Qué establece la Ley de Glaciares y cómo son los cambios que propone la reforma

El debate por la protección de los glaciares adquiere una relevancia renovada en Argentina, donde el 15 de febrero se conmemora el Día Nacional de los Glaciares. Un proyecto para modificar la Ley 26.639 abrió una fuerte polémica sobre el futuro de estos cuerpos de hielo que son clave para el abastecimiento de agua y la estabilidad ambiental.

En este escenario, las reservas de agua dulce de la cordillera de los Andes se vuelven objeto de disputa entre la necesidad de conservar recursos estratégicos y la presión de actividades económicas como la minería. Conocer en detalle la legislación actual, las propuestas de reforma y el estado de los glaciares ayuda a comprender lo que está en juego para el desarrollo, la seguridad hídrica y el ambiente en el país.

Claves del marco legal vigente para los glaciares

La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

Según detalla el texto legal original, el objetivo central consiste en preservar estos cuerpos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas, así como para la protección de la biodiversidad, la obtención de información científica y el turismo. La ley define a los glaciares como bienes de carácter público y extiende la protección al ambiente periglacial, es decir, a las áreas de suelos congelados que regulan los recursos hídricos.

El artículo 3 de la norma crea el Inventario Nacional de Glaciares, con la responsabilidad de identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares del territorio argentino. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) tiene a su cargo la realización y actualización del inventario, que debe revisarse al menos cada cinco años, incluyendo datos sobre ubicación, superficie y estado de conservación.

La ley prohíbe expresamente actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura ajena a la investigación científica, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, y la instalación de industrias. Establece que cualquier actividad proyectada en zonas glaciares debe someterse a una evaluación de impacto ambiental y garantizar la participación ciudadana, salvo en casos de rescate, investigación científica no invasiva o deportes no motorizados.

Las sanciones por violar la ley pueden ser advertencias, multas económicas o la suspensión total de la actividad responsable del daño. Si hay reincidencia, las multas pueden triplicarse. Cuando la infracción la comete una empresa, sus directivos y administradores también resultan responsables. El dinero que se recauda con estas multas debe usarse principalmente para proteger y recuperar los glaciares afectados.

El nuevo escenario que plantean las reformas

El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares, con el argumento de subsanar “graves falencias interpretativas” que, según su visión, habrían generado inseguridad jurídica y frenado inversiones productivas, especialmente en el sector minero. El Ejecutivo sostiene que la reforma busca ordenar el marco normativo, eliminar interpretaciones arbitrarias y fortalecer el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.

Sin embargo, la periodista Laura Rocha, referente de la ONG Periodistas por el Planeta, advirtió en una entrevista con Infobae en Vivo: “Ahora lo que habla es del federalismo ambiental, con la idea de que las provincias decidan qué glaciar sirve y cuál no, en una cuestión utilitaria, cuando en realidad es la ciencia la que tiene que determinar la extensión de los glaciares y su zona periglacial”.

Rocha remarcó que el punto central de la reforma reside en quitar a la ciencia el rol de árbitro en la definición de los glaciares y sus zonas de influencia, trasladando esa potestad a las jurisdicciones provinciales. Según sus declaraciones, esto podría habilitar interpretaciones utilitarias y otorgar mayor poder a gobiernos provinciales interesados en la explotación minera.

El debate se intensifica por la presión de provincias como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, que forman parte del “triángulo del litio” y concentran proyectos mineros de alto impacto. La periodista explicó que la ley vigente impone un piso de protección ambiental obligatorio para las provincias, quienes pueden ser más estrictas, pero no menos. En su visión, la reforma implicaría que criterios políticos provinciales definan qué glaciar queda protegido y cuál no, lo que debilita el rol de la ciencia y la transparencia en la gestión ambiental.

Un aspecto destacado por Rocha es el estado desactualizado del inventario de glaciares, atribuido a la falta de fondos y a la intención oficial de desplazar a los equipos científicos en favor de controles locales más permeables a los intereses económicos. En este contexto, la presión por habilitar nuevas inversiones mineras impulsa la discusión parlamentaria, mientras comunidades locales y sectores ambientalistas alertan sobre el riesgo de perder reservas de agua dulce esenciales para el país.

Estado actual y desafíos de conservación de los glaciares en la Argentina

Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, en 12 provincias. El Inventario Nacional de Glaciares, realizado por el IANIGLA, identifica 16.968 cuerpos glaciares con una superficie total estimada de 8.484 km². Más del 36% de la superficie continental argentina se encuentra en cuencas alimentadas por el deshielo glaciar, lo que subraya la dependencia de las comunidades y la producción respecto a estos reservorios.

Desde el punto de vista ecológico, los glaciares y el ambiente periglaciar sostienen una biodiversidad altamente especializada. Ambientes como humedales altoandinos, vegas y turberas dependen del aporte hídrico del deshielo. Un informe de la Fundación Vida Silvestre Argentina junto a otras organizaciones señala que más de la mitad de las especies de vertebrados del país viven en regiones relacionadas con el agua glaciar y que una proporción aún mayor de las especies amenazadas depende de estos sistemas.

El retroceso de los glaciares argentinos es un fenómeno confirmado por la evidencia científica. El glaciar Perito Moreno, en la Patagonia, perdió 800 metros de frente entre 2020 y 2024, según un estudio en el que participaron científicos del CONICET. El investigador Lucas Ruiz explicó a Infobae que el aumento de la temperatura y la disminución de precipitaciones, especialmente en invierno y verano, generan un adelgazamiento sostenido y reducen la capacidad de anclaje al terreno.

La Organización Meteorológica Mundial confirmó que 2025 fue uno de los tres años más cálidos registrados. La temperatura media mundial superó en 1,44 °C el promedio del período preindustrial. Este aumento intensifica el derretimiento de los glaciares y reduce la formación de nuevo hielo.

A nivel global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) detalla que los glaciares contienen cerca del 69% del agua dulce del planeta, regulan caudales de ríos y son esenciales durante las estaciones secas. Entre 2000 y 2023, los glaciares del mundo perdieron en promedio 273 mil millones de toneladas de masa al año, lo que aportó 0,75 milímetros anuales al aumento del nivel del mar.

En Argentina, la protección legal de los glaciares depende de la vigencia de la Ley 26.639 y del fortalecimiento del monitoreo y las áreas protegidas. La comunidad científica coincide en que solo la reducción global de emisiones de gases de efecto invernadero permitirá frenar el retroceso glaciar y asegurar la resiliencia de los sistemas naturales y productivos frente al cambio climático.