
La crisis en la láctea Verónica atraviesa uno de sus momentos más complicados. La compañía, que permanece sin actividad desde mediados de febrero, envió una carta a sus más de 450 trabajadores en la que reconoce una “ruptura de la cadena de abastecimiento” y “escasos niveles de productividad”, razones por las que decidió reducir la jornada laboral de ocho a cuatro horas.
Además, según pudo saber Infobae, la empresa, que busca un comprador desde al menos julio del año pasado, negocia ahora su venta con una compañía investigada por presunta corrupción. Se trata de Alimentos Fransro SRL, una firma ligada a la provisión de alimentos al Estado a través del ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy Capital Humano.
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Previamente, Verónica había mantenido conversaciones con otros grandes jugadores del sector. Entre ellos, Adecoagro, Savencia y Punta del Agua, todos interesados en adquirir alguno de los activos clave de la compañía. Las negociaciones, sin embargo, no prosperaron. Según comentaron fuentes con conocimiento de las tratativas, el valor de mercado de Verónica se ubicaría entre los USD 60 millones y los USD 70 millones, una cifra que la familia propietaria consideraba insuficiente. En el mercado aseguraron que los dueños aspiraban a obtener al menos USD 100 millones por la empresa.
“Atento a la evidente crisis que se encuentra atravesando la Sociedad, la que comprende entre otros serios conflictos la ruptura de la cadena de abastecimiento, nos vemos en la obligación de reestructurar los horarios de empleabilidad teniendo en cuenta los escasos niveles de productividad actuales y siempre en miras de la conservación de los puestos de trabajo en tanto procuraremos continuar gestionando la recuperación del aprovisionamiento de materia prima”, dice la carta que la empresa envió a sus trabajadores.
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Y continúa: “Por lo expuesto, y dando estricto cumplimiento a la previsión convencional, con causa en la pública y notoria crisis que estamos padeciendo, reducimos y reestructuramos los horarios de prestación de tareas y salarios conforme a un esquema reducido de 4 horas diarias”. La empresa dispuso esta medida hasta el mes de abril inclusive, “con la esperanza de recuperar prontamente niveles razonables de productividad y empleabilidad”.
Infobae intentó comunicarse con representantes de la empresa, quienes no respondieron a las consultas.

El gremio que representa a los trabajadores, Atilra, denunció penalmente a la compañía por presunto lockout y advirtió sobre la crítica situación laboral en las plantas. Además, alertó que la láctea aún adeuda los salarios correspondientes a enero y febrero de 2026, así como la segunda cuota del aguinaldo que debería haberse pagado en diciembre del año pasado.
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El comienzo de la crisis
La crisis de lácteos Verónica comenzó a escalar en abril del año pasado, cuando la compañía empezó a tener dificultades para afrontar el pago de salarios y a acumular atrasos con productores lecheros de la región. En ese momento, afectada por la caída del consumo, aumento de costos de producción, cadena de valor poco competitiva y concentración del mercado, había solicitado -sin éxito- la apertura de su Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para desvincular unos 200 empleados.
Con el correr de los meses, el problema se extendió a toda la cadena de pagos. En el sector estiman que la deuda con tamberos rondaría los USD 50 millones, una situación que terminó afectando el suministro de materia prima y dejó a la empresa prácticamente sin capacidad para sostener el nivel de procesamiento habitual.
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En 2020, Verónica llegó a ubicarse entre las tres principales lácteas del país en volumen de producción, con una capacidad de procesamiento superior a 1 millón de litros diarios. Para 2025, en medio de la crisis, la empresa llegó a producir alrededor de 300.000 litros por día, un volumen que hoy se redujo a cero.
Ante ese escenario, en septiembre del año pasado y con la mediación del gobierno de la provincia de Santa Fe, la láctea alcanzó un acuerdo transitorio para sostener su actividad. Bajo ese esquema, Verónica comenzó a producir a fasón para otras compañías del sector, entre ellas Saputo y la marca Punta del Agua.
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El acuerdo permitió mantener operativas algunas líneas de producción y regularizar el pago de salarios atrasados, aunque no resolvió las obligaciones pendientes con proveedores de leche, insumos y servicios básicos.
Según reconstruyeron fuentes del sector, durante ese período continuaron acumulándose deudas con prestadores de servicios, desde proveedores industriales hasta tareas de mantenimiento, transporte y logística vinculadas al funcionamiento de las plantas. Hoy la empresa tiene 3834 cheques rechazados, lo que significa una deuda de más de $13.400 millones, según registros del Banco Central.
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El convenio tenía vigencia hasta el 8 de enero de este año. Una vez finalizado, la empresa volvió a enfrentar dificultades para financiar la compra de materia prima y la producción comenzó a frenarse progresivamente.
En pocas semanas, la actividad quedó prácticamente paralizada. Las calderas se apagaron, el transporte que trasladaba a los trabajadores hacia las plantas dejó de operar y la compañía volvió a registrar atrasos en el pago de salarios. Hoy, la empresa permanece sin procesar leche y sin acceso al financiamiento necesario para recomponer el abastecimiento de materia prima, en medio de negociaciones para intentar destrabar una eventual venta de la compañía.
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El problema de fondo del negocio lácteo
El año pasado, las exportaciones del sector lechero alcanzaron las 425.042 toneladas por USD 1.690 millones, el valor más alto de los últimos 12 años. Según datos de la Secretaría de Agricultura, los envíos crecieron un 11% interanual en volumen y un 20% en valor.
El aumento de las ventas externas estuvo acompañado por una mayor producción. De acuerdo con el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el sector cerró 2025 con 11.617 millones de litros de leche cruda, un 9,7% más que el año anterior y el nivel más alto de los últimos cinco años.
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Sin embargo, la mejora en los volúmenes no se tradujo en mayor rentabilidad. El precio promedio que recibió el productor fue de $476,60 por litro, mientras que el costo de producción se ubicó en $491,66, lo que dejó márgenes negativos. Según el informe, el precio de equilibrio para cubrir costos y obtener rentabilidad debería ubicarse en torno a los $558 por litro, un valor que hoy el mercado no convalida.
En el caso de Verónica, la exportación también había sido una fuente relevante de ingresos. Entre enero de 2020 y abril de 2025 la compañía concretó ventas externas por más de USD 102 millones, con Argelia como principal destino de sus productos. Sin embargo, en el primer cuatrimestre de 2025 los envíos –principalmente de leche en polvo– sumaron USD 3,8 millones, una cifra muy por debajo del mismo período del año anterior.
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