
El cierre del dos ministerios en Bolivia, el de Turismo y Cultura y el de Planificación y Medio Ambiente, provocaron una serie de críticas entre académicos, analistas y organizaciones vinculadas a esos sectores. El presidente Rodrigo Paz anunció el lunes el cierre de ambas carteras como una forma de impulsar un Estado más “eficiente” y eliminar la “burocracia”.
El gobernante explicó que se creará una agencia estatal para desarrollar los proyectos que tenía el Ministerio de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía y para “darle agilidad” a las alianzas entre “lo público y privado” con el objetivo de generar un impacto en la economía desde esos sectores.
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En tanto, señaló que el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente será eliminado y que algunas de sus atribuciones, “las necesarias”, pasarán a otra dependencia. En esta nueva estructura, la agencia de turismo dependerá del Ministerio de la Presidencia y el de Planificación y Medioambiente, del de Economía.
Las críticas han girado en torno al peso político que van a tener los asuntos que gestionaban las dos carteras clausuradas. Operadores turísticos cuestionaron el cierre del ministerio después de haber atravesado casi 50 días de bloqueos de caminos que paralizaron el turismo en el país provocando pérdidas millonarias para un sector que, al menos en discurso, se considera estratégico.
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“Esta decisión tomada justo cuando el sector más necesita respaldo y no incertidumbre. ¿Cómo no desconfiar, si mientras el sector agoniza se debilita justamente la instancia que debería protegerlo?”, señala un comunicado de la Federación Boliviana de Guías de Turismo.
En la misma línea, organizaciones del ámbito cultural -entre ellas la Bienal Internacional de Arte, Festival Internacional de Teatro de La Paz, elFestival Internacional de Jazz “Festijazz”, la Bienal de Diseño y Cartel de Bolivia BiCeBé- firmaron un documento en el que rechazan “el permanente manoseo institucional al que al que ha sido sometido el sector cultural, históricamente relegado, subordinado y privado de la jerarquía, continuidad y presupuesto que merece”.
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Fernando Cajías, uno de los académicos más notables del país, señaló que tanto la cultura como la gestión turística han adquirido en el último medio siglo una mayor jerarquía en el campo de la administración pública a nivel mundial y que si bien en Bolivia hubo un avance importante, también se enfrentó “enormes dificultades” debido a la debilidad institucional. “No se pone en duda la buena intención que pueda tener la decisión gubernamental, respecto a la disminución de rango de ministerio a una simple agencia, pero refleja una ideología, además de una errada percepción de la cultura como simple gasto”, agregó Cajías.

En el caso del Ministerio de Planificación y Medioambiente la polémica inició meses atrás cuando se fusionar las dos carteras. Diversas organizaciones y especialistas cuestionaron que unir el Ministerio de Medioambiente y el de Planificación suponía una pérdida de jerarquía institucional para la agenda ambiental.
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Según los críticos, esta fusión que ahora pasa a depender del Ministerio de Economía puede generar un conflicto de intereses, ya que la misma estructura encargada de promover la inversión, la producción y la explotación de recursos naturales será responsable de velar por la protección del medioambiente, lo que puede inclinar las decisiones estatales en favor del crecimiento económico por encima de la conservación ambiental.
Fuera de estas observaciones, se han planteado cuestionamientos a la nueva estructura administrativa del Ejecutivo y una de las críticas vino desde adentro: el vicepresidente Edmand Lara advirtió que la eliminación de los ministerios no reduce la burocracia y que, al contrario, concentra poder en dos “superministerios”. “La burocracia continúa. Solo que ahora la concentraron en superministerios y en superministros, con más poder, pero con menos control. Eso no es austeridad, eso es maquillaje”, afirmó el vicepresidente.
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La polémica surge a pocos días de que el presidente Paz cumpla nueve meses de Gobierno y concluya lo que denominó “un tiempo de transición” en el que buscó ordenar el Ejecutivo para iniciar, a partir de ahora, una etapa de “transformaciones profundas”. Los resultados juzgarán la reforma.
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