Los demandantes por el cupón PBI que reclaman USD 1.500 millones advirtieron al FMI que la Argentina no negocia de buena fe

Los demandantes en el juicio por los bonos cupón PBI aclararon al Fondo Monetario Internacional (FMI) que no mantienen negociaciones, mucho menos “de buena fe”, con la Argentina por el pago pendiente de una sentencia emitida en Reino Unido de USD 1.500 millones.

Los tenedores de Warrants pidieron al organismo que modifique el texto de la primera revisión técnica del acuerdo firmado con el país en abril, tras el cual se concretó un desembolso de USD 2.000 millones. Advirtieron que, en el apartado del informe sobre “pasivos contingentes” del país, el staff del FMI hizo referencia a supuestos “esfuerzos de buena fe” entre los titulares de estos títulos y el Gobierno de Javier Milei para regularizar los atrasos mediante un plan de pago.

En un comunicado difundido por PR Newswire, los beneficiarios del fallo afirmaron: “Los demandantes consideran importante aclarar que no hay negociaciones en curso entre ellos y la República. La República ha declarado que asistirá a dichas negociaciones, pero se niega a acordar una fecha o lugar para su celebración. Mientras tanto, la República rehúsa cooperar con las medidas adoptadas por los Demandantes para ejecutar la deuda judicial en nombre de los titulares de las órdenes de arresto. La República tampoco abona los intereses diarios correspondientes por la deuda pendiente”, publicaron los beneficiarios del fallo.

Además, puntualizaron: “Los Demandantes han escrito al FMI para confirmar que no se están llevando a cabo negociaciones, y mucho menos negociaciones realizadas de buena fe por la República. Han solicitado al FMI que actualice su Informe del Personal Técnico en consecuencia”.

Los tenedores de Warrants también cuestionaron la estimación del staff del organismo sobre un eventual regreso de la Argentina a la emisión de bonos en divisas bajo ley extranjera para 2026.

Aclararon: “Si bien los Demandantes respaldan el retorno de la República a los mercados de capitales, consideran necesario que el país resuelva primero sus atrasos externos, especialmente los vinculados a emisiones anteriores de deuda, considerando su amplio historial de incumplimiento. Alientan a la República a mantener una interacción transparente con el FMI y con los tenedores de warrants respecto a dichos atrasos y a los planes para cancelarlos. Los Demandantes reiteran su disposición al diálogo. Sin embargo, pese a ello, y contrario a lo que señala el Informe del Personal Técnico del FMI, no existen conversaciones en curso”.

El informe del FMI advierte que el análisis sobre pasivos contingentes se alinea con “riesgos moderados a mediano plazo de estrés soberano” para el país. Destaca: “El escenario ilustrativo de shock de pasivos contingentes indica riesgos potenciales de sorpresas de deuda provenientes de fuera del perímetro actual de deuda del gobierno central y de pagos de compensación derivados de sentencias internacionales desfavorables. El shock se ajusta a las circunstancias de Argentina mediante la simulación de una materialización única de deuda (del 6% del PIB), equivalente al saldo total de la deuda provincial y a eventuales pagos de compensación combinados por los litigios en curso. Aunque la dinámica de la deuda se mantiene cerca de la línea base en los escenarios de contingencia, deben proseguir los esfuerzos para evitar el rescate financiero de deudas provinciales y resolver los litigios pendientes”, detalló el staff en la primera revisión tras el acuerdo firmado por USD 20.000 millones en abril.

Entre los riesgos de mayor impacto figura la sentencia por USD 16.000 millones relacionada con la expropiación de YPF. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York debe decidir entre hoy y mañana si la Argentina entregará el 51% de las acciones de la petrolera, si podrá apelar sin desprenderse del capital accionario, o si debe ofrecer otra garantía. El desenlace de este caso representa un riesgo central para el país.

En 2023, la justicia británica condenó a la Argentina a pagar unos USD 1.500 millones (1.300 millones de euros más intereses) a los bonistas del Cupón PBI. En febrero, los demandantes ejecutaron una garantía por 313 millones de euros que la Argentina había depositado en marzo a través de una Carta de Crédito emitida por Banco Santander. Aunque no se conoce la composición exacta de esa garantía, expertos estiman que está constituida por efectivo o Letras de pago inmediato.

La decisión del Tribunal Superior de Londres se originó en la intervención del Indec en 2007, cuando Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, manipuló los datos de inflación. En 2013, el organismo modificó el cálculo del PBI y reportó un crecimiento del 3,2%, lo que impidió el pago a los tenedores de cupones PBI. Esa alteración motivó la demanda de cuatro fondos internacionales.

Con la nueva metodología, el Indec difundió un crecimiento inferior al umbral del 3,22% necesario para activar el pago de los warrants. Bajo la base previa de 1993, el PBI había subido un 4,9%. Así, el gobierno de Cristina Kirchner evitó en ese momento el desembolso de más de USD 3.600 millones en intereses. El conflicto permanece sin resolución definitiva.