La Policía culpó al servicio de cárceles por la fuga de un prófugo vinculado al magnicidio de Fernando Villavicencio

La Policía Nacional de Ecuador atribuyó a presuntas fallas en los controles del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) la prelibertad y posterior fuga de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”, señalado como cabecilla de la organización criminal Los Lobos y procesado por su presunta participación en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Según un informe policial fechado el 26 de enero de 2026 y cuyo contenido fue revelado por el medio Primicias, la Unidad Investigativa Antidelincuencial (UIAD) concluyó que el seguimiento al régimen de prelibertad otorgado a Aguilar presentó inconsistencias que no fueron reportadas oportunamente al juez competente. El documento sostiene que los controles virtuales implementados para verificar el cumplimiento de las condiciones habrían sido insuficientes y carecieron de validaciones efectivas sobre la identidad y ubicación real del beneficiario.

Aguilar obtuvo el beneficio de prelibertad en 2022 por decisión del juez de garantías penitenciarias de Latacunga, Víctor Darío Barahona, dentro de un proceso por asesinato. Entre las condiciones impuestas constaban la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad designada, residir en un domicilio fijo, acreditar actividad laboral o académica y entregar reportes periódicos al SNAI. No obstante, tras un incidente armado ocurrido durante una comparecencia presencial, el juez autorizó que los controles se realizaran de manera virtual por razones de seguridad.

De acuerdo con el informe policial citado por Primicias, el sistema de verificación habría permitido la remisión de fotografías repetidas para justificar comparecencias, en varias de las cuales Aguilar aparecía con el rostro cubierto. La Policía también indicó que no se habrían efectuado visitas domiciliarias mensuales para comprobar su permanencia en la dirección registrada en Quito, ni se habría informado al juez sobre posibles incumplimientos o inconsistencias detectadas durante el seguimiento.

El SNAI, por su parte, presentó un descargo interno en el que reconoció que recomendó el uso de controles virtuales debido a riesgos de seguridad y que ciertos procedimientos se aplicaban conforme a criterios internos. Según el mismo reporte periodístico, la unidad de reinserción correspondiente solicitó al juez una prórroga para remitir documentación adicional sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas.

La controversia se produce en el contexto de las investigaciones por el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin político en Quito. El crimen, que conmocionó al país en plena campaña presidencial, fue atribuido por la Fiscalía General del Estado a estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico. En el proceso judicial se han señalado a miembros de la organización Los Lobos como presuntos autores intelectuales y materiales del atentado.

Alias “Lobo Menor” ha sido mencionado por las autoridades como uno de los presuntos cabecillas de esa estructura y actualmente permanece prófugo. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades tanto en el magnicidio como en eventuales omisiones administrativas relacionadas con su régimen de prelibertad.

El caso ha reavivado el debate sobre los mecanismos de concesión y control de beneficios penitenciarios en Ecuador, especialmente en un escenario marcado por la expansión de bandas criminales dentro y fuera de los centros de privación de libertad. En los últimos años, el sistema carcelario ecuatoriano ha enfrentado crisis recurrentes de violencia, cuestionamientos sobre corrupción interna y limitaciones operativas del SNAI.

Fuentes judiciales citadas por Primicias señalaron que el informe policial forma parte de la documentación remitida a la autoridad competente para evaluar posibles responsabilidades administrativas o penales derivadas del seguimiento al beneficio concedido. Hasta el momento, no se ha informado de decisiones disciplinarias específicas relacionadas con el caso.

La Policía Nacional sostiene que la falta de verificación efectiva del domicilio y de las comparecencias facilitó que Aguilar evadiera el control institucional. El SNAI, en cambio, ha enfatizado que actuó bajo lineamientos judiciales y condiciones de seguridad excepcionales. La definición de eventuales responsabilidades corresponderá a las instancias administrativas y judiciales en curso.

Mientras tanto, la condición de prófugo de uno de los presuntos cabecillas vinculados al asesinato de un candidato presidencial mantiene bajo escrutinio el sistema de prelibertad y los mecanismos de supervisión penitenciaria, en un país que continúa enfrentando una crisis de seguridad sin precedentes.