La industria del juicio generó un aluvión de más de $2 billones por demandas laborales en solo un año

El Sistema de Riesgos del Trabajo cumple 29 años de funcionamiento continuo, pero atraviesa una crisis silenciosa que amenaza su sustentabilidad. Según un informe difundido por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la denominada “industria del juicio” impulsó en un año demandas por un valor equivalente a 6.891.653 salarios mínimos, generando un costo superior a $2 billones en el período medido entre junio de 2024 y mayo de 2025.

“El 2025 será récord: se estiman 130 mil nuevas demandas”, advierte el documento, que describe una situación de judicialización sin control. El relevamiento destaca que la Provincia de Buenos Aires concentra el 40% de los juicios, seguida por CABA con el 19% y Santa Fe con el 14%, configurando un escenario en el que cada mes se presentarían más de 10.000 demandas nuevas.

El sistema, que cubre a 10 millones de trabajadores y un millón de empleadores, logró consolidar resultados concretos durante casi tres décadas. Según la UART, se verificó una reducción del 81% en la mortalidad laboral, evitando 19.000 muertes, y una baja del 55% en la siniestralidad, con 4,7 millones de accidentes evitados. También se registró una disminución del 39% en la gravedad de los siniestros. “No son solo estadísticas: son personas, empresas y familias protegidas por un sistema que funciona”, afirma el documento.

Sin embargo, la litigiosidad se presenta como un factor crítico desconectado de las variables económicas y de seguridad laboral. “Esa litigiosidad está desconectada de todas las variables: del empleo, de la actividad, de los indicadores de siniestralidad y de cobertura que tiene el sistema y de lo que sucede en el mundo con sistemas similares”, remarca el informe.

En números concretos, entre junio de 2024 y mayo de 2025 se contabilizaron 126.700 juicios. Al considerar el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) de $313.400 a junio de 2025 y el valor promedio de las sentencias, la UART estima que la litigiosidad anual equivale a 6.891.653 salarios mínimos, dato que describe como el verdadero “costo argentino”.

La entidad denuncia que esta situación no se explica por un aumento en los accidentes ni por un deterioro en el servicio. Por el contrario, sostiene que se dio “en un contexto de mejora continua de las prestaciones y reducción de siniestros”. En ese sentido, apunta a un fenómeno asociado a “pericias médicas judiciales infladas” que superan en 12,5 puntos el Baremo oficial y a tasas de interés judiciales “desproporcionadas”. Según el texto, estas condiciones convierten “cada juicio en una oportunidad financiera sin igual, no en un reclamo legítimo”.

“La situación es absurda. A pesar de la baja en los accidentes y fallecimientos en el ámbito laboral y de que el sistema ofrece coberturas superiores a las de muchos países, con atención médica integral sin costo adicional, actualizaciones automáticas y compensaciones para todas las incapacidades, la litigiosidad sigue escalando sin lógica ni fundamento”, subraya Mara Bettiol, presidenta de la UART.

Bettiol advierte además: “Al stock de 290.000 juicios a diciembre de 2024, se suma el flujo estimado de 130.000 juicios para 2025. No hay sistema ni empresas capaces de sostener esta friolera de judicialidad que erosiona competitividad, productividad y empleo”.

En el desagregado por jurisdicción, los datos muestran que Provincia de Buenos Aires acumuló 50.861 juicios en los últimos 12 meses, CABA 23.050 y Santa Fe 17.203. Mendoza y Córdoba también aparecen con cifras elevadas, superando los 9.500 casos cada una. El total país se ubicó en 126.700 causas notificadas en el período.

El informe también describe las causas estructurales del problema. Señala que la Ley 27.348 de 2017 contemplaba la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) para garantizar criterios periciales objetivos y uniformes. Sin embargo, salvo excepciones parciales como Mendoza, 17 provincias adheridas a la norma —incluyendo CABA— aún no los implementaron.

En cambio, las pericias judiciales se realizan “sin control ni estándares de ningún tipo” y con un esquema de pagos que incentiva asignaciones de incapacidad elevadas. “Los peritos cobran en función del porcentaje de incapacidad asignado, alimentando un circuito perverso de incentivos”, subraya el texto.

El documento aporta datos comparativos para sostener su diagnóstico. Destaca que provincias con peritos dependientes del poder judicial, como Salta y Río Negro, muestran índices de litigiosidad “notablemente inferiores” a los de provincias vecinas con condiciones socioeconómicas similares. Según la UART, esta experiencia prueba que la implementación de los CMF permitiría recuperar equilibrio y previsibilidad en el sistema.

Con el objetivo de sostener el funcionamiento del esquema, la UART renueva su compromiso con “un sistema que cuida, repara y previene” y plantea la necesidad de que el Poder Judicial complete el “último eslabón” pendiente. “Hoy, a las puertas del trigésimo aniversario, el Sistema de Riesgos del Trabajo enfrenta el desafío más complejo desde su creación. Todos los actores —empleadores, trabajadores, aseguradoras y el Estado regulando y fiscalizando— han cumplido su parte. Solo resta que el Poder Judicial complete el último eslabón para que esta política pública exitosa no se vea truncada por intereses ajenos a su propósito”, finaliza el informe.