La Argentina quedó última en el ranking de inversión extranjera directa entre las principales economías de la región

Aun en un entorno de negocios percibido por los empresarios como más favorable, la Argentina registró el nivel más bajo de Inversión Extranjera Directa (IED) entre las principales economías de América Latina en 2025, lo que denota las dificultades que continúa presentando el país para atraer capitales.

Así surge de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual detalla que Brasil recibió USD 76.877 millones de inversión extranjera directa, México, USD 40.871 millones; Chile, USD 13.152 millones; Colombia, USD 11.462 millones; y Costa Rica, USD 5.733 millones. Argentina, en cambio, captó apenas USD 3.134 millones netos.

De acuerdo a un informe de Misión Productiva, este escenario expone los desafíos que enfrenta el país para consolidarse como destino de capital productivo a largo plazo, incluso en sectores donde posee ventajas competitivas y marcos regulatorios favorables.

“El dato resulta especialmente significativo porque ocurre en un contexto donde el Gobierno impulsó un fuerte esquema de incentivos a grandes inversiones mediante el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). Sin embargo, los números de la OCDE muestran que esas inversiones vinculadas principalmente a recursos naturales y energía no alcanzan para generar un proceso amplio de atracción de capitales”, analizó la red de profesionales.

Consideró que “no es posible sostener una estrategia de desarrollo basada únicamente en grandes proyectos extractivos. La capacidad de atraer inversión también depende de factores como el dinamismo del mercado interno, el acceso al crédito, la estabilidad macroeconómica, la infraestructura y las perspectivas de crecimiento de sectores como la industria, la construcción y las pymes”.

Según Misión Productiva, entre los principales factores que explican el mal desempeño inversor en Argentina se encuentran:

• La fuerte caída del consumo y la demanda interna, que reduce incentivos para ampliar capacidad productiva.
• La paralización de la obra pública, de manera directa, con impacto sobre la industria y cadenas proveedoras.
• Escasez de crédito productivo.
• Apreciación cambiaria y deterioro de la competitividad en sectores transables.
• Elevada incertidumbre sobre la sostenibilidad futura del esquema macroeconómico.
• Debilidad del entramado pyme y caída de sectores intensivos en empleo.

“El desafío hacia adelante pasa por reconstruir condiciones para una expansión más amplia de la inversión productiva, en todos los sectores”, apuntó Misión Productiva.

La consultora Fundación Capital, por su parte, remarcó que durante la actual administración hubo importantes avances en los fundamentos económicos que sin dudas apuntan a una mejor dinámica de la inversión hacia delante. Esto incluye el superávit fiscal, reducción de la inflación, proceso de desregulación, mejora del balance del BCRA, resolución de deudas comerciales y avances en materia de dividendos.

Sin embargo, “todavía hay ciertos factores que la limitan. En particular, si bien se avanzó en la liberación del acceso al mercado de cambios, sigue habiendo restricciones para las empresas”, indicó el informe.

Por otro lado, la productividad local sigue siendo limitada. Fundación Capital cree que de a poco el Gobierno va trabajando en la reducción del “costo argentino”, como la reducción de las retenciones al agro, aunque el avance es lento.

A su vez, “las elecciones presidenciales de 2027 pueden generar comportamientos de estilo ‘wait and see’ ante la incertidumbre sobre la continuidad del modelo económico”, aseguró la consultora de Martín Redrado.

De todos modos, se espera que las inversiones en energía y minería continúen creciendo e incluso traccionen la actividad de la construcción, especialmente a través de obras de infraestructura y logística, aunque con una recuperación heterogénea a nivel regional.

“Para que la inversión deje de ser apenas un rebote y se convierta en motor de crecimiento sostenido, será clave consolidar reglas de juego estables, reducir costos estructurales y ampliar los incentivos más allá de los sectores actualmente más dinámicos”, concluyó Fundación Capital.

Mientras tanto, el Gobierno envió al Congreso el proyecto para implementar un “Súper RIGI”, llamado formalmente "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias“.

Se busca atraer “nuevas actividades económicas”, lo cual refiere a todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, “con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había ejemplificado con actividades tales como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio.

El nuevo esquema regirá para las inversiones superiores a USD 1.000 millones e incorpora amplios beneficios tributarios y aduaneros. Entre los incentivos, se incluye una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.