
Mientras el Gobierno profundiza su disputa con los intendentes por la suba de tasas municipales dado su impacto en la inflación, el 36% de los distritos bonaerenses muestra niveles bajos, regulares o nulos de transparencia. El dato se conoce después de que en las últimas semanas trascendieran varios intentos de aumentar los tributos.
Así surge de un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). “Es necesario un mayor esfuerzo por parte de los municipios para alinearse con las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal y promover prácticas de gestión más saludables y transparentes”, señalaron.
Según ASAP, ese 36% tiene en común un cumplimiento insuficiente de las pautas de referencia, tanto en lo relativo a la exposición de la información como al respeto de los plazos establecidos para su publicación. En otros casos, directamente no se observa ninguna difusión de las cuentas públicas o bien, se encuentran completamente desactualizadas.
El estudio concluyó que 68 jurisdicciones alcanzaron un nivel estricto o alto en el índice de transparencia, una cifra superior a la registrada en el relevamiento anterior, cuando habían sido 57.
En tanto, 18 distritos se ubicaron en un nivel medio y otros 28 en rangos bajos o regulares.
Por su parte, 21 municipios quedaron clasificados en categoría nula, al no cumplir con la publicación de la información presupuestaria y de ejecución relevada, un número prácticamente idéntico al de marzo de 2025.
Dicha entidad aseguró que si bien se evidencia un incremento en la cantidad de gobiernos locales con estándares elevados de transparencia, sigue siendo significativo el grupo que presenta mal desempeño. Aun así, existe una tendencia de mejora gradual en la disposición de los distritos a difundir sus datos fiscales.
“Seguiremos exponiendo a los intendentes que suban impuestos”, afirman en Casa Rosada a raíz de casos como el de Pilar, donde se incrementó la Tasa de Protección Ambiental. Puntualmente, se estableció una alícuota del 2% sobre cada operación a grandes comercios, supermercados, industrias y hoteles; calculada en base al importe neto del Impuesto al Valor Agregado.
El ministro de Economía, Luis Caputo, recomendó a través de su cuenta de X “no comprar nada en Pilar”. Posteriormente, el Palacio de Hacienda abrió un nuevo portal de Transparencia Tributaria Municipal en el que se detallan las tasas que cobra cada distrito —incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)— y releva aspectos clave como las bases imponibles y las alícuotas vigentes.
“Mientras desde el gobierno les estamos devolviendo al sector privado más de 15 mil millones de dólares al año en baja de impuestos, algunos intendentes suben tasas municipales a su antojo. Esto afecta tanto a las empresas como a los consumidores finales, que son los que terminan pagando el costo de administradores irresponsables", apuntó el funcionario.
Inspecciones caras
Otro de los municipios señalados es Lanús, cuya Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) a los hipermercados alcanza una alícuota del 6% sobre la base de Ingresos Brutos.
“Los vecinos de Lanús, padeciendo la inoperancia de su intendente, pagan precios más altos que en otros municipios. Bien los supermercados explicitando que la suba es sólo en Lanús”, había manifestado Caputo en septiembre del año pasado, luego de que grandes cadenas colocaran carteles en la entrada de sus locales para advertir a los clientes que debían aumentar los precios de sus productos por un ajuste del 3,3% en la tasa.
En tanto, días atrás el Concejo Deliberante de Coronel Suárez, conducido por Ricardo Moccero (Fuerza Patria), dio luz verde a la implementación de un recargo del 2% sobre el precio de los combustibles en el distrito.
En ese mismo sentido avanzan Cañuelas y Ramallo. En el primer caso, el municipio busca aplicar una alícuota de entre 1% y 2% a los combustibles líquidos y el gas natural comprimido (GNC) que se expendan en la jurisdicción, bajo la figura de la Tasa Municipal de Mantenimiento Vial.
En Ramallo, cuya gestión depende de Mauro Poletti, el nuevo Código Tributario habilita la incorporación de una tasa del 2% sobre los combustibles.
Al justificar la medida, el intendente minimizó su impacto y sostuvo que el cargo sería marginal: “Es una gota en el mar lo que se va a cobrar. En un tanque de combustible puede representar unos 1.200 pesos sobre una carga de entre 60.000 y 70.000 pesos, y en tanques más grandes no superaría los 1.800 pesos”, explicó en diálogo con La Nueva Radio.
Ante este panorama, Fernando Rolando, gerente de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra), dijo: “Nuestra posición es contraria a las tasas municipales, porque ya hay impuestos y tasas en el combustible que cubren esas necesidades. Hoy, aproximadamente la mitad del costo corresponde a impuestos y tasas; por lo tanto, sumar uno más distorsiona los precios y genera desigualdades competitivas entre distritos”.

La confrontación del Ejecutivo con los intendentes —en particular con los bonaerenses— no es nueva. A comienzos de este año, Caputo instó a las provincias a avanzar con medidas para que los municipios deroguen tasas cuyos montos no guardan relación con el costo de los servicios prestados y que, según el Gobierno, resultan “ilegales y arbitrarias”.
En el escrito, reclamó la eliminación de “las tasas municipales que presentan una coincidencia sustancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables; que no resultan razonables en función del costo del servicio efectivamente prestado; y que no respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Asimismo, solicitó que se intime a los municipios y que, en caso de incumplimiento, se los suspenda de la participación en la masa coparticipable.
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