En medio de la caída del empleo y aumento de la informalidad, en mayo se redujo la cantidad de aportantes al Sistema de Seguridad Social, que representan el 26,9% de la población total. El dato implica otro golpe a la caja previsional.
De acuerdo a la Subsecretaría de Seguridad Social, en el quinto mes del año se registró un total de 12,4 millones de aportantes. Al interior de este grupo, la mayoría se desempeña en relación de dependencia (76,2%). A ello se suma un 2,9% correspondiente a trabajadoras de casas particulares, mientras que el 20,9% restante realizó aportes como trabajadores independientes.
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En términos absolutos, los asalariados del sector privado constituyen el principal grupo de aportantes, con 6 millones de trabajadores. Luego se ubican los inscriptos en el Monotributo y los trabajadores en relación de dependencia de otros regímenes, ambos con 2,2 millones de aportantes.
En la comparación interanual, el total de aportantes registró una disminución de 38.532 personas. “Esta caída se explica principalmente por la reducción de los trabajadores en relación de dependencia, que descendieron en 140.659 aportantes. Dentro de este grupo, los trabajadores del sector privado fueron los más afectados, con una disminución de 108.378 aportantes, seguidos por los del sector público con una reducción de 36.034 aportantes”, señaló el informe oficial.
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En contraste, el mayor incremento se observó entre los aportantes al Monotributo, que sumaron 71.514 trabajadores. En segundo lugar se ubicaron las trabajadoras de casas particulares, con un aumento de 29.923 personas.
En este marco, vale destacar que según los últimos datos de la Secretaría de Trabajo, el empleo asalariado registrado cayó 0,1% mensual y 1,4% interanual en abril. En comparación con noviembre de 2023, último mes previo al cambio de gobierno, el retroceso alcanza el 3,2%, lo que implica la pérdida de 329.667 puestos de trabajo en este segmento.
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La caída mensual estuvo explicada principalmente por el empleo asalariado privado, que se contrajo 0,2% y acumuló así once meses consecutivos de descenso.
A su vez, los indicadores de mayo relevados por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) anticipan que el empleo asalariado formal en las empresas de los principales aglomerados urbanos del país continuó mostrando una tendencia contractiva.
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En suma, de acuerdo al Indec, en los primeros tres meses del año había 12.887.000 asalariados privados en el país, de los cuales 5.622.000 no estaban registrados. Ello equivale a una tasa de informalidad del 43,6%.
Al mismo tiempo, es importante mencionar que en mayo, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) contabilizó 6,8 millones de beneficiarios entre jubilaciones y pensiones.
Del total de prestaciones del SIPA, el 46,4% corresponde a personas que accedieron al beneficio mediante una moratoria previsional, mientras que el 44,3% lo hizo por la vía ordinaria.
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De este modo, quienes ingresaron a través de una moratoria continúan representando una proporción levemente superior a la de los beneficiarios que cumplieron con los requisitos del régimen general.
En comparación con mayo de 2025, la cantidad total de beneficiarios de jubilaciones y pensiones aumentó en 73.727 personas, lo que representa un crecimiento interanual del 1,1%. Este incremento se explica por la incorporación de 32.951 nuevos beneficiarios en el SIPA y de otros 40.776 en los restantes regímenes previsionales.
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Al analizar la composición de las prestaciones del SIPA, se observa un cambio en la modalidad de acceso a los beneficios. Las jubilaciones y pensiones otorgadas por la vía ordinaria sumaron 58.863 beneficiarios más que un año atrás, mientras que las prestaciones concedidas mediante moratoria registraron una disminución de 25.912 casos.
En este contexto, la combinación de una menor cantidad de aportantes, el deterioro del empleo registrado y el elevado nivel de informalidad vuelve a poner presión sobre el financiamiento del sistema previsional.
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Si bien la cantidad de jubilados y pensionados continúa creciendo, la base de trabajadores que sostiene los aportes no acompaña ese ritmo, lo que profundiza el desafío de garantizar la sustentabilidad de la seguridad social en el mediano y largo plazo.
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