El sector minero insiste con la Ley de Glaciares y asegura que protege los recursos hídricos

El sector minero volvió a poner el foco en la Ley de Glaciares, cuestionada en los últimos meses por reclamos de empresas y funcionarios que piden aclaraciones técnicas a su redacción. Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) sostienen que las modificaciones propuestas no afectan la protección del recurso hídrico y que la ley vigente ya permite operar sin comprometer las reservas de agua.

En un comunicado oficial, la entidad reafirmó: “nuestro compromiso con la protección de glaciares y ambiente periglacial que cumpla función hídrica relevante”. Además, destacó que la minería argentina se desarrolla en forma sustentable, generando empleo y actividad económica sin poner en riesgo el agua disponible para las comunidades y otros usos productivos.

Consumo de agua y sostenibilidad

Uno de los argumentos centrales planteados por CAEM se refiere al consumo de agua en la industria minera. En su escrito, la cámara señaló que el sector representa “una fracción muy pequeña del consumo hídrico total” en las regiones donde opera. Según el organismo, en esas zonas aproximadamente el 93% del agua se destina a la agricultura, mientras que las industrias en su conjunto consumen el 7% restante, de los cuales la minería ocuparía apenas el 1%.

El comunicado también destacó que, dentro de los procesos productivos, “la mayor parte del agua que se emplea se reutiliza” y que entre el 70% y el 90% del agua se mantiene en circuitos cerrados, recirculándose internamente en las plantas. Para CAEM, este tipo de prácticas es una prueba de eficiencia en el uso de un recurso que, remarcan, tiene múltiples funciones dentro del desarrollo de proyectos mineros, desde la perforación segura hasta la separación de minerales.

El sector recordó además que la actividad minera en Argentina opera bajo un exigente marco regulatorio en materia de manejo de agua. “Para poder operar, cualquier proyecto minero debe presentar un informe de impacto ambiental”, explicó CAEM, haciendo referencia a los requisitos establecidos por la Ley 24.585. Estos estudios, agregaron, se actualizan cada dos años y son auditados por autoridades provinciales con participación de organismos técnicos, universidades y comunidades locales que participan en monitoreos participativos.

Controles y estándares internacionales

La cámara empresaria subrayó que, más allá de los requisitos locales, las empresas han adoptado protocolos y estándares internacionales de sostenibilidad, como HMS/TSM, ICMM, ISO e IRMA. Para CAEM, estos marcos externos “suman capas adicionales de control y mejoran la eficiencia en el uso del agua”.

“El agua cumple múltiples funciones y se reutiliza en gran parte; la minería puede operar en zonas cordilleranas sin afectar reservas hídricas gracias a planificación, ingeniería y monitoreo permanente”, planteó la entidad en su comunicado, sin dar cifras nuevas pero resaltando la importancia de los estándares técnicos y de gestión adoptados por la industria.

Debate sobre la Ley de Glaciares

En paralelo, la discusión pública en torno a la Ley 26.639, la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, se ha intensificado, con voces que reclaman claridad y otras que advierten sobre posibles riesgos ambientales si se debilita su alcance.

La normativa, sancionada hace 15 años, creó un inventario nacional de glaciares y prohibió actividades que pudieran afectar su condición natural, con especial énfasis en la minería y la industria de hidrocarburos. El inventario identifica y monitorea todos los glaciares y ambientes periglaciales del país, según la descripción legal vigente.

Sin embargo, un proyecto de modificación enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en diciembre pasado, presentado como “interpretativo”, ha suscitado críticas de sectores ambientalistas y académicos, que lo consideran una forma de flexibilizar los estándares de protección. La propuesta apunta a limitar la protección a aquellos glaciares que cumplan una función específica de reserva hídrica o de recarga de cuencas, lo que, según sus detractores, dejaría fuera de cobertura otras funciones ambientales.

En ese sentido, desde CAEM manifestaron que es “necesario aclarar técnicamente, especialmente sobre las zonas periglaciares”, para evitar que crioformas sin función hídrica relevante sean confundidas con áreas estratégicas. El comunicado agregó que este tipo de confusiones podría generar “restricciones innecesarias sin mejorar la protección real”.

Perspectivas desde el sector minero

La insistencia del sector minero en este punto responde, en parte, a reclamos que vienen expresándose desde hace meses. Directivos del sector han señalado en ámbitos técnicos que la definición de crioformaciones contenida en la ley actual es demasiado amplia y puede incluir elementos que no aportan de manera significativa al ciclo hídrico, lo que afecta la previsibilidad para desarrollar proyectos productivos.

Representantes de la industria han argumentado que estas imprecisiones legales pueden traducirse en "inseguridad jurídica" y dificultades para planificar inversiones a mediano y largo plazo. En encuentros con legisladores, se ha insistido en la necesidad de establecer definiciones claras que permitan distinguir entre cuerpos de hielo con función hídrica relevante y otros que, según esta visión, no deberían quedar bajo el mismo nivel de protección.