Durante 2025, el Gobierno volvió a postergar de manera sistemática la actualización plena del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono (ICL y CO₂), una decisión que implicó resignar ingresos fiscales por un total estimado de USD 2.326 millones. El dato surge de un informe de la consultora Economía y Energía (EyE), que calculó el impacto de los diferimientos aplicados a lo largo del año para evitar un traslado mayor a los precios en surtidor.
La normativa vigente establece que el ICL y el impuesto al CO₂ deben actualizarse de manera trimestral en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional. Sin embargo, ese mecanismo automático volvió a ser suspendido en múltiples oportunidades. En su lugar, el Poder Ejecutivo optó por autorizar aumentos parciales y postergar el resto del ajuste para meses posteriores, una práctica que se repitió a lo largo de todo el año.
“La actualización parcial del monto del impuesto en el mes de diciembre de 2025 significó una pérdida de recaudación estimada en USD 173 millones por las ventas de combustibles de dicho mes”, señaló la consultora. Con ese dato, el acumulado anual de ingresos resignados por este concepto alcanzó los USD 2.326 millones.
Cómo impactaron los diferimientos durante 2025
El informe detalla que el desfasaje entre la evolución normativa del impuesto y su aplicación real se fue profundizando a lo largo del año. Mientras el monto del ICL y del impuesto al CO₂ debería haberse ajustado de forma periódica siguiendo la inflación, el Gobierno decidió fraccionar los aumentos para moderar el impacto sobre el precio final de las naftas y el gasoil.
En diciembre, el incremento autorizado fue de $17,4 por litro en el caso de las naftas y de $15,1 por litro para el gasoil. Sin embargo, los montos que quedaron pendientes y se trasladaron a los primeros meses de 2026 son sustancialmente mayores: $224,9 por litro para las naftas y $110,7 por litro para el gasoil, siempre considerando los valores nominales publicados por el Indec.
EyE aclaró que esos montos no se trasladan de manera plena al precio en surtidor a nivel nacional. Esto se debe a que los biocombustibles están exentos del impuesto y a que las ventas realizadas en la zona sur del país cuentan con beneficios impositivos. De acuerdo con el cálculo de la consultora, el impacto promedio efectivo en diciembre fue de $13,7 por litro en naftas y de $13,3 por litro en gasoil.
El cálculo de la pérdida fiscal
Para estimar la recaudación resignada, EyE tomó como base el volumen de ventas de combustibles de noviembre y diciembre de 2025, asumiendo niveles similares a los registrados en los mismos meses de 2024. Además, contempló que el 11% de las ventas totales corresponde a zonas exentas, un corte obligatorio con biodiésel del 7,5% y con etanol del 12%, factores que reducen la base imponible del tributo.
Con esos supuestos, la consultora concluyó que solo en diciembre la decisión de aplicar una suba parcial implicó dejar de percibir USD 173 millones. Ese monto se sumó a los ingresos que el Estado ya había resignado en los meses previos por la misma estrategia, lo que llevó el total anual a USD 2.326 millones.
En el informe, EyE recordó que “con el objetivo de evitar poner presión al precio de los combustibles en surtidor, la actualización del monto del impuesto fue postergada en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años”. Durante 2025, esa política volvió a tener un peso significativo sobre las cuentas públicas.
Un esquema que se traslada hacia 2026
La postergación de los aumentos no elimina la obligación de actualizar el impuesto, sino que la difiere en el tiempo. De este modo, parte del ajuste que no se aplicó durante 2025 quedó concentrado en los primeros meses de 2026, cuando está previsto que entre en vigencia el incremento pendiente acumulado.
De todas formas, mediante el decreto 929/2025 el Gobierno volvió a autorizar una suba parcial de los impuestos en enero de este año. Eso significa que la brecha pendiente, tanto para la nafta como para el gasoil, sigue vigente para los meses próximos. El ajuste parcial del impuesto previsto para enero de 2026 implicará una merma en la recaudación, calculada en 147 millones de dólares, correspondiente a las ventas de combustibles durante ese mes, según estimaciones de EyE.
En términos fiscales, esto implica que la recaudación resignada en 2025 no se recupera, aunque sí se incrementa la carga impositiva futura si no se vuelven a disponer nuevos diferimientos. A lo largo del año, esa política permitió moderar el impacto inmediato sobre los precios en surtidor, pero a costa de una pérdida de ingresos relevante para el Tesoro.
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