El bono que perciben los jubilados que cobran la mínima permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024. Sin embargo, si ese refuerzo se hubiera actualizado al ritmo de la inflación —como lo hacen desde abril los haberes previsionales tras la entrada en vigencia del DNU 274/2024—, hoy debería ubicarse en torno a los $154.400. Así lo estimó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en su último informe sobre la evolución del gasto público.
La diferencia representa una pérdida significativa en términos reales para los beneficiarios de la mínima, quienes dependen de ese bono para alcanzar ingresos más cercanos al costo de vida. Desde el CEPA explicaron que, aunque el nuevo esquema de movilidad indexa las jubilaciones al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y busca preservar su poder adquisitivo en el mediano plazo, no contempla mecanismos de mejora real, y deja por fuera del ajuste a los bonos, que en los hechos se han vuelto parte estructural del haber mensual.
Cuánto se gasta en jubilaciones
El estudio también analiza la evolución del gasto total del Sistema Público Nacional (SPN), que en mayo fue de $9,7 billones. A precios constantes, eso implica una caída del 1,9% en comparación con el mismo mes de 2024, marcando el segundo mes consecutivo de retroceso real tras un primer trimestre con subas. En la comparación contra mayo de 2023, la caída real es aún más pronunciada y alcanza el 30%.
Los especialistas que realizaron el estudio explicaron que en muchas partidas los aumentos nominales registrados este año no logran revertir las fuertes caídas del año anterior, por lo que los niveles reales de gasto siguen por debajo de los de 2023. En el caso de las jubilaciones y pensiones contributivas, el gasto fue de $3,89 billones y creció 16% real interanual en mayo, pero aún así fue 2% menor que en el mismo mes del 2023. Si la comparación se hace contra el promedio mensual de 2023, la baja llega al 11%.
Además, el informe aclara que mayo suele ser un mes de bajo gasto estacional en jubilaciones, una tendencia que se repite en los últimos cinco años, lo que también influye en la comparación.
Con todo, el informe advierte que la aplicación del DNU que modifica la fórmula previsional garantiza estabilidad nominal, pero al excluir del ajuste a los bonos —que representan una parte sustancial del ingreso de los jubilados más vulnerables— termina reforzando una política de contención del gasto que recae directamente sobre quienes menos tienen.
Cómo se comportaron los otros gastos y subsidios
Más allá del gasto en jubilaciones y pensiones, el informe del CEPA también analiza el comportamiento del resto de los gastos corrientes primarios, que incluyen asignaciones, pensiones no contributivas, programas sociales y subsidios económicos. En conjunto, estos gastos alcanzaron los $9,5 billones en mayo, con una caída real del 1% respecto al mismo mes del 2024 y del 24% frente al mismo mes de 2023.
Dentro de este grupo, se destaca el fuerte recorte aplicado a los subsidios económicos, que totalizaron $734.077 millones. En términos reales, implican una baja del 54% en comparación con mayo de 2024 y del 68% respecto a mayo de 2023. La reducción más marcada se dio en los subsidios a la energía, que retrocedieron 65% interanual en términos reales. En tanto, los subsidios al transporte crecieron 14% respecto al quinto mes del año pasado.
En tanto, se observaron mejoras reales en prestaciones como las pensiones no contributivas (6% interanual) y las asignaciones familiares (23%), mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) se convirtió en la prestación social con mayor crecimiento real: subió 52% respecto al año pasado y 80% frente a mayo de 2023.
El gasto en otros programas sociales, como políticas de inclusión o planes alimentarios, también fue recortado: cayó 18% interanual en términos reales. Por su parte, las prestaciones del PAMI se mantuvieron estables, con una caída real del 2% en ambas comparaciones.
El informe refleja que si bien algunos componentes puntuales tuvieron ajustes por encima de la inflación, el grueso del gasto social y de los subsidios sigue mostrando un sendero contractivo, con énfasis en la reducción del déficit primario a costa de una menor inversión pública en sectores sensibles.
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