Los salarios públicos perdieron más de un 30% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023

En un contexto de ajustes generalizados en el Estado, los salarios públicos muestran una marcada diferencia en su evolución según el nivel de administración. El poder adquisitivo de los trabajadores provinciales se ubicó en septiembre un 6,3% por debajo de noviembre de 2023, mientras que los asalariados nacionales experimentaron una caída del 32,6 por ciento.

Este contraste refleja un fenómeno que comenzó meses atrás y se profundizó a lo largo del año, según precisó Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

En enero de 2024, tanto el sector nacional como el provincial habían registrado una pérdida del 22% en su poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023.

Tras ese punto de partida, los salarios provinciales iniciaron una recuperación que los diferenció de sus pares nacionales, cuya capacidad de compra siguió en descenso. Esta dinámica afectó de manera directa la capacidad de consumo de miles de empleados públicos en todo el país.

La brecha salarial se acompaña de distintos niveles de gasto público en cada jurisdicción. El informe de Argañaraz señala que el gasto en salarios provinciales creció en términos reales un 11% interanual durante el primer semestre de 2025, mientras que el gasto en salarios nacionales disminuyó un 5%. Estos movimientos pueden asociarse tanto a variaciones salariales como a cambios en la cantidad de empleados públicos.

Al respecto, la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades alcanzó los 283.552 empleados en septiembre, de acuerdo al último dato del Indec. Esa cifra representa una caída interanual del 7,6% y mensual del 0,7%. En noviembre de 2023 la cantidad de trabajadores ascendían a 317.345.

Una de las problemáticas que aparecen en ese contexto de despidos masivos en el sector público es que el empleo en el sector privado sigue en caída, por lo que la capacidad de reinserción en el mercado laboral se torna compleja. Por caso, los datos del SIPA muestran que en agosto (último dato disponible) perdieron su puesto 10.555 trabajadores registrados. Desde noviembre de 2023, la reducción acumulada es de 138.573 empleos.

Vale mencionar que, según un relevamiento de Ecosur, la mayor parte del empleo público en la Argentina se concentra en los niveles provinciales y municipales, con marcadas diferencias en la cantidad de personal y en los salarios según cada región.

De acuerdo con el Indec, en 2024 el 15,8% de los ocupados se desempeñaba en el sector público. De ese universo, el 21% trabajaba en la administración nacional, el 66% en las provincias y el 13% en los municipios.

En ese sentido, el gasto en personal también muestra una fuerte disparidad entre jurisdicciones. Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz registraron en 2024 el mayor gasto per cápita, mientras que Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero y Córdoba se ubicaron entre las provincias con menor desembolso por habitante.

La distancia entre los extremos es significativa: las provincias de menor gasto anual destinan menos de un millón de pesos per cápita (a precios de agosto de 2025), mientras que todas las patagónicas triplican o superan ampliamente ese monto.

A partir del gasto total en personal y la cantidad de empleados, Ecosur calculó el costo laboral promedio en cada administración provincial. Si bien aclararon que no equivale estrictamente al salario —porque incluye aportes patronales y otros conceptos asociados a diversas modalidades de contratación— constituye una aproximación del ingreso medio en el empleo público provincial y permite comparar entre jurisdicciones.

Las diferencias son notorias. Neuquén y Santa Cruz encabezan el ranking de costo laboral, con un gasto mensual estimado de $3,1 y $2,8 millones por empleado, respectivamente. Les siguen la Ciudad de Buenos Aires ($2,3 millones), Chubut ($2,2 millones) y Tierra del Fuego ($2,2 millones).

En el otro extremo aparecen La Rioja ($1,1 millones), Jujuy ($1,2 millones), San Luis ($1,3 millones) y Santiago del Estero ($1,4 millones), que exhiben los costos laborales más bajos del país.