El Gobierno bonaerense investiga a Mercado Libre por cláusulas abusivas y podría multarla con $1.800 millones

El gobierno de la provincia de Buenos Aires imputó a Mercado Libre por incluir cláusulas presuntamente abusivas en sus contratos de adhesión. La empresa de Marcos Galperin tendrá por delante la posibilidad de presentar un descargo y ofrecer un plan de modificación de esas cláusulas. De lo contrario, el gobierno de Axel Kicillof le aplicará al gigante del comercio electrónico una multa de $1.815 millones.

A través del ministerio de la Producción a cargo de Augusto Costa, el gobierno provincial inició una actuación de oficio contra Mercado Libre SRL, a la vez que aseguró haber recibido casi 2.400 denuncias individuales contra la empresa en el primer cuatrimestre del año. La investigación oficial determinó que existió “presunta cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión” en los contratos, lo que implica violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor.

Voceros de Mercado Libre no respondieron a la consulta de Infobae en relación con la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Según un comunicado de la cartera a cargo de Augusto Costa, la medida fue dispuesta “en el marco de una fiscalización de oficio realizada sobre los instrumentos contractuales publicados en el sitio oficial de la empresa, en los que se identificaron más de diez cláusulas con presuntas infracciones a la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor y normativa complementaria".

El análisis de la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores bonaerense abarcó “las condiciones generales de uso del ‘ecosistema MELI’, así como los términos y condiciones de préstamos personales y los términos y condiciones de préstamo para compras y pagos de Mercado Pago”.

“La fiscalización provincial fue iniciada de oficio, independientemente de la eventual existencia de denuncias individuales. En ese sentido, vale mencionar que Mercado Libre es la empresa con más reclamos en la Provincia: 2396 denuncias individuales sólo en los primeros cuatro meses del año”, apuntó el comunicado oficial.

La autoridad de aplicación de la normativa de Defensa del Consumidor “constató que diversas cláusulas de los contratos presentarían abusividad”, en términos del artículo 37 de la ley respectiva, al consagrar un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor.

Según explicó el ministerio de Producción provincial, Mercado Libre tiene ahora la posibilidad de formular una propuesta de “adecuación, modificación o supresión de las cláusulas observadas”. En caso de que lo haga, el expediente se cerrará.

Si no lo hace, Mercado Libre “puede ser sancionada con una multa de hasta $1.815.000.000. Ahora la empresa tiene un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para presentar su descargo por escrito y acreditar personería y domicilio electrónico y físico en la ciudad de La Plata", agregó el comunicado.

En particular, los aspectos observados por Producción que podrían incurrir en una violación a la ley de Defensa del Consumidor fueron la indeterminación en el cobro de tarifas, aceptación tácita de modificaciones contractuales, traslado de responsabilidad por uso no autorizado de cuenta y compensación entre cuentas.

También se detectaron cláusulas de indemnidad a favor del proveedor, exoneración de responsabilidad por fallas técnicas en los productos vendidos, débito sobre cuentas de terceros ajenos al contrato, caducidad automática de plazos por incumplimiento futuro indeterminado, exención de responsabilidad de manera anticipada y fijación de jurisdicción exclusiva en perjuicio del consumidor.

“La fiscalización e imputación se dieron en el marco de las distintas políticas públicas que lleva adelante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para defender los derechos de las y los bonaerenses”, señaló el organismo provincial. En ese sentido, destacó que los consumidores pueden hacer denuncias a través de la línea 148 o vía correo electrónico escribiendo a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar.

Otras denuncias

En el marco de su pelea con los bancos, Mercado Libre también recibió en el pasado denuncias en el ámbito de la entonces Dirección Nacional de Defensa de la Competencia, hoy reconvertida en la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC). Modo, la billetera virtual que agrupa a más de 30 bancos del sistema financiero, denunció a Mercado Libre en mayo de 2024 por 3 conductas que consideró anticompetitivas:

- La negativa de Mercado Libre a que los comercios puedan cobrar con medios distintos del suyo, Mercado Pago, atando las ventas a la contratación con exclusividad de su servicio

- La obligación para compradores y vendedores de abrir una cuenta en Mercado Pago como requisito para operar en el marketplace, sin que se puedan utilizar otras cuentas.

- La negativa de Mercado Libre a que se pueda pagar con otras billeteras (que no sean Mercado Pago) dentro de su plataforma de e-commerce.

Por estos tres puntos, la ANC abrió un sumario a Mercado Libre en marzo de este año que todavía sigue su tramitación en esa instancia.

Esas denuncias de Modo habían sido sumadas a otro tema que generó conflicto entre los bancos y la principal fintech del país: la interoperabilidad de los pagos QR con tarjeta de crédito. El Banco Central, tras mucho tiempo de disputa, decidió implementar esa interacción en los pagos para que se pueda pagar vía QR con tarjeta de crédito sin importar si el comercio es cliente de Mercado Pago.

La empresa de Galperin, meses después, replicó con una contradenuncia en el mismo ámbito. Con el argumento de que Modo fue creada para limitar la competencia entre los propios bancos y obstaculizar el avance de las fintech, denunció a la billetera bancaria.

La denuncia de Mercado Libre, una de las principales plataformas de comercio electrónico y servicios financieros en América Latina, argumenta que Modo fue creada con el objetivo de limitar la competencia entre los propios bancos y de obstaculizar el crecimiento de empresas fintech. Denunció a Modo acusándola de “cartelización, concentración prohibida y prácticas coordinadas” que, según la empresa, están diseñadas para perjudicar a la industria fintech y a sus usuarios.