El fin de la tregua en Colombia fortaleció a las guerrillas en la frontera y elevó la presión criminal sobre Ecuador

El deterioro de los procesos de negociación entre el Gobierno de Colombia y las principales organizaciones armadas ilegales ha tenido consecuencias que trascienden sus fronteras. A medida que se desmoronaron los ceses al fuego impulsados dentro de la política de “Paz Total”, las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reforzaron su presencia en los departamentos de Nariño y Putumayo, dos territorios que limitan con Ecuador y que hoy concentran algunos de los corredores más importantes para el narcotráfico hacia el océano Pacífico.

El nuevo escenario preocupa a las autoridades ecuatorianas porque supone un cambio en la naturaleza de la amenaza. Ya no se trata únicamente de organizaciones armadas que cruzan la frontera para movilizar cargamentos de cocaína, sino de estructuras que han consolidado redes de apoyo, alianzas criminales y actividades permanentes dentro de Ecuador, donde convergen intereses relacionados con el tráfico de drogas, la minería ilegal, el contrabando de combustibles, la extorsión y el lavado de activos.

La política de “Paz Total”, presentada por el presidente colombiano Gustavo Petro -cuya gestión finaliza esta semana- como el eje de su estrategia para reducir la violencia mediante negociaciones simultáneas con distintos grupos armados, sufrió un progresivo desgaste desde 2024. Los incumplimientos de los ceses al fuego, las disputas internas entre organizaciones y la ruptura de las conversaciones con el ELN terminaron por desarticular el proceso. En paralelo, varias estructuras armadas aprovecharon la menor presión estatal para consolidar posiciones en zonas estratégicas de la frontera.

Además del ELN, operan diferentes facciones surgidas tras la desmovilización de las FARC, entre ellas estructuras del Estado Mayor Central, remanentes del Frente Oliver Sinisterra y grupos vinculados a la Segunda Marquetalia. A estos se suman organizaciones dedicadas exclusivamente al narcotráfico, que establecen alianzas o disputas temporales según el control de rutas, laboratorios y economías ilícitas.

Para Ecuador, el impacto de esa recomposición va más allá del incremento de la violencia en la frontera. La ubicación geográfica del país, con acceso directo al Pacífico y puertos de alta capacidad como Guayaquil, Posorja, Manta y Esmeraldas, convirtió al territorio ecuatoriano en un punto estratégico para las exportaciones de cocaína hacia Europa, Estados Unidos y México. La dolarización de la economía y el crecimiento de redes logísticas asociadas al comercio exterior también son factores que, según diversos análisis de seguridad, han sido aprovechados por organizaciones criminales para ocultar y movilizar recursos ilícitos.

Las investigaciones de las autoridades ecuatorianas muestran además que los grupos armados colombianos ya no operan de manera aislada. En los últimos años se han fortalecido las alianzas con organizaciones criminales ecuatorianas como Los Lobos, Los Tiguerones y Chone Killers, que aportan conocimiento del territorio, control de puertos, capacidad logística y redes de distribución. Esa cooperación ha contribuido a que la frontera funcione como un espacio integrado para actividades ilegales, más que como una línea de separación entre ambos países.

Las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana e Imbabura concentran actualmente buena parte de la presión ejercida por estas organizaciones. En esos territorios, las Fuerzas Armadas y la Policía han intensificado operaciones contra redes dedicadas al tráfico de armas, explosivos, combustibles y droga, además de actividades de minería ilegal y extorsión que generan recursos para financiar las estructuras criminales.

Ante este escenario, Ecuador y Colombia reforzaron durante 2026 el intercambio de inteligencia y las operaciones coordinadas en la frontera. Sin embargo, especialistas en seguridad advierten que el principal desafío ya no consiste únicamente en impedir el ingreso de grupos armados desde Colombia.

La preocupación creciente es la consolidación de un ecosistema criminal transnacional en el que guerrillas, disidencias, bandas ecuatorianas y organizaciones del narcotráfico internacional actúan de forma complementaria, aprovechando las debilidades institucionales y las oportunidades económicas que ofrece una de las fronteras más dinámicas de América del Sur.