El Centro Simon Wiesenthal condenó este jueves los intentos de utilizar el sistema judicial chileno para procesar a ciudadanos israelíes y a nacionales chileno-israelíes bajo el principio de jurisdicción universal, al que calificó de herramienta política en manos de grupos activistas con vínculos cuestionables.
En el centro de la controversia se encuentra una denuncia presentada por la Fundación Hind Rajab (HRF) ante tribunales chilenos contra un soldado israelí que visitaba el país como turista. La HRF se presenta como una organización de derechos humanos con sede en Bélgica, pero el Centro Wiesenthal cuestionó duramente la trayectoria de su liderazgo.
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Según la organización, el líder de la HRF, Dyab Abou Jahjah, ha reconocido haber recibido entrenamiento de Hezbollah y ha expresado públicamente su apoyo a Hamas, incluyendo la justificación de los ataques del 7 de octubre de 2023. El Centro también señala que su historial incluye negación del Holocausto, defensa de la imposición de la sharía en Europa y hostilidad hacia los derechos LGBTQ.
La organización también cuestionó lo que describió como una preocupante distorsión histórica por parte de la HRF, que habría comparado la muerte de una niña palestina en el conflicto con Ana Frank y equiparado a soldados israelíes con el régimen nazi, responsable del exterminio sistemático de seis millones de judíos.
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“La distorsión de la memoria de Ana Frank y de Simon Wiesenthal, quien dedicó su vida a llevar a los criminales nazis ante la justicia, en contra de las acciones defensivas del Estado de Israel es profundamente perversa”, declaró el Dr. Ariel Gelblung, Director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina. “Banaliza la Shoá y equipara a los descendientes de las víctimas del Holocausto con sus perseguidores.”
Gelblung agregó que esa inversión es precisamente lo que la Definición de Antisemitismo de la Alianza Internacional de Memoria del Holocausto (IHRA) identifica como una manifestación contemporánea de antisemitismo.
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El Centro subrayó que la jurisdicción universal fue concebida para procesar a los responsables de genocidios y crímenes de lesa humanidad, y no como instrumento para señalar a individuos que cumplieron con el servicio militar obligatorio sin tener autoridad en la toma de decisiones sobre política estatal. “Particularmente en el contexto de la guerra que comenzó tras la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023”, precisó la organización en un comunicado.
La denuncia ante los tribunales chilenos no es un hecho aislado. Según el Centro Wiesenthal, en los últimos años grupos activistas en Chile han impulsado iniciativas contra ciudadanos chilenos que completaron su servicio militar en Israel, incluyendo llamados a la revocación de su ciudadanía.
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El Dr. Darío Pendzik, Director Asistente de la oficina del Centro para América Latina, advirtió sobre las consecuencias institucionales de ese camino. “El sistema judicial chileno no debe convertirse en un instrumento de campañas ideológicas internacionales. Defender el derecho internacional significa protegerlo de la manipulación política. Cuando los mecanismos legales se instrumentalizan para una selección dirigida, la integridad misma de la justicia queda en riesgo”, sostuvo.
El Centro Simon Wiesenthal, fundado para rastrear a criminales de guerra nazis y preservar la memoria del Holocausto, reafirmó su compromiso con la defensa de la verdad histórica y la lucha contra el antisemitismo en todas sus formas, e instó a garantizar que los principios del derecho internacional no sean utilizados de manera que erosionen el Estado de derecho.
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