Dos empresarios pyme quedaron al borde de la quiebra por un juicio laboral: “Te dejan fuera del sistema, te destruyen”

Los propietarios de “Naranja Mandarina”, Mariana Cademartori y Sebastián Martino, relataron a Infobae en Vivo cómo fue el proceso judicial por el que llegaron a deber una cifra millonaria a uno de sus revendedores, que se consideró un empleado en relación de dependencia, los demandó y hoy los deja al borde de la quiebra. Los empresarios manifestaron una profunda angustia por la posibilidad de tener que cerrar las puertas y dejar sin trabajo a la gente que los acompaña desde sus inicios.

Se trata de una pyme de Junín dedicada desde hace 12 años a la fabricación y venta de ropa para niños, que cuenta con tres empleados y actualmente atraviesa una crisis a raíz de un fallo judicial de la justicia bonaerense que obliga a los dueños a pagar la suma de $190 millones e impone un embargo de $330 millones, lo cual supera por lejos su facturación anual.

La situación se originó cuando un revendedor se presentó ante la Justicia laboral como “empleado despedido”. Sucede que el tribunal lo consideró un viajante de Comercio.

En este marco, Martino contó que el demandante “trabajaba comprando mercadería y revendiéndola. Fue una tarea que se realizó durante varios años y, en ese marco, tuvimos algunas discusiones comerciales que derivaron en que finalmente esta persona se diera por despedida y, al mismo tiempo, se diera por empleada”.

“Hubo un conflicto puntual y, a los pocos días, recibimos una carta documento en la que afirmó ser empleado y reclamó presuntos sueldos adeudados, aguinaldos, vacaciones y otros conceptos”, detalló y aclaró que fue la persona quien dio por terminado el vínculo comercial.

A su vez, Cademartori relató que en el plazo en el que aún no se había dictado sentencia, se dictó el “fallo Barrios" que fue presentado por la parte actora, y al cual el tribunal le dio lugar, disponiendo su aplicación en esta condena.

Este fallo tiene la particularidad de permitir la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto llevó una condena que era de $14 millones hasta $190 millones.

“Más allá de que esto ya resulta gravoso en sí mismo, lo más grave es que se presentó cuando el tribunal ya debería haber dictado sentencia. Si esto se hubiese hecho en tiempo y forma, no estaríamos hoy en esta situación”, señaló Cademartori.

Por otra parte, consultada por qué les sucedió cuando recibieron el fallo, dijo: “Fue un cimbronazo, un verdadero baldazo de agua fría. Primero, porque no ganamos esa cantidad de dinero en todos los años que llevamos con la empresa. Y además, nos parece completamente injusto, desmedido, y realmente doloroso. Es muy difícil hablar con la gente con la que trabajas a diario, con la que compartís todo, y decirle: ‘No sé si esto va a poder continuar’, ‘vengan menos horas o ‘no sabemos si vamos a poder hacer la temporada que viene’”.

Además, aseguró: “Todo esto se agravó aún más cuando, mientras estábamos evaluando la posibilidad de apelar la sentencia, en tribunales como el de Junín te exigen dejar el dinero en una cuenta judicial para ir a la Suprema Corte. Y no tenemos esa plata”.

Por eso, “pedimos la posibilidad de litigar sin costas, a través de un recurso extraordinario que presentó nuestro abogado. El tribunal respondió que para eso debíamos demostrarlo con una pericia contable. Así que mandamos a hacer la pericia, mientras se cumplían los plazos establecidos por el propio tribunal”, explicó.

“Y en medio de todo esto, nos embargaron las dos cuentas bancarias por 330 millones de pesos. Nos bloquearon toda la operatoria. Los $190 millones nos complicaban, imaginate tener las cuentas embargadas por $330 millones. Eso hace que tus proveedores no acepten cheques, que los cheques que habías dado te sean devueltos, que no puedas cobrar con las cuotas bancarias. Te dejan fuera del sistema, te destruyen”, añadió.

Naranja Mandarina depende de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense acepte, antes del inicio de la feria judicial, el recurso “en queja” presentado por el abogado de la empresa. Si esto no ocurre, la firma enfrentará la quiebra.

“A mi criterio, desde la justicia laboral no se puede generar un enriquecimiento de este tipo. Porque, en definitiva, se enriquece a una persona —tenga razón o no, eso no es lo que estamos discutiendo— y al mismo tiempo se deja sin trabajo a un montón de gente. Gente que son colaboradores directos y también indirectos: talleres, personas que diseñan, y todo un entramado de trabajo que depende de la actividad", sostuvo la empresaria.

Aseguró también que “hay un montón de pymes y micropymes embargadas o condenadas por cifras que son impagables. Entonces, más allá de nuestro caso, hay algo que se tiene que revisar”.

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