
Argentina busca evitar el pago de USD 1.800 millones por un fallo desfavorable en el caso Cupones PBI, el cual comenzó a partir de presuntos errores de cálculo por parte del Indec sobre la evolución del Producto Bruto en 2013.
“La República Argentina presenta en una corte del Distrito de Columbia un pedido de desestimación del proceso de reconocimiento del fallo por los Cupones PBI en Euros. Los beneficiarios del fallo inapelable de una corte londinense, buscan ejecutar la sentencia en EEUU por falta de pago”, informó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.
“Este es un caso que el FMI ya a indicado que Argentina debe resolver ya que no existen instancias legales adicionales para el país. El monto supera los USD 1.800 millones”, añadió.
Al respecto, los demandantes en el juicio habían asegurado al organismo que no hay negociaciones en curso con el país de “buena fe”.
El argumento de Argentina para hacer dicha presentación, según Maril, es que la demanda carece de jurisdicción en EEUU. En esta oportunidad, los fondos involucrados son Palladian Partners, L.P, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limites.
El proceso, indica el especialista, es el siguiente: en primer lugar, se pide reconocimiento de jurisdicción de un fallo emitido por otra corte y después, si se otorga, empieza la búsqueda de activos.
Desde la Procuración del Tesoro, la cual lleva adelante la defensa del país, manifestaron: “Argentina presentó hoy un pedido de rechazo al intento de ejecución del fallo en Estados Unidos, y continúa resistiendo activamente la ejecución de la sentencia, defendiendo con solidez su posición jurídica y haciendo valer los límites que establece la legislación estadounidense sobre inmunidad soberana”.
Recientemente, el grupo de instituciones de inversión conocido como el Exchange Bondholder Group, cuyas firmas integrantes han sido inversoras en la Argentina durante décadas; se quejaron en su cuenta de X luego de un posteo del presidente Javier Milei: “Muy bien Sr. Presidente, ¿y cuál es su plan para pagar los cupones PBI?”.
Milei había señalado, apuntando a la escasez de bonos soberanos, que el Gobierno prevé afrontar los pagos con organismos multilaterales mediante la liquidación de activos del Estado.
En ese marco, según Milei, el esquema de déficit cero garantiza el pago de los intereses de la deuda y, en el escenario más adverso, sólo requeriría un roll-over de los vencimientos, aunque se buscarán fuentes alternativas de financiamiento para continuar cumpliendo con las obligaciones.
El mandatario consideró que estas dos condiciones derivan en una oferta de títulos al mercado menor o, en el mejor de los casos, no creciente. Al mismo tiempo, la solidez de los fundamentos macroeconómicos y su mejora en la dinámica económica apuntalan una demanda de bonos en expansión.
“Por lo tanto, oferta de bonos NO creciente y demanda de bonos en crecimiento implica mayores precios para los títulos argentinos y por ende menores tasas de interés y con ello menor riesgo país”, sostuvo Milei.
Vale recordar que los Cupones PBI eran bonos que contemplaban pagos adicionales atados al crecimiento de la economía, emitidos en el marco de las reestructuraciones de deuda realizadas en 2005 y 2010.

Pero el Indec modificó en 2014 la base de cálculo del PBI, al pasar de la serie con año base 1993 a una base más actualizada, vinculada al censo económico de 2004. La decisión implicó una revisión de las estadísticas oficiales de años anteriores, incluido 2013.
Con la metodología anterior, el crecimiento de la economía en dicho año se ubicaba en torno al 4,9%. Sin embargo, con la nueva base de cálculo, el Indec informó una tasa sensiblemente menor, del 3,2%.
Así, el crecimiento informado quedó por debajo del nivel exigido para habilitar los pagos vinculados al desempeño de la economía. Los bonos fijaban un piso de expansión de alrededor de 3,22% o 3,3% anual para gatillar esos desembolsos, pero la medición correspondiente a 2013, tras el cambio de base estadística, no alcanzó ese umbral y el pago no se activó.
De este modo, el gobierno de Cristina Kirchner evitó en ese momento el desembolso de más de USD 3.600 millones en intereses.
A su vez, en agosto pasado un grupo de inversores liderados por Aurelius Capital Management, un fondo buitre, presentó una demanda en Nueva York contra Argentina por el mismo motivo. El reclamo asciende a aproximadamente 2.600 millones de dólares, incluyendo intereses. El fondo buscaba también que los fallos en Londres se consideren vinculantes en EEUU y asegurarse el pago.
Aurelius es uno de los holdouts que firmó el acuerdo con el Gobierno de Mauricio Macri en 2016 para la reestructuración de la deuda en default. Con posterioridad a ese acuerdo, decidió avanzar con una nueva demanda contra la Argentina en 2019.
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