
Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, negocia las garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para poder acceder a préstamos más baratos con bancos internacionales, en paralelo avanza con la concesión de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), con la que pretende sumar USD 500 millones para el pago de los próximos vencimientos. Sin embargo, no se llegaría al pago de julio por USD 4.300 millones porque los plazos previstos para la concreción de la operación apuntan al segundo semestre del año.
La estrategia financiera que impulsa Caputo incluye la venta de activos estatales como uno de los mecanismos para recaudar divisas, junto a la obtención de garantías internacionales y la colocación de bonos en dólares. El objetivo de conseguir divisas frescas se vincula con la necesidad de afrontar compromisos financieros inmediatos y fortalecer la caja del Estado. Según comentaron fuentes oficiales del Ministerio de Economía a Infobae, con el proceso de concesión de AySA se apunta a obtener aproximadamente 500 millones de dólares.
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Luego de que este martes se publicara en el Boletín Oficial el contrato para la concesión de AySA, el próximo paso es el llamado a la licitación, que se especula será en los próximos días. Sin embargo, fuentes al tanto de la operación destacaron que el procedimiento contempla varias etapas y demandará cerca de tres meses. Ese plazo responde a que las compañías interesadas deberán acreditar solvencia económica y capacidades técnicas antes de avanzar con la presentación de una oferta formal.
“En estos días debería salir la licitación y unos tres meses llevaría el proceso porque la empresa que se presente tiene que demostrar la solvencia económica, las capacidades técnicas y después se hace la oferta. Para mitad de año, segundo semestre, podría estar el nombre de quien se quedaría con la concesión de AySA”, explicó una fuente a Infobae. El cronograma indica que la adjudicación podría conocerse recién en el segundo semestre, dado que, hasta que no se publique el contrato y el pliego con las condiciones definitivas, no se formalizarán ofertas.
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“Lo que sí en la licitación se va a fijar es que tiene que ser una empresa que tenga experiencia en operación de servicios públicos, no necesariamente agua y saneamientos, pero sí de servicios”, indicó una fuente al tanto de la operación. Se trata de un punto que delimitará quiénes podrían realizar ofertas para quedarse con la concesión de AySA.

Definición de la tarifa
Un factor clave es cómo se va a definir la tarifa una vez que la empresa se encuentre en manos privadas. Recientemente, se estableció que como máximo la factura puede aumentar hasta un 3% mensual de mayo a agosto para ayudar a la desaceleración de la inflación tras el 3,4% que marcó en marzo.
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Desde abril de 2024, AySA tiene vigente una fórmula polinómica para la actualización mensual de tarifas, aprobada por la Resolución 09/2024 de la Secretaría de Obras Públicas. Dicha fórmula toma en cuenta los salarios, los precios mayoristas y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Pero durante 2025, el Ministerio de Economía dispuso que los aumentos no superaran el 1% mensual, lo que generó un atraso tarifario de 21% a diciembre de ese año. Por lo que, a posteriori, una nueva resolución permitió aumentos de hasta 4% mensual entre enero y abril del 2026. Pero como la inflación continuó en alza, el atraso no se recuperó.
Pese a ello, por medio de la Resolución ERAS N° 14/26 y a los fines de ayudar a la desaceleración de la inflación a partir de abril, se fijó que el incremento mensual efectivo desde mayo hasta agosto de 2026 no podrá superar el 3% en cada mes, siempre que la fórmula de actualización no arroje un valor menor. La medida responde al pedido de la concesionaria, que informó un déficit proyectado de $205.000 millones y la necesidad de continuar con el proceso de convergencia tarifaria.
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“Las tarifas siempre tienen que estar aprobadas por el ente regulador. En el primer ciclo, que comienza en 2027, se va a seguir con el mecanismo de actualización que está vigente con la fórmula polinómica. Pero cuando se cumplan los cinco años y se tenga que armar un nuevo plan de acción, donde se presentes las obras, inversiones y gastos, se hará una nueva propuesta tarifaria que la va a tener que aprobar el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)”, comentó una fuente al corriente de la operación.
El avance en la privatización de AySA se inscribe en un contexto de ajuste fiscal y reducción del papel del Estado en la gestión de servicios públicos. En línea con la estrategia financiera de Caputo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) aceleró la definición de los pliegos y la reglamentación que habilite el proceso licitatorio, con el objetivo de concretar el traspaso en el menor plazo posible y sumar recursos para enfrentar las obligaciones externas.
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