El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), junto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, impulsó la derogación de 973 normas y modernizó el sistema de regulación sobre la producción, industrialización, comercialización, exportación e importación de vinos en la Argentina. La Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, inicia la aplicación de un régimen que elimina cerca del 80% de las antiguas disposiciones vigentes, calificadas como obsoletas tanto por los organismos como por referentes del sector.
La nueva norma suprime requisitos presenciales, verificaciones repetitivas y múltiples trámites burocráticos. De acuerdo con la información del Gobierno nacional, el INV y los ministerios responsables elaboraron este marco luego de detectar que el sector arrastraba más de 1.200 normas, muchas de ellas dispersas y superpuestas, que generaban costos, demoras y pérdida de competitividad para las bodegas. La reforma establece un sistema basado en la libertad, la responsabilidad y la competencia para los productores y demás actores de la cadena vitivinícola.
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Según el texto de la resolución, el Estado deja de controlar cada etapa del proceso productivo para concentrar su actividad en la fiscalización de los productos terminados. El énfasis recae en asegurar la aptitud para el consumo del vino y descartar adulteraciones o incumplimientos en el producto final. “El organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo para concentrarse exclusivamente en el control del producto final, garantizando que los vinos sean aptos para el consumo y no estén adulterados”, indica el comunicado enviado por el Gobierno.
A quiénes afecta la resolución
El impacto directo de la resolución afecta tanto a productores primarios, bodegas, elaboradores artesanales, fábricas de mosto y espumosos, elaboradores de vino casero, plantas fraccionadoras, laboratorios de análisis y todos los operadores con registro en el INV. Ahora, la autoridad de aplicación solo verificará el producto terminado en el tramo final de la cadena, lo que implica el cese de aproximadamente 5.000 fiscalizaciones presenciales anuales en toda la industria.
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Uno de los cambios inmediatos es la eliminación de la Declaración Jurada semanal de elaboración, así como las multas y sanciones por la presentación fuera de término de declaraciones juradas y los permisos de tránsito. Según los datos oficiales, las bodegas generaban más de 140.000 permisos cada año que debían solicitar al instituto para mover sus productos.
El texto normativo aclara que las certificaciones de origen, añada y varietal pasan a ser opcionales y estarán a disposición de los productores interesados por razones comerciales. El INV, no obstante, mantendrá la emisión de las certificaciones requeridas para exportaciones cuando lo exijan los países compradores.
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De acuerdo con los fundamentos presentes en la resolución, el cambio persigue dos objetivos principales: simplificar procesos y alinearse con las mejores prácticas internacionales, promoviendo a la vez una “gestión pública ágil, eficaz y de calidad en la atención del bien común”. A su vez, la eliminación de los controles en etapas intermedias busca cerrar espacios para la discrecionalidad en la aplicación de sanciones y fiscalizaciones, y reducir riesgos de corrupción.
El presidente del organismo, Carlos Tizio, firmó la resolución y especificó que el nuevo régimen entrega a la industria la capacidad de responder con rapidez a los desafíos del contexto internacional. La medida cuenta con el apoyo del titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien celebró en redes sociales la supresión de normas y la redefinición total del rol del instituto regulador. “La Resolución 37/2025 deja atrás décadas de burocracia absurda en el sector vitivinícola. La Resolución deroga 973 normas (sí, 973!) y redefine completamente el rol del organismo”, subrayó Sturzenegger en su posteo.
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Sturzenegger remarcó la escala de la industria: “Argentina produce 900 millones de litros de vino por año, lo que la convierte en el quinto productor mundial. Exportamos USD 800 millones anuales”. En su mensaje, subrayó la necesidad de dotar al sector de más flexibilidad para adaptarse al cambiante consumo global: “Es un imperativo darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno”.
En otro tramo, el funcionario explicó la transformación en los sistemas de control: “El organismo dejará de intervenir en cada una de las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la producción en el viñedo, la cosecha, la elaboración o el transporte) para concentrarse exclusivamente en el control de los productos finales embotellados, garantizando que sean aptos para el consumo y no estén adulterados”. Agregó que “los controles de trazabilidad (certificaciones de origen, añada y varietal) pasarán a ser optativos, a disposición de los productores que los requieran en función de sus necesidades comerciales”.
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El funcionario también describió la carga que representaba el esquema anterior: en 2024, el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones a bodegas, existiendo empresas que recibían inspección cada dos días. El INV también determinaba año tras año el grado alcohólico mínimo permitido para cada tipo de vino según la zona.
En la justificación del cambio, Sturzenegger indicó: “Menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción. Al eliminar las fiscalizaciones intermedias los inspectores sólo tomarán muestras de los productos embotellados y los enviarán a analizar, cerrando la puerta para la discrecionalidad y la corrupción. En otras palabras, ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas (un reclamo de los productores que se repetía sin cesar)”.
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La reforma tiene su raíz en una estrategia de simplificación a nivel administrativo nacional. Las autoridades informaron que la medida acompaña el Plan de Modernización del Estado y la Ley de Bases sancionada en 2024, que impulsaron la revisión de marcos regulatorios sectoriales, con la meta de estabilizar la “previsibilidad normativa” y evitar duplicidades. Según el INV, la tarea principal ahora se centra en la trazabilidad, autenticidad y transparencia en la calidad del producto final bajo un enfoque digital y de declaración jurada.
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