Santa Cruz y Neuquén también firmarán con el Gobierno nacional una baja de las retenciones al petróleo

Mientras Vaca Muerta rompe todos los récords históricos de producción de crudo, el Gobierno nacional y algunas de las principales provincias productoras avanzan en un acuerdo que contempla una baja de retenciones a las exportaciones de petróleo. El objetivo, claro está, es fomentar las inversiones y la recuperación de la producción de pozos maduros, en claro declive.

La primera provincia en firmar un acuerdo con Nación fue Chubut, pero ahora se sumarán otras dos jurisdicciones. Hace apenas unas horas el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli y con el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mañana, está previsto que Vidal y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se reúnan con el ministro de Economía, Luis Caputo, para poner la firma y pasar a formar parte del acuerdo.

El convenio rubricado entre Caputo y el gobernador chubutense, Ignacio Torres, la semana pasada estipula que el Estado nacional se comprometió a reducir los derechos de exportación, mientras que las provincias mantendrán políticas de apoyo a través del análisis de regalías y cánones, y las empresas deberán asegurar la producción y los programas de inversión requeridos para dar continuidad a la actividad.

Según lo explicado por Torres, los fondos generados por la eliminación de las cargas impositivas al crudo se orientarán a incentivar nuevas inversiones en una cuenca con larga trayectoria y en proceso de disminución productiva. “Los gremios, las operadoras, el Gobierno nacional y la provincia hoy van a estar firmando”, afirmó, y consideró que “es un hecho político, más allá del impacto fiscal”.

El pedido de diversos sectores provinciales por la eliminación de las retenciones al petróleo lleva años en la agenda. El gravamen del 8% sobre el crudo, clave para el proceso de refinación local, fue objeto de reclamos sostenidos. Torres destacó el valor económico y estratégico de la nueva disposición: “Las estimaciones de la Secretaría de Energía de la Nación eran que en tres años íbamos a tener que importar ese tipo de crudo”, explicó. Esa eventualidad habría repercutido en los valores que pagan los consumidores en todo el país.

Bajo su perspectiva, la implementación del nuevo sistema trae consigo tres ventajas principales: alivio fiscal, más producción y generación de empleo, además de un impacto positivo en el precio del combustible. El entendimiento busca fortalecer la competitividad, estimular la recuperación del sector y consolidar la sostenibilidad de la matriz energética en la región patagónica.

El objetivo principal consiste en destinar el ahorro fiscal a sostener inversiones en una cuenca petrolera que mostró señales de envejecimiento y declive productivo, según lo descrito por el propio Torres. Además, el esquema prevé una mesa de competitividad permanente entre las partes, donde el compromiso apunta a mantener operativa y rentable una actividad central para la economía regional.

No alcanza con Vaca Muerta

A pesar del gran protagonismo del shale de Vaca Muerta, el sector convencional sigue siendo el ancla de la matriz energética y productiva argentina y su declino acelera riesgos logísticos para la Argentina. Actualmente, las reservas probadas de petróleo convencional ascienden a 1.450 millones de barriles, lo que representa el 48% del total de reservas probadas del país y equivale a aproximadamente ocho años de consumo del parque refinador local. En 2024, el crudo convencional representó el 46% de la producción total de petróleo, siendo la Cuenca del Golfo San Jorge la de mayor peso, al concentrar el 58% del total.

A pesar del esfuerzo realizado por las operadoras que siguen apostando a la actividad, el capital destinado a la producción de petróleo y gas no convencional se redujo desde el 2015 un 4% anual y las inversiones totales pasaron de representar del 64% al 27%.

La caída de la producción convencional no solo compromete el superávit de la balanza comercial del sector, sino que también amenaza con complicar el abastecimiento de las refinerías que requieren crudo pesado para la producción de combustibles.