La asamblea de accionistas de Aerolíneas Argentinas aprobó la memoria y estados contables correspondientes a 2025, el segundo año consecutivo con números positivos desde la estatización de la compañía en 2008. Por los resultados presentados, pagará Ganancias por primera vez.
El documento, validado tanto por la consultora KPMG como por la Auditoría General de la Nación (AGN), informó una ganancia neta de $238.000 millones el año pasado.
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Así, el CUIT de la aerolínea de bandera registrará el primer pago del impuesto a las Ganancias a favor del Estado Nacional en toda su historia por un monto estimado en $6.000 millones.
En suma, la empresa volvió a anotar patrimonio neto positivo después de más de una década, alcanzando un valor de $18.000 millones.

A nivel EBIT, la compañía obtuvo un superávit operativo de USD 120,7 millones. En paralelo, redujo su deuda bancaria y financiera en un 52%, la cual ascendía a USD 170,5 millones.
Destacaron que en 2025 no se requirieron fondos del Tesoro por primera vez desde que el Estado tomó control de la mayoría del paquete accionario de la aerolínea en 2008. Tampoco se prevén pedidos en 2026.
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Cabe recordar que, entre 2008 y 2023, Aerolíneas Argentinas acumuló una pérdida operativa promedio de USD 400 millones por año, lo que implicó transferencias directas del Estado por más de USD 8.000 millones durante ese período.
Los ajustes más importantes de la nueva gestión se hicieron en 2024, cuando se definió cancelar rutas no rentables, disminuir un 13% la nómina de empleados y eliminar 85 cargos jerárquicos, incluyendo 8 direcciones, 20 gerencias y otras 57 posiciones de diversas categorías. Ahora, la política consiste en adaptarse continuamente a los estándares del sector y seguir siendo competitiva.
Entre las medidas adoptadas recientemente se encuentran el cobro del equipaje carry on en las tarifas más bajas, el de la selección anticipada de asientos y el lanzamiento de Economy Plus para los vuelos internacionales.
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“El balance aprobado refleja el resultado de un trabajo sostenido para ordenar las cuentas, mejorar la eficiencia y fortalecer la competitividad de Aerolíneas Argentinas. Alcanzar patrimonio neto positivo, cerrar el año sin aportes del Tesoro y registrar resultados que permiten avanzar en un plan de renovación de flota con recursos propios, marca un cambio profundo para la compañía y abre una nueva etapa de crecimiento”, señaló Fabián Lombardo, presidente de la empresa.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo, mediante un posteo en su cuenta de X: “Hoy deja de ser una carga para los contribuyentes y vuelve a generar valor. Este es el camino: equilibrio fiscal, eficiencia en la gestión y un Estado que cuide los recursos de los argentinos”.
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Por otra parte, la línea aérea mantuvo un nivel de actividad equivalente al de 2024, con la misma cantidad de horas de vuelo. La operación alcanzó un factor de ocupación del 83%, sobre un promedio de 300 vuelos diarios, que permitieron transportar cerca de 35.000 personas por día. En total, durante 2025 se superaron los 12.780.000 pasajeros.
“La confiabilidad operativa se evidenció en un factor de cumplimiento del 99,4%, lo que se tradujo en una valoración positiva de la calidad del servicio por parte de los clientes, reflejada en un NPS (Net Promoter Score) de 55 puntos”, precisó el comunicado oficial.
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En este contexto, se anunció la adquisición de 20 nuevas aeronaves entre 2027 y 2031 para fortalecer y modernizar la flota, proceso ya en marcha y que contempla la incorporación de seis Airbus A330neo y catorce aeronaves de la familia Boeing 737 MAX, en sus modelos MAX 8 y MAX 10.
Mientras tanto, la privatización de la aerolínea quedó en suspenso: para concretarla se requiere la aprobación del Congreso y, por ahora, el oficialismo no tiene los votos. De hecho, ya fracasaron dos iniciativas en ese sentido: se excluyó del listado de la Ley Bases y el único proyecto específico presentado perdió estado parlamentario.
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Los motivos del Ejecutivo para no dejarla bajo control estatal, pese a su buen funcionamiento, responden al “miedo de que asuma otro partido y vuelva a generar pérdidas”.
El otro frente de batalla para el Gobierno es el juicio en EEUU por la nacionalización de la compañía hace 18 años. Se busca que la Justicia norteamericana revierta el fallo que obliga al país a pagar USD 390 millones al fondo Titan Consortium, el cual tiene los derechos de litigio. En la Procuración del Tesoro aseguran que aún cuenta con herramientas legales para mitigar el impacto de la sentencia.
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