Tras la salida del Indec de Marco Lavagna, el Gobierno postergó de manera indefinida la actualización de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero éste fue un cambio que había sido pedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del programa con Argentina.
Así lo explicitó el organismo en su último staff report, publicado en agosto pasado. “Se espera que el organismo estadístico (Indec) publique hacia fines de 2025 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado, basado en la encuesta de gastos de los hogares 2017-2018, con el objetivo de reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos”, señala el documento.
“La fecha precisa de esta publicación será discutida en el marco de la próxima revisión”, agregó.
El anuncio de implementación por parte del instituto estadístico llegó en octubre: “IMPORTANTE: de acuerdo con las buenas prácticas estadísticas que guían al Indec, se informa que la implementación de la metodología de cálculo del Índice de precios al consumidor con base en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018 se comenzará a difundir con los resultados de las variaciones de enero de 2026″.

Lo sucedido podría ser un punto de discusión con el Fondo a la hora de revisión de las metas acordadas. De hecho, llegó una misión del organismo a Buenos Aires para reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo. “Como parte de nuestro compromiso continuo, una misión técnica del FMI, encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, se encuentra actualmente en Buenos Aires para las discusiones relacionadas con la segunda revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo y la consulta del Artículo IV para Argentina. Brindaremos más información sobre los próximos pasos a su debido tiempo”. La misión llegó a Buenos Aires en la mañana del 5 de febrero.
No obstante, Joaquín Cottani, ex viceministro de Economía de Caputo, afirmó recientemente que la actualización de la metodología para medir la inflación ya estaba terminada cuando integraba el Gobierno —se desempeñó como secretario de Política Económica entre diciembre de 2023 y junio de 2024— y que la intención oficial era publicarla ese mismo año.
Según detalló, incluso se analizaron distintos cronogramas para su difusión, pero finalmente el Ejecutivo optó por postergarla, sin que mediaran —a su juicio— motivos técnicos de peso.
“El índice estaba listo y la idea era que saliera en 2024”, dijo. Relató que mantuvo una reunión con Lavagna con la intención de definir una fecha concreta y que estaba dispuesto a retrasar el lanzamiento algunos meses respecto del cronograma original. “Yo estaba dispuesto a postergar lo que originalmente había sido previsto para junio de 2024 a septiembre”, precisó.

El exfuncionario sostuvo que no existían fundamentos sólidos para extender la postergación. Admitió que, en un escenario de desaceleración inflacionaria tras niveles muy altos, podía comprenderse cierta cautela para no alterar las expectativas, aunque subrayó que ese criterio tenía un margen temporal acotado. “Se podía entender que, como la inflación estaba bajando desde un nivel bastante alto, fuera conveniente no generar demasiado ruido”, señaló.
En este contexto, vale recordar uno de los fragmentos de la carta de despedida enviada por Lavagna a los trabajadores del Indec para comunicar su renuncia: “Sabemos que la realidad económica y social cambia permanentemente y que el sistema estadístico nacional necesita seguir adaptándose y fortaleciéndose. En ese camino, quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente”.
Qué cambiaba con el nuevo IPC
La modificación más importante en el IPC radicaba en la adopción de la canasta de consumo surgida de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, que reemplaza a la vigente desde 2004. La actualización busca reflejar con mayor fidelidad los patrones actuales de consumo.

Las variaciones más significativas aparecen en Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, cuyo peso pasa de 9,4% a 14,5%, lo que incrementa la incidencia de las tarifas de servicios públicos en el índice.
En Transporte, la ponderación sube de 11% a 14,3%, elevando la incidencia de combustibles y pasajes. Comunicaciones incrementa su participación de 2,8% a 5,1%, otorgando mayor peso a servicios de internet y telefonía móvil, mientras que Educación pasa de 2,3% a 3,1%, con mayor efecto de cuotas y servicios educativos.
Salud mantiene una participación relativamente estable, al pasar de 8,0% a 9,1%. En contraste, Alimentos y bebidas reduce su peso de 26,9% a 22,7%, lo que implica una menor influencia del sector agroalimentario, que había contribuido a la aceleración inflacionaria observada en el último tramo de 2025.
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