Caputo cuestionó la suba de una tasa municipal en Pilar que afecta a los consumidores: “No les interesa la gente”

El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó en duros términos la suba de una tasa que aplicó el Municipio de Pilar a cada ticket emitido en las grandes cadenas de supermercados. El incremento terminará impactando de lleno en el precio que pagan los consumidores por sus compras en la localidad bonaerense.

“Mientras en La Libertad Avanza trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca. No les interesa la gente. Y encima te quieren vender que su modelo es de desarrollo”, escribió Caputo en su cuenta oficial de X, en referencia al intendente de Pilar, Federico Achával.

Como publicó Infobae en exclusiva, la controversia surgió a partir de la modificación de la Tasa de Protección Ambiental. Desde el 1 de diciembre de 2025, la tasa dejó de calcularse por un monto fijo por módulos. En cambio, se aplica una alícuota del 2% sobre cada operación, calculada sobre el importe neto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Las grandes cadenas recibieron la notificación oficial de la medida, que comenzó a regir en forma inmediata. La normativa surgió de la Ordenanza Fiscal e Impositiva N°112/25, que determinó la eliminación del esquema anterior para todas las transacciones realizadas desde diciembre pasado. Según la comunicación de la intendencia local, las cadenas comerciales tienen plazo hasta el 15 de diciembre para ajustar sus sistemas. La premura de la instrucción generó inquietud entre los supermercados, que advirtieron que no cuentan con el tiempo necesario para implementar los cambios que la nueva regulación demanda.

La percepción del 2% no solo alcanza a supermercados, sino que también involucra hipermercados, shoppings, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas designadas como agentes de recaudación. El gravamen incide directamente en el precio de cada ticket sin distinguir montos mínimos, de manera que afecta tanto a compras pequeñas como grandes.

El cambio generó la reacción inmediata de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que remitió una carta a la secretaria de Hacienda del municipio, Anahí Moretti, solicitando una audiencia “en forma urgente”. En el documento, firmado por el director ejecutivo Juan Vasco Martínez, la entidad advirtió que la aplicación de la nueva alícuota produce “graves perjuicios” a los vecinos de Pilar y señaló que “los supermercados enfrentarán problemas operativos severos por la falta de tiempo, especificaciones técnicas y reglamentación complementaria”.

Desde la ASU remarcaron que el 2% encarece cada producto que se vende bajo este régimen municipal y que el nuevo modelo “se traslada de inmediato al consumidor”. Además, indicaron que la ausencia de un mínimo no imponible afecta especialmente a quienes realizan compras de bajo monto, ya que la percepción se aplica sin excepción sobre cualquier importe.

La asociación también alertó sobre las dificultades que esta disposición genera para las campañas comerciales con precios cerrados, habituales en diciembre. Como ejemplo, señalaron que una caja navideña publicada a $10.000 elevará su precio a $10.165,28 con la nueva percepción. “Esa diferencia generará malestar en los clientes y provocará que algunos cancelen compras en la línea de cajas por no contar con el dinero extra o por el enojo generado por el cargo adicional”, advirtió la entidad en la comunicación enviada al municipio.

Al igual que en ocasiones anteriores cuando la tasa era un monto fijo —que había alcanzado alrededor de $60—, los supermercados informarán a los clientes sobre la actualización mediante cartelería en las sucursales, salvo que el municipio disponga un cambio en la resolución vigente.

El sector supermercadista alertó sobre una situación que consideran desfavorable en materia de competencia. La nueva percepción del 2% solo se aplica a supermercados, hipermercados y actividades señaladas en la norma, mientras que otros comercios como almacenes, casas de electrodomésticos, locales de deporte, pañaleras, bazares, ferreterías, pinturerías, pet shops, jugueterías y carnicerías no están obligados a cobrar ese recargo. Según la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), esta diferencia impacta especialmente en la venta de artículos de alto precio, como electrodomésticos. La entidad expuso el ejemplo de una heladera cuyo valor de $1.500.000 se incrementa en casi $25.000 debido a la percepción, lo que resta competitividad frente a negocios no alcanzados por la tasa.

ASU también advirtió sobre los efectos en transacciones realizadas mediante billeteras digitales y promociones bancarias. Indicó que, en plataformas como Modo, los reintegros se calculan sobre el monto total abonado por el cliente, sin discriminar conceptos. De esta forma, el supermercado recibe un importe final menor, aunque debe transferir al municipio el total de la percepción del 2%, lo que representa un costo adicional.

La entidad señaló, además, un posible aumento en los costos de abastecimiento relacionados con proveedores ubicados en Pilar, quienes podrían aplicar la percepción del 2% a sus ventas. En ese sentido, recordó que una disposición previa había excluido a los supermercados cuando actuaban como agentes de percepción, aunque sostuvo que el municipio no definió todavía si dicha exclusión seguirá vigente. De mantenerse el esquema actual sin contemplar excepciones, los supermercados anticipan un encarecimiento de sus compras a proveedores locales.

En la misma línea, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su “profunda preocupación y rechazo frente a la reciente decisión del municipio de Pilar de aplicar una Tasa Ambiental del 2% sobre cada operación, que impactará directo en el consumidor”.

“Esta nueva carga impositiva impactará de manera inmediata en el precio final que pagan los consumidores. En términos concretos: quienes hagan sus compras en Pilar abonarán un 2% más caro que en cualquier otro municipio, encarecimiento que se vuelve aún más sensible en pleno mes de compras por las fiestas, cuando aumenta significativamente el consumo de las familias”, estimaron.

A la vez, CADAM alertó que este tipo de medidas “profundiza la presión impositiva sobre un sector que ya opera con altos costos y que, inevitablemente, traslada mayor carga tributaria al valor de los productos básicos”.

“Es importante remarcar que casi la mitad del precio de un producto esencial, como un paquete de fideos, corresponde a impuestos. Seguir sumando tributos municipales no solo desalienta la actividad comercial, sino que termina afectando el bolsillo de millones de familias”, concluyeron.