El cobre y el oro impulsan un auge minero en Ecuador: las exportaciones crecieron 65,3 %

La minería ecuatoriana comenzó 2026 con un desempeño que confirma el cambio estructural que ha experimentado el comercio exterior del país en los últimos años. Entre enero y marzo, las exportaciones del sector alcanzaron los USD 1.381 millones, un crecimiento interanual del 65,3 % frente al mismo período de 2025, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE). El resultado convierte a la minería en una de las actividades económicas con mayor expansión dentro de las exportaciones nacionales y fortalece su papel como generadora de divisas en una economía históricamente dependiente del petróleo y de los productos agrícolas.

El monto exportado durante el primer trimestre equivale a un promedio cercano a USD 15 millones diarios o alrededor de USD 460 millones mensuales, una velocidad de crecimiento que, de mantenerse durante el resto del año, permitiría al sector aproximarse nuevamente a cifras récord de exportación.

El incremento estuvo impulsado por una combinación de factores. Por un lado, las minas industriales aumentaron su producción tras consolidar sus operaciones comerciales; por otro, el mercado internacional mantuvo una demanda sostenida de cobre y oro, favorecida por la transición energética, la fabricación de tecnologías vinculadas a la electrificación y la persistente búsqueda de activos refugio en un contexto de incertidumbre económica global.

Los principales productos exportados continúan siendo los concentrados de cobre y el oro doré, provenientes principalmente de los proyectos Mirador, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, y Fruta del Norte, ubicado también en el sur del país. Ambas minas concentran buena parte de la producción metálica industrial ecuatoriana y han transformado el peso relativo del sector dentro de la economía nacional.

China se mantiene como el principal destino para los concentrados de cobre ecuatorianos, mientras que Suiza continúa absorbiendo una parte importante de las exportaciones de oro. India, Canadá y Emiratos Árabes Unidos también figuran entre los mercados relevantes para los minerales ecuatorianos, dependiendo del tipo de producto y de las cadenas internacionales de refinación y comercialización.

El crecimiento registrado durante los primeros tres meses del año representa un cambio significativo respecto de la situación que vivía el país hace menos de una década. En 2018, las exportaciones mineras apenas alcanzaban USD 274 millones durante todo el año. Desde entonces, la puesta en marcha de proyectos de gran escala permitió que las ventas externas del sector superaran los USD 3.000 millones anuales entre 2023 y 2025, convirtiendo a la minería en uno de los principales rubros de exportación no petrolera.

De acuerdo con información de la Cámara de Minería del Ecuador, el sector genera actualmente decenas de miles de empleos directos e indirectos y representa una parte creciente de la inversión extranjera que recibe el país. La minería metálica también ha incrementado su participación en la recaudación fiscal mediante el pago de regalías, impuesto a la renta, patentes y otros tributos vinculados a la actividad extractiva.

Las cifras del Banco Central muestran además que el dinamismo minero contribuyó al fortalecimiento de la balanza comercial no petrolera durante el inicio de 2026. Mientras algunos productos tradicionales enfrentan variaciones de precios internacionales o desafíos climáticos, el cobre y el oro continúan aportando un flujo estable de ingresos en divisas, reduciendo parcialmente la dependencia histórica de las exportaciones petroleras.

Sin embargo, el crecimiento económico del sector contrasta con los desafíos que enfrenta su expansión. La minería ilegal continúa extendiéndose en varias provincias amazónicas y del sur del país, donde organizaciones criminales disputan el control de yacimientos auríferos y de las rutas utilizadas para comercializar minerales extraídos de manera clandestina. A ello se suman los conflictos con comunidades locales por proyectos de exploración y explotación, los procesos de consulta ambiental y las demandas de mayor seguridad jurídica por parte de inversionistas nacionales e internacionales.