En la previa de la votación por la Ley de Glaciares, se activan proyectos mineros y recrudece el debate por el uso del agua

En la antesala del debate en la Cámara de Diputados por la reforma de la Ley de Glaciares, el avance de proyectos mineros y definiciones judiciales recientes volvieron a poner en primer plano una discusión histórica del sector.

Este miércoles, el oficialismo buscará impulsar cambios en la norma que regula la protección de glaciares y áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos. El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone otorgar mayor margen a las provincias para definir los criterios de preservación, en línea con los reclamos de provincias con desarrollo minero.

Uno de los puntos más sensibles es justamente el alcance de la protección sobre las zonas periglaciares, donde se concentran reservas clave de agua pero que, al mismo tiempo, coinciden con áreas de alto potencial minero.

En ese marco, el uso del agua es uno de los ejes centrales del debate. Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), sostienen que las modificaciones propuestas no afectan la protección del recurso hídrico y que la ley vigente ya permite operar sin comprometer las reservas de agua. A su vez, destacan que la actividad representa apenas el 1% del consumo total del recurso en el país, es decir, 1 de cada 100 litros disponibles.

La entidad sostiene además que los volúmenes utilizados por operaciones mineras son comparables con los de otras actividades productivas. Como referencia, comparó con otros consumos e indicó que la elaboración de una botella de vino (750 ml) requiere 650 litros de agua; una barra de chocolate (100 gramos), 1.700 litros; y una jarra de café (750 ml), 840 litros.

Inversiones en juego

La discusión se da en un escenario económico en el que el Gobierno busca atraer inversiones en sectores estratégicos, entre ellos la minería, clave para la generación de divisas. Al mismo tiempo, el esquema vigente establece controles sobre el uso del agua a través de concesiones, auditorías e instancias de sanción, un esquema que podría modificarse si prospera la iniciativa en el Congreso.

Inversiones confirmadas

Durante la Argentina Week, que se llevó a cabo en marzo en Nueva York, la minera canadiense First Quantum Minerals ratificó ante el canciller Pablo Quirno la decisión de avanzar en el proyecto Taca-Taca, un yacimiento de cobre considerado entre los diez más grandes del mundo sin explotar.

La inversión inicial estimada para la planta es de USD 4.200 millones, con una capacidad de procesamiento de 40 millones de toneladas anuales, según reveló la propia empresa y la Corporación Financiera Internacional (IFC). El plan prevé alcanzar una producción de 291.000 toneladas de cobre anuales durante la primera década y sostener actividad por 35 años.

Durante la etapa de construcción de Taca-Taca, se proyecta la creación de hasta 4.000 empleos, cifra que descenderá a 2.000 puestos directos e indirectos en la fase operativa.

A su vez, para sumar atractivo al mercado internacional y fortalecer las condiciones de financiamiento, el proyecto se comprometió a alinearse con los criterios de sostenibilidad ambiental y social establecidos por IFC, lo cual busca posicionar a la Argentina como destino competitivo para inversiones mineras a largo plazo.

La Argentina posee la cuarta mayor reserva de cobre y la tercera de litio a nivel global, dos minerales esenciales para la electrificación y las nuevas cadenas de suministro energéticas. El desarrollo de grandes proyectos, bajo estándares internacionales y acuerdos de sostenibilidad, se perfila como eje clave para diversificar las exportaciones y consolidar infraestructura.

El peso de la actividad también se refleja en las proyecciones; según estimaciones privadas, la minería argentina podría multiplicar sus envíos en la próxima década y superar los USD 40.000 millones anuales hacia 2035, apalancada en nuevos proyectos, mayores inversiones y un escenario global de alta demanda por minerales críticos.

Fallo de la Corte de Catamarca

En vísperas del debate parlamentario, la Corte de Justicia de Catamarca resolvió recientemente levantar la medida cautelar que pesaba sobre la cuenca del Río Los Patos tras casi cuatro meses de parálisis. El fallo se produjo luego de la entrega del Estudio de Gestión e Impacto Ambiental Acumulativo (EGIA), que concluyó que no existe “daño ambiental provocado” por la actividad minera actual en la zona.

Con el levantamiento de la cautelar, el Gobierno de Catamarca quedó habilitado a otorgar nuevas concesiones mineras en el departamento de Antofagasta de la Sierra, una de las áreas más delicadas por la coexistencia de reservas hídricas y potencial minero. El litigio había comenzado en marzo de 2024 frente a la demanda de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, que denunció la ausencia de estudios ambientales integrales para la extracción de litio y otros minerales en el salar del Hombre Muerto.

El uso del agua en la minería

CAEM remarcó que la minería ocupa el 1% del consumo local de agua y que la enorme mayoría se recicla dentro de los ciclos industriales, sin consumos netos definitivos. El agua en esta industria se utiliza en diversas etapas: procesamiento, transporte de minerales, riego de caminos, refrigeración, limpieza y protección ambiental mediante el control de polvo y temperatura, tanto en superficie como en minería subterránea.

Las operaciones mineras se abastecen principalmente de aguas subterráneas, arroyos, ríos, lagos y fuentes marinas, bajo estricta concesión otorgada por la autoridad provincial o nacional.

De acuerdo con la regulación actual, ninguna empresa puede superar el límite fijado y existen procedimientos de inspección y auditoría, con la posibilidad de sanciones o quita de concesión en situaciones de incumplimiento. Este esquema busca garantizar un equilibrio sectorial, priorizando los usos de acuerdo a un régimen de permisos que involucra a todas las actividades económicas.