Reforma laboral: qué reclaman comercios y pymes para aumentar la competitividad

Mientras se discute en el Consejo de Mayo una reforma laboral, tanto los sectores vinculados al comercio como las pequeñas y medianas empresas (pyme) aportan propuestas con el objetivo de mejorar su competitividad. El debate se centra en la actualización normativas, la reducción de cargas y costos no salariales y modificaciones en el proceso judicial por desvinculaciones.

Predomina el hermetismo en la Casa Rosada respecto al texto que se elabora para su tratamiento legislativo, aunque en las últimas semanas trascendieron algunas de las alternativas que están en análisis. Entre ellas, se encuentran:

• Salarios dinámicos
• Banco de horas
• Convenios por empresa
• Pago de indemnizaciones y multas por juicios laborales en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas, sumada a la flexibilización en el otorgamiento de vacaciones, según el proyecto impulsado por la diputada nacional por La Libertad Avanza Romina Diez.

Las empresas también presentan reclamos propios, basados en sus observaciones diarias sobre la situación actual.

Como diagnóstico, Esteban Mancuso, coordinador de asuntos laborales de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), dijo a Infobae: “Hoy en día no estamos siendo competitivos a nivel regional. Apuntamos a que la reforma favorezca un mercado laboral más digno y, al mismo tiempo, una competencia comercial más justa”.

Mancuso subrayó el peso de los costos laborales no salariales: “Mientras un comerciante no registra a sus empleados, aquel que sí lo hace afronta un costo total de $150 por cada $100 que paga en sueldos”.

En ciertos municipios o localidades se exige doble registración (Mancuso)

También remarcó la importancia de un repunte de la actividad económica: “Si no hay consumo, las empresas no se van a expandir e incluso, no van a necesitar a los empleados que ya tienen”.

Las dificultades y propuestas

En la CAC advierten que existen problemas desde la registración inicial hasta la finalización de la relación laboral. Uno de los inconvenientes es la doble imposición.

Mancuso explicó: “En ciertos municipios o localidades se exige doble registración. Aunque el trabajador esté correctamente dado de alta, no figura en el registro de empleados de la jurisdicción. Por eso, el sector empleador propuso incorporar una leyenda que deje constancia de que ese trámite equivale al alta correspondiente”.

“En muchos casos la burocracia aparece fuera del ámbito nacional, generando duplicaciones innecesarias con un único fin: recaudar con las multas”, agregó.

El especialista dijo además que a veces son los propios sindicatos los que intervienen, ya que en Argentina la facultad de fiscalización la tiene el Estado pero ellos también la pueden realizar. Cada gremio supervisa el cumplimiento de las normas laborales en las empresas y actúa como contralor.

No obstante, Mancuso aseguró que en ocasiones ese rol de control se desvirtúa, y algunos exigen registraciones indebidas, cuando en realidad su potestad es fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente, no imponer nuevas obligaciones.

”La modificación propuesta pareciera ser sustancial pero resolvería una situación que genera múltiples conflictos en las empresas”, indicó.

Cada gremio supervisa el cumplimiento de las normas laborales en las empresas y actúa como contralor (Mancuso)

En relación a los fondos de cese laboral -el esquema de indemnizaciones propio del sector de la construcción y habilitado el año pasado para el resto de las actividades-, Mancuso precisó que no sirve para todos porque encarece el costo no salarial entre 6% y 8%. A su criterio, tiene más sentido para aquellos sectores con rotación de personal constante.

Sobre la iniciativa de salarios dinámicos planteada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, señaló que ya existe y algunos gremios negocian cláusulas de productividad luego de establecer un piso mínimo en la negociación colectiva.

En cuanto a los convenios por empresa, la CAC cree que no benefician a las pymes, ya que su capacidad de negociación es menor respecto a las grandes firmas, lo que podría derivar en obstáculos para conseguir mano de obra calificada.

Respecto a los juicios laborales, Mancuso sugirió unificar los criterios sobre tasas de interés, ya que hoy varían según la jurisdicción y la sala que revisa la sentencia. “Esa disparidad dificulta prever los costos de una contratación laboral o una eventual indemnización“.

Menor costo monetario

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), afirmaron: “Proponemos una reforma que reduzca los costos monetarios vinculados al salario. Incluye una revisión de los aportes patronales y una serie de modificaciones orientadas a bajar la carga judicial para el empleador”.

Como ejemplos, se pide que los juicios laborales dejen de ser gratuitos y que se establezca una etapa previa y expedita, en la que se valide la cobertura del seguro de ART. Además, cuando existan conceptos reclamados en un conflicto laboral que finalmente no se concreten, CAME busca que se fijen costas para la parte litigante.

Cuando existan conceptos reclamados en un conflicto laboral que finalmente no se concreten, CAME busca que se fijen costas para la parte litigante

También se impulsa la definición de tarifas para los honorarios de los peritos y la creación de un cuerpo de peritos oficiales, así como la implementación de una única tasa bancaria para los juicios laborales en todo el país.

Otra medida consiste en que la actualización de los montos se compute desde la fecha de notificación de la demanda, y no desde la exigencia del crédito; y que se interrumpa cuando el expediente no registre movimiento, para evitar que sigan incrementándose en causas paralizadas.

Por otra parte, CAME pide la creación de un centro de control de licencias obligatorias y un ajuste del mínimo no imponible por trabajador para la liquidación del formulario 931 de cargas sociales. “El monto -$7.003,68- quedó congelado desde diciembre de 2019 por la Ley de Emergencia Económica del gobierno de Alberto Fernández. De esta manera, el pago sería menor", explicaron.

Pequeña y mediana industria

En tanto, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, sostuvo: “La reforma laboral es muy importante, pero debemos activar la industria para que la reforma tenga lógica. El proyecto del Régimen de Incentivo a las inversiones para Pymes Industriales (RIPI) debe tratarse en forma paralela como una condición fundamental para la generación de empleo y sustentabilidad de la economía real”.

El industrial destacó la necesidad de “generar condiciones para la competitividad de las Pymes”, pero aclaró que “los constantes aumentos de costos ponen a las fábricas cada vez más lejos de venderle al mundo y de competir”.

“Los nuevos incrementos de la energía solo servirán para para contraer más la producción local”, ejemplificó.

“De mantenerse esta situación, habrá que pensar en medidas para frenar las cataratas de conflictos laborales por despidos, más que en contratar. El Estado debe trabajar junto al Congreso para definir rápidamente cómo recuperamos la economía real a través del trabajo y la producción. El diálogo y el consenso son las bases para la transformación productiva en la Argentina, que hoy sólo beneficia a algunos pocos”, remarcó.