidos.

Su esposa, Elaine Salterio González, también fue imputada, aunque únicamente por el presunto delito de blanqueo de capitales.

La decisión fue adoptada por el juez de garantías Fermín Bonilla, quien previamente declaró legales las aprehensiones realizadas como parte de la denominada Operación Cuestor.

La audiencia comenzó el martes 11 de agosto en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora y se extendió hasta la noche. La diligencia fue suspendida antes de definir las medidas cautelares y se reanudará este miércoles 12 de agosto.

La investigación tiene como uno de sus principales elementos un análisis de la situación patrimonial del exfuncionario, quien dirigió la administración tributaria panameña entre julio de 2019 y junio de 2024.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, durante ese periodo De Gracia registró ingresos conocidos por aproximadamente $1.7 millones, mientras que sus movimientos y gastos alcanzaron cerca de $2.4 millones.

La diferencia entre ambas cantidades asciende a $724,682 que, según la Fiscalía, el exfuncionario no logró justificar. El cálculo se sustenta en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que permitió a los investigadores comparar los ingresos conocidos con los desembolsos realizados durante los años en que De Gracia estuvo al frente de la DGI.

El fiscal superior anticorrupción Eduardo Rodríguez presentó ante el tribunal movimientos financieros, pagos y transferencias que forman parte de la trazabilidad investigada.

Entre ellos figuran cuatro tarjetas de crédito cuyos saldos eran cancelados parcialmente con dinero en efectivo. Según la Fiscalía, solo en el pago de esas tarjetas fueron utilizados unos $397 mil, sin que se haya podido determinar plenamente la procedencia del efectivo.

Las pesquisas también alcanzaron a Dinoska Ríos Santamaría, quien habría recibido transferencias de De Gracia por más de $60 mil durante el periodo investigado.

Durante la audiencia se hizo referencia a que ambos habrían mantenido una relación sentimental, vínculo sobre el que también existieron referencias en redes sociales. Los investigadores analizan ahora esos movimientos de dinero como parte de la reconstrucción patrimonial del expediente.

Entre las operaciones mencionadas figura una transferencia de $10 mil presentada inicialmente como un préstamo, pero que, según lo expuesto por la Fiscalía a partir del testimonio de Ríos, no habría tenido que ser devuelta.

Además de esos movimientos, las autoridades investigan otras transferencias y adquisiciones de bienes que consideran relevantes para establecer el destino de los fondos.

Ríos es la tercera persona alcanzada por las diligencias de la Operación Cuestor y su participación podría adquirir mayor importancia durante el desarrollo del proceso. Informaciones conocidas extraoficialmente apuntan a que estaría colaborando con las autoridades en la investigación contra el exdirector de la DGI.

Como parte de las actuaciones patrimoniales, las autoridades han dirigido su atención hacia tres bienes inmuebles, cuatro cuentas bancarias y seis vehículos de alta gama relacionados con la investigación.

Entre los automóviles aprehendidos aparecen una Toyota Prado, un Lexus y varios BMW. Para la Fiscalía, la adquisición y movimiento de estos activos son relevantes para reconstruir el destino del dinero que considera carente de justificación.

Los cuestionamientos sobre el patrimonio de De Gracia no comenzaron con su aprehensión esta semana. En diciembre de 2024 fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por presunto enriquecimiento injustificado relacionada con la adquisición de un apartamento de lujo mediante una fundación vinculada al exfuncionario, operación que generó cuestionamientos sobre la correspondencia entre su patrimonio y sus ingresos.

La defensa, encabezada por Gladys Quintero, cuestionó la forma en que se produjo la aprehensión y sostiene que De Gracia había comparecido previamente ante las autoridades y mantenía arraigo en Panamá.

La abogada también alegó durante la audiencia una supuesta persecución política contra su representado. El expediente acumula al menos 24 tomos, de acuerdo con lo informado por la propia defensa.

De Gracia también aparece relacionado con otra investigación por una decisión tributaria de $16.3 millones vinculada a la constructora española FCC. La Fiscalía ha cuestionado la actuación del entonces director de Ingresos, mientras el exfuncionario sostiene que la operación correspondió a un acuerdo de pago y no a una exoneración fiscal. Se trata de un expediente distinto al proceso por enriquecimiento injustificado.

El caso se desarrolla además en momentos en que otras investigaciones han puesto bajo escrutinio los controles internos de la administración tributaria panameña. Durante la gestión de De Gracia se detectaron modificaciones irregulares relacionadas con créditos fiscales en el sistema e-Tax 2.0, hechos que posteriormente derivaron en una investigación penal.

Ese expediente es independiente de la Operación Cuestor y no supone por sí mismo responsabilidad penal del exdirector.

Al finalizar su administración en junio de 2024, De Gracia informó que la DGI mantenía 147 investigaciones por posible defraudación fiscal, además de tres expedientes remitidos al Ministerio Público, por montos que conjuntamente superaban los $170 millones.

Dos años después, el antiguo responsable de la administración tributaria enfrenta una investigación sobre su propio patrimonio, mientras el juez deberá definir las medidas cautelares que regirán durante el proceso.