Obra pública paralizada y recorte en subsidios y universidades: así se logró el superávit de enero

En el arranque de 2026, el Gobierno volvió a mostrar superávit en las cuentas públicas. En enero, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal primario de $3,13 billones y un superávit financiero de $1,11 billones, tras el pago de intereses de deuda por $2,02 billones.

El resultado se alineó con la estrategia de equilibrio fiscal que la Casa Rosada impulsa desde 2024, aunque se sostuvo en un fuerte ajuste del gasto. El mayor impacto se concentró en la obra pública, los subsidios —especialmente al transporte—, las jubilaciones y las transferencias a universidades.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el gasto total se ubicó 31,7% por debajo —en términos reales— del mismo mes de 2023. Esa contracción compensó una caída de 2,7% en los ingresos reales, que aún no muestran una recuperación consistente.

Si se consideran ejercicios completos, la tendencia se mantiene. Entre enero de 2025 y el mismo mes de 2023, el gasto cayó 27,2%, mientras que los ingresos retrocedieron 8,1%. Esto quiere decir que el ajuste fue superior al deterioro de la recaudación.

Además, durante enero el Estado recibió $1,04 billones (unos USD 700 millones) por la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Sin ese ingreso extraordinario, calcula CEPA, el superávit primario se habría reducido a $2,09 billones y el financiero a $0,07 billones.

En este sentido, la inversión en obra pública volvió a ser el rubro más afectado. El gasto de capital cayó 89,3% en comparación con enero de 2023, lo que confirma que la paralización de proyectos sigue siendo una de las principales anclas del ajuste. “No se observan, por ahora, señales de reversión”, indica CEPA.

En paralelo, los subsidios económicos retrocedieron 38,1% frente a enero de 2023. Dentro de esa partida, el transporte registró una baja de 41,6%, en buena medida por la suspensión de compensaciones tarifarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a través del sistema SUBE.

En energía, si bien se observó un incremento interanual de 191,3% por mayores transferencias a CAMMESA, el nivel continúa 29,1% por debajo del registrado en enero de 2023, lo que refleja que el recorte acumulado sigue siendo significativo.

El ajuste también alcanzó al sistema universitario. Las transferencias a universidades nacionales totalizaron $0,39 billones, con una caída de 8,8% interanual y de 25% respecto de enero de 2023. El informe recuerda que desde diciembre de 2025 los salarios abonados corresponden al mes anterior, ya que en noviembre no se pagaron haberes durante el mes en curso, una situación que todavía no fue regularizada.

En el frente social, las prestaciones mostraron una baja de 1,5% interanual y de 20,2% frente a enero de 2023. Solo la Asignación Universal para Protección Social y las prestaciones del INSSJP registraron incrementos —40,5% y 29,7%, respectivamente—, aunque no alcanzaron para compensar la caída en jubilaciones y pensiones contributivas (17,2%), asignaciones familiares (31,4%), pensiones no contributivas (21%) y otros programas (59,5%).

Dentro de este último grupo se incluyen políticas como la Tarjeta Alimentar, transferencias a comedores comunitarios, Potenciar Trabajo y Acompañar. Algunos de estos programas fueron suspendidos o reducidos y, en el caso de Potenciar Trabajo, el monto permanece congelado desde 2024, lo que implica una pérdida sostenida de poder adquisitivo. La Tarjeta Alimentar, por su parte, no se actualiza desde julio de 2024.

La recaudación no acompaña

Del lado de los ingresos, el panorama fue más débil. La recaudación total ascendió a $14,52 billones, con una caída interanual real de 1,2%. Entre los tributos con mayores retrocesos se destacaron Bienes Personales (14,6%) y los Derechos de Exportación (40,7%), afectados por liquidaciones anticipadas y cambios transitorios en retenciones.

El IVA también mostró en enero una contracción real, lo que sugiere que el consumo interno todavía no logra consolidar una recuperación.

El informe introduce además otro elemento que matiza el resultado fiscal. El superávit financiero informado no contempla la capitalización de intereses de títulos públicos en pesos, como LECAP, BONCAP y DUALES. Si se incorporan esos intereses devengados pero no pagados, el resultado del mes se tornaría deficitario.

“Si se incluyen únicamente los intereses capitalizados en LECAP, BONCAP y DUALES (el mismo mes alcanzaron $2,81 billones), el resultado financiero pasaría a ser deficitario por $1,71 billones. A su vez, observando el acumulado del año pasado, el resultado financiero totaliza un superávit de $1,45 billones, mientras que los intereses capitalizados en LECAP suman $28,75 billones, más del doble la transferencia de utilidades efectuada por el BCRA al Tesoro el 25 de abril por $13,94 billones. Por lo tanto, considerando estos intereses capitalizados, el déficit financiero acumulado alcanzaría $27,30 billones en 2025″, analiza el relevamiento.

En paralelo, el Gobierno enfrenta el cumplimiento de metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional. La última revisión fijó un objetivo indicativo de superávit de $4,29 billones para marzo de 2026 y una meta de $8,46 billones para junio, sujeta a revisión. Si el desempeño de 2025 se replicara este año, CEPA adelanta que la meta de marzo se superaría, aunque faltarían $1,48 billones para alcanzar el objetivo de junio, lo que implicaría sostener un promedio mensual de $1,07 billones durante los próximos cinco meses.